En esta propuesta, recordemos que con el aval de treinta y seis mil firmas, se recoge la necesidad de mejorar la inversión en el terreno educativo para recuperar en parte lo perdido por los recortes en la Educación, y entiende  que urge tramitar esta ley por  la necesidad de articular una necesaria estabilidad, “mejor con una ley que mediante un pacto”, y también para tomar medidas para combatir el fracaso escolar,  y el abandono de los estudios, “que son alarmantes en Canarias”. 

En esta enumeración de problemas cuya solución pasaría por su regulación en la Ley Canarias de Educación, también se estima necesario regular el número de alumnos por aula, tratar las plantillas docentes, “en recortes desde dos mil ocho, lo que ha supuesto unos mil quinientos docentes menos”. 

Silvia Rodríguez Court recuerda que a partir del uno de septiembre, se supone que se iniciará la aplicación de la LOMCE, “y entendemos que hay posibilidad de evitarlo, pero para ello es necesario el compromiso de los padres,  alumnado, profesorado, ayuntamientos e instituciones de ámbito insular y regional, y todo esto no es una utopía”. 

También indica la representante sindical del STEC-IC que uno de los compromisos fundamentales  que debería contemplar la Ley Canaria de Educación sería garantizar la oferta pública de  plazas en todos los niveles educativos en Canarias, “con lo que se podría dar un vuelco a las pretensiones de la LOMCE”, al tiempo que insiste en la necesaria democratización de los centros, “en contra de lo que propone la LOMCE, que consagra el poder del Director y deja sin contenido al Consejo Escolar”.     

“Por todas estas razones -concluye Silvia Rodríguez Court-, llamamos al Parlamento a que comience cuanto antes la tramitación de la Ley Canaria de Educación y que que en su procedimiento se busque consenso mediante el debate y la intervención de los diferentes estamentos, no como ha ocurrido con la LOMCE que ha sido una ley impuesta sin consenso alguno con las demás opciones políticas y colectivos ciudadanos”.