Urdangarín  y  Zerolo:   delitos “administrativos”

La confirmación de que el yerno del Rey ha sido imputado por el juez ordinario predeterminado por la Ley y la naturaleza de los delitos que sustentan esa imputación: prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda, proporcionan buenas razones para  las siguientes reflexiones.

La investigación la está realizando el juez ordinario, sin que el yerno del Rey disponga del privilegio de un aforamiento. El juez ordinario, por su propia actividad cotidiana, tiene una vivencia mucho más igualitarista del Derecho y de su aplicación. Día tras día investiga, decide sobre la situación de los imputados, determina motivadamente si  procede la prisión provisional, autoriza la intervención de comunicaciones… Garantiza en mucha mayor medida que ningún instructor designado por un Tribunal reservado a un determinado estamento (como es el caso de los aforados)  la observancia de principios,  como el de imparcialidad o el de igualdad ante la Ley, que son primordiales en la función jurisdiccional de una sociedad democrática avanzada, como la que propugna la Constitución de 1978.

Los delitos que indiciariamente ha cometido el Sr. Urdangarín, concitando una gran expectación e indignación entre la ciudadanía, guardan una estrecha coincidencia con los que la Fiscalía atribuye a los imputados en el caso Las Teresitas. Sin embargo, he leído a muy notables columnistas de Tenerife  referirse a  la malversación de caudales públicos  (5.000 millones de pesetas) y a la prevaricación, la aprobación ilegal de la compraventa  del Frente de Playa de Playa por el Ayuntamiento, , como “delitos administrativos”.Nunca dejaré de subrayar que la prevaricación y la malversación no iban cada una por su lado. Al contrario: la prevaricación fue el instrumento imprescindible para la malversación de caudales. Aprobar la compraventa ilegal fue la llave para realizar el fraude. Y esa conexión refuerza, si cabe, la gravedad que ambas tiene por separado al convertirlas en piezas de una maquinación delictiva contra los intereses de los ciudadanos de Santa Cruz.  El concepto de delito administrativo no existe. La prevaricación y la malversación son delitos cometidos por autoridades y funcionarios que violan un deber de proteger el interés general y de obediencia a la Ley que les concierne muy especialmente. Y prevaliéndose además del poder y de la posición especial de que disfrutan. Y dejando completamente indefensos a  los intereses generales que son atacados, precisamente, por quienes deben defenderlos. De ahí la gravedad jurídica y  política de esas conductas.Pero no nos engañemos. La intención de devaluar la prevaricación y la malversación de caudales forma parte de la estrategia de impunidad jurídica y social del caso Las Teresitas, alentada por los propios imputados y por los ambientes donde ejercen sus influencias. Es una estrategia que, desde el principio, partió de establecer una equivalencia entre gravedad y soborno. Lo único que sería realmente grave es haber cometido cohecho. Es decir, que el Alcalde y los concejales que aprobaron la compraventa del Frente de Playa hubieran cobrado por ello. Si no hay cohecho…prácticamente no hay delito. Lo demás serían meras irregularidades, todo lo más delitos “administrativos”.Quienes  “diseñaron”  la estrategia conocían mejor que nadie la dificultad de probar completamente el delito de cohecho, el soborno. Hay mil recovecos que en la sociedad actual y en la economía  globalizada  garantizan la opacidad de estas operaciones delictivas o el completo borrado de sus huellas. Por eso inflaban la gravedad del cohecho. Porque magnificando lo difícil  de demostrar, empequeñecían la gravedad de los delitos que están prácticamente demostrados desde el comienzo de la investigación. Que son por los que continúan imputados.La estrategia es intelectualmente burda, pero reconozco que puede resultar efectiva si cuenta con gran dispendio de medios, tanto para difundirla como para censurar cualquier información contraproducente  (como los datos conocidos tras el levantamiento del secreto judicial), y  si se  manipula a fondo el desconocimiento que muchos ciudadanos tienen de estas materias.Por eso estoy convencido que el caso Urdangarín no les viene bien. A no ser que pretendan convencer a le gente que el yerno del Rey está imputado por un mero quítame allá un par de miles de millones ( de las antiguas pesetas) de dinero público, por fraude fiscal y dos o  tres naderías. Pues resulta que no: que el affaire que ha colocado al Rey en una muy delicada situación,  que ha afrontado con una proclamación solemne del principio de la igualdad ante la Ley, reivindicando el Estado de Derecho, y con   una dura condena de la corrupción y de  los comportamientos éticamente reprobables de las autoridades públicas, guarda un considerable parecido con el caso Las Teresitas.Con una “diferiencia”: que Urdangarín sólo ha podido ejercer influencias. Y Zerolo, poder.  

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 http://balcondeadaar.blogspot.com/2011/12/urdangarin-y-zerolo-delitos.html