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lunes, 29 de abril de 2024 10:22h.
ilegales
Cultura

La Laguna. Las obras en la plaza de la Catedral son ilegales, carecen de informes arqueológicos, atentan contra el patrimonio arqueológico lagunero

El prehistoriador José Farrujia de la Rosa, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, y el historiador Alvaro Santana Acuña, docente en la Universidad de Harvard, advierten que las obras en la plaza de la Catedral carecen del obligatorio informe arqueológico, como exigen las convenciones de la Unesco para ciudades Patrimonio de la Humanidad y las leyes de patrimonio nacional y canario. En consecuencia, Farrujia y Santana demandan la paralización de las obras.

Política

Un 83% cree que el PP recibía dinero negro y un 66%, que Rajoy cobró sueldos ilegales

Resultados de una encuesta de SIGMA DOS para EL MUNDO. Sea cual sea la sentencia de los tribunales, el veredicto de la opinión es aplastante. Yo soy de quienes creen que lo que piensa la mayoría no necesariamente tiene que ser la verdad. Pero también estoy convencido de que en muchas ocasiones -ésta es sin duda una de ellas- la contundencia de los hechos hace que la mayoría acierte. 

Política

Paulino prepara otra emisión de deuda pública canaria, "apta para la RIC" 800 millones ilegales


LA PROVINCIA lo trae como una información lateral, pero es un tema de sangrante importancia: Paulino pretende captar 800 millones, que podrán dotar fondos de RIC. Aunque sea una práctica común, eso no deja de contradecir la letra y el espíritu de la Ley de Reserva de Inversiones Canaruas. Los fondos que no se pagan de impuestos deben ser destinados a inversiones creadoras de riqueza y geberadoras de empleo. Y a ver quién demuestra que prestarle dinero a Paulino crea riqueza y empleo.
Comunicados

ANC condena despidos ilegales en Televisión Canaria e insta a la Fiscalía a intervenir por prevaricación

 Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) condena los despidos ilegales que se han producido en la Radio Televisión Canaria. Su director general puede haber incurrido en un posible delito de prevaricación, ya que para poder llevar a cabo esta decisión tenía que tener la aprobación de dos tercios del Consejo de Administración, cosa que jamás obtuvo, y aun así tomó la decisión de quitarles su trabajo. Por ello, esta organización insta a la Fiscalía a actuar de oficio o a tramitar las posibles demandas que interpongan los afectados.