PÚBLICO recuerda lo que parece que mucha gente olvida. El origen de la persecución a un tipo por decir la verdad. La verdad, en USA y en todo el m un do. Lo señala el coherente veterano militante socialista Antonio Aguado

Cristina Calandre Hoenigsfeld en NUEVA TRIBUNA celebra que sigue el proceso de promulgación de la Ley de Memoria Democrática y dice que con ello se podrá perseguir al franquismo. Y yo, Chema Tante, digo que no comparto el optimismo. Esta ley se aprobará y será maravillosa. Pero quienes la apliquen serán los jueces y las juezas franquistas. Por tanto, poco margen para la alegría

Tipos como este par de pillos, con Franco, al fondo, seguirán impunes, gracias al PE, antes SO

Fuera del partido español llamado socialista y obrero, no hay nadie que todavía crea en las buenas intenciones democráticas de quienes mangonean esa organización. Pero, dentro de ella, parece que queda gente ingenua que todavái no asume que su partido está sumido en la más triste abyección moral. Quien, en la grey psociata, se entere de esto que informan DIARIO CRÍTICO o Alejandro Torrús en PÚBLICO y no grite y se subleve, será cómplice de la miserable actuación de esta insalla que se ha encaramado al PE, antes SO.

Dos magistrados no podrán intervenir profesionalmente en el inmediato juicio del llamado “Caso Gürtel”,

Martín Villa y Utrera Molina, franquistas en el fondo y en la forma

Es lógico que la gente heredera de la dictadura franquista que se perpetúa en el poder mediante la distorsión de este sistema llamado democrático, proteja a sus mayores. Pero la mayoría de las poblaciones que nos debatimos en este estado de derecha tenemos que oponernos como sea atanto desmán. Vean la información que firma en PÚBLICO Alejandro Torrús.

INICIATIVA DEBATE y EL COMUNISTA reproducen estas declaraciones de Varoufakis que publicara Luis Martín en EL DIARIO y recomienda Antonio Aguado. Varoufakis se defiende de los ataques de la chusma que rompió la democracia en Grecia y que, con sus mentiras y saqueos metió al pueblo griego en este trance letal.

Al parecer, fue una iniciativa de Intersindical Canaria, que denunció ante el consulado argentino los asesinatos de Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada, lo que ha puesto sobre la pista a la jueza María Romilda Servini.