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En la Administración pública el dinero que se recauda, a través de los impuestos, entre otros, viene a ser como el agua que recorre la red de abastecimiento. En cualquier instalación una de las mayores pérdidas son las producidas por fugas, roturas y averías. En la Administración nuestro sistema se desmorona y se corrompe por malversación, prevaricación o cohecho.
Armando Fernández Steinko reproduce en la página de CLI-AS un capítulo de su libro Dinero ilícito y blanqueo de capitales en España. Madrid, Dykinson 2015 (en vías de publicación)
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El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Santiago Pérez, ha solicitado copia del expediente del acto organizado con motivo del Día de la Mujer en La Laguna, que se acabó convirtiendo en un acto electoral de Coalición Canaria (CC), para decidir si emprende acciones legales por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.
Rubens Ascanio, portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, asegura que tras conocerse la imputación de Fernando Clavijo, alcalde del municipio, Blanca Pérez, edil de CC, y María José Castañeda, concejal del PSOE, se deberían de producir dimisiones inmediatas, hasta que este caso quede resuelto.
IUC considera lamentable que el Presidente Insular del PP, Manuel Domínguez, haya salido a la palestra para defender y respaldar al Concejal del PP en el Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez, imputado por gastar más de 9.600 euros de dinero público en el teléfono móvil. Los populares hablan de respaldar al edil hasta que haya una sentencia judicial, considerando insuficientes los argumentos contundentes expresados en el último auto judicial que llevará a Rodríguez a ser juzgado por un jurado popular.
“La literalidad de la normativa es tan contundente que sólo cabe pensar que quienes maniobran en su favor lo hacen por su propio interés”
La formación política Izquierda Unida Canaria (IUC) y el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) han presentado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por las irregularidades en la tramitación y elaboración de los contratos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) detectados en un informe de la Audiencia de Cuentas que analizó, a instancias del Parlamento, los contratos del ente público entre los años 2007 y 2011.