En una acción inaudita de sumisión a los poderes económicos internacionales (en este caso, China y USA), el partido que usurpa la digna denominación de popular se ha atrevido a ignorar la división de poderes, los principios esenciales del derecho, los tratados internacionales suscritos por el estado español y la más elemental decencia, eliminando el principio de jurisdicción universal. Ello implica el cierre de causas judiciales abiertas y la deserción de la justicia española de su deber de perseguir los delitos de lesa humanidad internacional. El juez Pedraz, con su decisión de seguir con su actuación en el caso Couso (el asesinato de un corresponsal de guerra en Irak, a manos de militares USA), una decisión felizmente aplaudida por las asociaciones de jueces, está creando un precedente de como la justicia puede y debe poner coto a la acción atolondrada de un gobierno que ha perdido toda guía del sentido común.