La decisión del ejecutivo de Mariano Rajoy aprobada hoy en su Consejo de Ministros en el sentido de solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la Consulta del 23 de Noviembre en Canarias, constituye una prueba más del espíritu antidemocrático, el despotismo y el maltrato que el Gobierno del PP practican contra Canarias, al intentar ponernos un bozal y prohibirnos siquiera el derecho mínimo a opinar sobre el futuro de nuestra propia tierra.