Alberto Rodríguez aboga por que “Canarias sea puntera en la implantación de energías renovables en el Estado y en el mundo”

• El diputado de la formación morada por Santa Cruz de Tenerife afirma que el Archipiélago “no necesita la introducción del gas fósil en su territorio”.

• Considera que “tenemos un sistema eléctrico ineficiente, caro, con un gran impacto en las familias y las empresas y ecológicamente insostenible”.

Alberto Rodríguez, diputado de Podemos Canarias por Santa Cruz de Tenerife, defiende que “Canarias sea puntera en la implantación de renovables en el Estado y en el mundo”, por lo que el Archipiélago “no necesita la introducción del gas fósil en su territorio”.

“Ni lo necesita, ni es sostenible, ni es la mejor apuesta para el futuro de nuestro territorio en cuanto a sostenibilidad y economía se refiere”, afirma.

Rodríguez, que este miércoles participará en una mesa redonda dentro del ‘Congreso Eólica Canarias: Progresión y Desarrollo’ organizado por la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) y el portal EnergyHub, insistirá en su disertación en el hecho de que “tenemos a día de hoy un sistema eléctrico ineficiente, caro, con un gran impacto en las familias y las empresas y ecológicamente insostenible”.

El diputado por la circunscripción tinerfeña recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió hace unos meses un informe sobre los costes asociados y la idoneidad de acometer una infraestructura de regasificación en Granadilla de Abona, en Tenerife y que el propio regulador solicitaba que se defina con más detalle varios aspectos que son claves para su viabilidad, tales como el mercado al que abastecerá o la previsión de demanda de gas que maneja, “haciendo hincapié en que ya que existen otras fuentes energía que se están desarrollando en la Islas”.

“El regulador quiere una estimación de los ingresos que se generarán a través de los peajes por el uso de la planta, ya que es posible que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector energético en general, insiste.

Es decir, que “es muy grave” que el regulador afirme que “no existe ni planificación ni actualización”, lo que puede dar lugar a “indemnizaciones abusivas” que tendrán que pagar “los consumidores canarios por culpa de los cambalaches políticos”, como ha sucedido con la empresa concesionaria del fallido almacenamiento de gas Castor, una filial de ACS.

Al respecto, recuerda que la ciudadanía paga una cuota mensual con cada factura del gas para paliar las pérdidas de 5.000 millones de euros que el grupo ACS tuvo con Castor, un dinero que “podría servir para financiar, por ejemplo, tres millones de becas o asegurar el funcionamiento de casi 29.0000 camas hospitalarias”.

“Florentino Pérez ha recibido 1.350 millones de euros pese al rechazo del Tribunal Constitucional, que seguimos pagando entre todos. En Podemos Canarias no queremos que, en un futuro, las canarias y canarios abonen las pérdidas de la empresa regasificadora de Granadilla”, remacha.

Un derecho

Y es que recuerda que “la energía no es un bien de consumo más, el acceso a la misma es un derecho, un servicio imprescindible para satisfacer necesidades básicas”.

El diputado por la provincia tinerfeña recuerda que en las Islas “hay mucha gente atrapada en bajos salarios, altos precios y viviendas energéticamente ineficientes, que generan pobreza energética”.

Por ello, una planificación que introdujera progresivamente más renovables conseguiría que el precio de la energía descendiera, y aboga por una buena Estrategia Energética que incluya el respeto por  el medio ambiente y vele por los intereses de la ciudadanía, que apueste por una transición energética efectiva con “transparencia y honestidad”.

“La falta de planificación y estrategia, real y efectiva, tiene consecuencias negativas, y creemos que  para el futuro de Canarias, tanto en el medio como en el largo plazo, se está actualmente dificultando la implantación de  un modelo basado en fuentes de energía renovables, que limita la democratización del sector y soberanía energética”, concluye.