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00:59h. Martes, 22 de octubre de 2019

Las asociaciones ecologistas de La Palma llevan ante el Tribunal Supremo las irregularidades del Plan Turistico de La Palma (PTE)

 

 

 

Nota de prensa conjunta de la Asociación Asamblea Ecologista de La Palma y de la Asociación La Centinela – Ecologistas en Acción.

Nota de prensa conjunta de la Asociación Asamblea Ecologista de La Palma y de la Asociación La Centinela – Ecologistas en Acción.

 Las asociaciones ecologistas de La Palma llevan ante el Tribunal Supremo las irregularidades del Plan Turistico de La Palma (PTE)

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por Ben-Magec – Ecologistas en Acción contra el Cabildo Insular de La Palma y el Gobierno de Canarias por las irregularidades en la tramitación y aprobación del PTE turístico de la Palma. El punto de partida de este recurso es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que hace más de un año declaró nulo el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística en lo referido a los campos de golf aprobados en Barlovento, Breña Alta (La Pavona) y Los Llanos de Aridane (Tamanca)

Ya entonces advertíamos que la sentencia del TSJC, en aquellas partes en que se desestimaban nuestros fundamentos jurídicos, dejaba bastantes puertas abiertas y preguntas sin responder que  nos animaban a continuar con la vía judicial en contra de este plan. Ahora, una vez admitido el recurso, será el Tribunal Supremo en Madrid quien habrá de juzgar las irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación del PTE en lo relativo a la legislación estatal y europea, y remitir de nuevo al TSJC lo relativo a la legislación canaria, sobre lo que su momento omitió pronunciarse.

Muchos aspectos del PTE no fueron sometidos al trámite de exposición pública y, de las partes que sí fueron sometidas a ese trámite, las alegaciones de la ciudadanía fueron inexplicablemente ignoradas. Por ello el recurso pone de relieve que la aprobación del  PTE incurrió en infracción de la  Constitución Española por arbitrariedad  y por vulneración del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en los procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afectan.

También mantenemos que hubo infracción del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable a las Aprobaciones Definitivas Parciales y, sobre todo,  incumplimiento de la Ley 9/2006 y de la Directiva 2001/42 / CE del Parlamento Europeo sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Hay que recordar que ninguna de las tres aprobaciones definitivas parciales del PTE fueron sometidas a la Evaluación Ambiental Estratégica obligada por dicha Ley. Incurre, además, en infracción del Real Decreto 2591/1998, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, dado que varias de las actuaciones ordenadas por el PTE incumplen algunas de las servidumbres aeroportuarias desoyendo los informes contrarios del Ministerio de Fomento.

En cuanto a la legislación canaria, el recurso ante el Tribunal Supremo hace una relación de  la infracciones de varios artículos del  Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales, de las Directrices de Ordenación Turística y de la Ley 6/2002 de ordenación turística de las islas menores, que fueron alegadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que éste no resolvió. La mayor parte de estas irregularidades se refieren a la ordenación de los sistemas deportivos y de ocio (campos de golf) por prever un número de plazas alojativas muy superior a las legalmente previstas y por situarse en categorías de suelo rústico distintas a las reservadas para este tipo de instalaciones. Pero también existen irregularidades en la aprobación de las actuaciones convencionales y los núcleos mixtos, sobre los que igualmente el TSJC omitió pronunciamiento.

Mientras el PTE continúa su particular calvario de tribunal en tribunal, resulta penoso que los municipios de la Palma sigan adaptando su planeamiento general a este plan y que el Cabildo pretenda mediante  modificaciones puntuales alargar su vigencia, que es tanto como alargar la agonía y la inseguridad jurídica causante de la parálisis en el sector turístico. El PTE es la manzana podrida que ha contaminado todo el planeamiento insular y municipal, con unos claros responsables políticos y técnicos en el Cabildo insular y en el Gobierno de Canarias. No es entendible que 10 años después de su formulación y a la vista del fracaso del PTE como instrumento de planificación, no haya otra reacción que intentar perpetuar lo que se hizo mal desde el principio, o incluso añadir parches que lo empeoran.