Este 22 de diciembre, se registró formalmente la Carta Pública al Gobierno de España sobre el Ingreso Mínimo Vital suscrita inicialmente por más de cuarenta organizaciones sociales y cívicas, y más de un centenar de personas representativas de un amplio espacio social y cívico, síndicas de greuges de diversas localidades de Cataluña, representantes y activistas de movimientos sociales, abogados y juristas, médicos, comunicación,  exdiputados y diputados del Parlament de Catalunya y del Congreso, personas sin empleo y sin hogar, etc.. En dicha carta se proponen una serie de primeras medidas para mejorar el redactado de la ley del IMV y asegurar el acceso de este derecho a las personas y familias vulnerables, ante la constatación de la enorme lentitud en su tramitación, mayoría de denegaciones de las solicitudes, y de aquellas prestaciones reconocidas cuyas cuantías económicas han sido recortadas injustamente.

En la Carta se expresa la voluntad de las entidades firmantes de abrir urgentemente un diálogo con el gobierno de España para abordar la implementación de la ley del IMV, garantizar los derechos de las familias y personas vulnerables, y no defraudar su esperanza a una vida digna.

Las entidades y personas que deseen suscribir dicha carta pueden hacerlo a través del email [email protected]  indicando nombre de la entidad, colectivo social. En caso de suscribirse la carta a título personal hay que poner el nombre, apellidos y la profesión o actividad social.

23 diciembre de 2020

 

CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA

SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL 

La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que  establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas  y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables. 

Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser  solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El  presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales. 

En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba  el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas.  Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social  a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza,  mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo. 

Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y  gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las  personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del  IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y  análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o  con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin  necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596 solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15  de junio 2020. 

Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia  ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de  la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos  como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV: 

1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las  solicitudes de IMV. 

2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas,  central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones  similares que existen en las comunidades autónomas. 

3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo  el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud”  a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de  Ciudadanía de Catalunya. 

4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22  septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de  resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses.

5.- Modificar el párrafo final del apartado 3 del artículo 25, que establece la norma del silencio negativo  “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada” y  sustituirla por la norma de silencio positivo que protege mejor los derechos de la persona solicitante, con el  siguiente redactado: Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona  interesada debe entenderse estimada la solicitud. 

Como puede comprenderse exigir un año de carencia de ingresos antes de la solicitud del IMV y luego  esperar seis meses a la resolución bajo la norma de silencio negativo a las personas en situación de  vulnerabilidad es prolongar injustamente el sufrimiento a dichas personas, empujarlas a la exclusión social, a  que abandonen la esperanza de solicitar el IMV. 

6.- Modificar el artículo 32 “Financiación” y sustituirla por el siguiente redactado: “La prestación económica  del Ingreso Mínimo Vital se financia a cargo del presupuesto General del Estado. Para asegurar la cobertura  suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación  vigente”. 

De este modo se asegura la financiación del Ingreso Mínimo Vital sin depender de los fondos de la  seguridad social. 

Finalmente, tras comprobar casos de solicitudes de IMV resueltas favorablemente, a las que se ha  descontado de la cuantía de la prestación de IMV en 2020 las prestaciones de desempleo percibidas durante  varios meses en 2019, lo cual ha motivado la presentación de la correspondiente demanda al juzgado de lo  social, solicitamos la apertura de una investigación y la rectificación de dicha gestión devolviendo la parte  detraída de la prestación del IMV a las personas que hayan sufrido dicha reducción.  

Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y expresamos nuestra disposición a dialogar con  el gobierno de España para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital en base a la experiencia acumulada con la  implementación de otras prestaciones similares. 

22 de diciembre de 2020 

Entidades y personas que suscriben la carta y peticiones 

Primeras entidades firmantes: 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, Coordinadora Estatal en Defensa del  Sistema Público de Pensiones-COESPE, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, Afectats BB Serveis,  Agrupació TAXI Company, Aigua es Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Asociación para la Defensa de  la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación por la remunicipalización de los Servicios Públicos, Amigos del  deporte el ocio y la cultura del Prat de Llobregat, ASSEMBLEA GROGA, ATTAC España, ATTAC Acordem, CICLO,  COBAS, Colectivo Ronda, Colectivo sin vivienda de Terrassa, Confederació Associacions Veïnals de Catalunya  (CONFAVC), Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Coordinadora de Asambleas de  trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, CUT de Aragón, Dones abolicionistes,  Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona-FAVB, FSOC Canarias, Intersindical Alternativa de  Cataluña, Intersindical Valenciana, LINEAS ROJAS, Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca Rioja, Marea la  Colomense, Marea de Mareas, Marea Pensionista de Cataluña, Marxa Dignitat Catalunya, Moviment de les  Pensions Dignes de Terrassa (MPD), Movimiento de Resistencia Vecinal, NO+PRECARIETAT, Pastoral Obrera  de Cataluña, Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC, Plataformas de Afectados por las Hipotecas  catalanas-PAHs, Plataforma SAD Cataluña, PRESSENZA-Agencia noticias Internacional, RidersxDerechos,  Sindicato Las Kellys Cataluña. 

Si desea suscribir esta carta al gobierno de España puedes enviar el nombre de la entidad, colectivo social o  bien a título personal indicando su nombre, apellidos y profesión o actividad social al email: [email protected]

Primeras personas firmantes: 

Eva Abellán Costa. Síndica Municipal de Greuges de Sabadell. 

María José Alarcón. Activista de Afectats BB Serveis. 

Vidal Aragonés Chicharro. Diputado en el Parlament de Catalunya. 

Vania Arana Ganoza. Activista por los derechos humanos. 

Miguel Arenas Gómez. Abogado laboralista, profesor asociado Universidad Autónoma Barcelona. Christine Arnaud. Activista social. 

Jordi Ballart Pastor. Alcalde de Terrassa. 

Antonio Barbará Molina. Médico y activista de Marea Blanca. 

Assumpta Barbens. Secretaria General de IAC-CATAC. 

Josep Bel Gallart. Activista de Procés Constituent y de cobas. 

Gregorio Belmonte. Presidente de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica (GOAC), diocesana de Barcelona i  Sant Feliu. 

Luis Blanco Maldonado. Movimientos sociales IAC. 

Cecilia Belza Palomar. Traductora en paro. 

Albert Botrán i Pahissa. Diputado en el Congreso. 

Santi Boza. Presidente de Acción Católica Obrera de España. 

Carmen Burgos Gómez. Portavoz de Marea la Colomense. 

Rafi Cáceres. Directora de la Pastoral Obrera diocesana de Barcelona. 

Francisco Cañadas Guzmán. Activista de Alianza de Mareas y Movimientos Sociales y Movimiento Resistencia  Vecinal. 

Rosa Cañadell Pascual. Activista defensa de la educación pública. Assemblea Groga. María José Carcelén Romero. Presidenta Coordinadora Residencias 5+1. 

Antonio Castan Sanclemente. Activista de Marea Pensionistes. 

Francisca Castillo González. Activista Coordinadora Residencias 5+1. 

Washigton Castro Méndez. Activista Marea Pensionista. 

Daniel Cedrun Martin. Activista sin hogar. 

Pedro Cervera. Educador social. 

Jorge Cortegana López. Delegado CGT de SEAT. 

Francisco Crespín Gómez. Activista Marea Pensionista de Sant Adriá del Besós. 

Sylviane Dahan. Feminista y activista vecinal. 

Lucía Delgado Ramisa. Portavoz Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH de Barcelona.

Javier Dibitonto. Miembro de la comisión de políticas públicas en el Frente Amplio. Enrique Elejalde Martínez de Pancorbo. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía. José Miguel Esteban Lupiañez. Activista del movimiento de la discapacidad. 

Josefina Esteve Llussa. Activista Marea Pensionista. 

Èrika Fabregat. Secretaria de la Pastoral Obrera diocesana de Barcelona. 

Raúl Fernández Cháves Calabuig. Desempleado. 

Esperanza Fernández Martínez. Colabora en la redacción de agencia de noticias Pressenzacat y activista de  Marea Blanca. 

Rosa Maria Fernández Sansa. Fundadora y primera presidenta del Casal de la Dona de Terrassa. Josep Lluis Franco Rabell. Exdiputado del Parlament de Cataluña.  

Ramón Franquesa Artès. Portavoz de COESPE. 

Enrique Fuentes Álvarez. Concejal del Ayuntamiento de Cardedeu. 

Antonio Fuertes Esteban. Miembro de ATTAC Acordem. 

Dolores García Cures. Desempleada. 

Enrique García. Activista social. 

Gloria García de la Casa. Activista Coordinadora Residencias 5+1. 

Ciriaco García Gil. Portavoz de COESPE. 

Pedro García Ramirez. Expresidente de la Agrupació Taxi Companys. 

Sixte Garganté Petit. Jurista, representante de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada Ciudadanía. Anibal Garzón. Analista política internacional en diversos medios de comunicación. Francisco Garzón Baena. Expresidente del c.d. Can Parellada. 

Manolo Gómez Muñoz. Sindicalista de la DAMM, activista sanidad. 

Charo Gómez Perez. Activista de la Aliança contra la Pobreza Energética. 

José Antonio González Espada. Abogado laboralista del Colectivo Ronda. 

Maria Jose Gonzalez Osuna. Vicepresidenta Asociación Vecinos Can Parellada. Activista vecinal. José A. Gracia Martínez. Portavoz Marea Blanca andaluza. 

Asunción Hernández García. Expresa política de la dictadura Franquista, delegada sindical de CCOO. Sebas Huguet Sánchez. Sindicalista de OEPB y activista de CICLO. 

Núria Ibáñez. Presidenta de la Joventut Obrera Cristiana (JOC), de Catalunya i Les Illes. Miquel María Ibarz Vidal-Barraquer. Miembro de la Comisión Promotora Renta Garantizada. Pedro Jiménez Muñoz. Sindicalista SEAT y activista Marea Pensionista. 

Salvador López Arnal. Colaborador revista Viejo Topo.

Luis López Guerra. Presidente de la Agrupació Taxi Companys. 

María Eugenia López López. Psicóloga educadora social y mediadora familiar, activista social y feminista. Encarna López Gil. Miembro de la secretaría de la Dona de la Intersindical Alternativa de Cataluña. Eduardo Luque Guerrero. Periodista y analista político. 

Joan Llambrich Olivé. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía. María José Maqueda Ortega. Concejala En Comú Podem Canovelles. 

Xavier Marín. Activista de Líneas Rojas. 

Isabel Marquès i Amat. Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. 

Pere Jodar Martínez. Profesor ciencias políticas y sociales Universidad Pompeu Fabra Barcelona Roberto Martínez. Activista de Afectats BB Serveis. 

Juan Vicente Martínez Navarro. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Evangelina Martínez Martínez. Funcionaria autonómica jubilada y colaboradora en AVUSAN (Comisión de  Sanidad de AVACU -Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios). 

Ana Menéndez Martínez de Bartolomé. Presidenta FAVB. 

Joan Mestres. Portavoz Coordinadora asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña. Patrizia Manzo Apice. Activista Asamblea trabajadores/as en paro de Barcelona. Maite Melich Artaso. Activista de Marea de Mareas, de Marea Pensionista y del Espacio Calabria 66.  Neus Molina Moreno. Sindicalista de CCOO y abogada jubilada. 

Manolo Monereo Pérez. Politólogo, exdiputado del Congreso. 

Pedro Montes Fernández. Economista, representante asociación Socialismo 21. 

Agustín Moreno García. Profesor de Instituto. 

Pablo Moschini. Activista de Activat+45. 

Hermógenes Rafael Muñoz Perpiñá. Activista Social. 

Jesús Alfonso Muñoz Redondo. Sindicalista. 

Carmen Murias Bustelo. Activista de la Marxa Mundial de les Dones. 

Arcadi Oliveres Boadella. Economista, expresidente de Justicia i Pau de Barcelona Araceli Ortiz Arteaga. Sindicalista. 

Manuel Ortiz Torres. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía. Cecilio Oyonarte. Activista social. 

Ramiro Pàmpols. Representante dels capellans obrers de Barcelona. 

Antonio Pérez García. Miembro Coordinadora de CO.BAS Cataluña y responsable acción sindical. Joaquín Pérez Gómez. Activista de Aigua es Vida.

Pere Pérez. Director de la Pastoral Obrera diocesana de Terrassa. 

Mirian Planas Martin. Activista de Aigua es Vida. 

Antonio Pons Lasala. Presidente Asociación vecinal Sant Joan Baptista de Sant Adria del Besós. Silvia Ramos de la Rosa. Presidenta Asociación AFAV, Asociación Familias Afectadas Patología Dual. Diego Rejón Bayo. Sindicalista CGT SEAT. 

Concepción Ribera de la Barrera. Portavoz de COESPE. 

Juan Rivera Reyes. Profesor de Geografía e Historia en Córdoba y miembro de Colectivo Prometeo. Pepe Rodado. Director de la Pastoral Obrera de Cataluña. 

Luis Ros Cortés. Activista Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC. 

José Ruiz López. Activista Marea Pensionista. 

Josefina Salazar Farré. Activista de la Plataforma SAD Cataluña. 

Fernando «Topo» Saz. Presidente de Ecologistes en Acció de Catalunya 

Quim Segarra. Psicólogo i Educador Social, colaborador Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  refugiados. Especialista en Adolescentes en Exclusión Social. 

Enrique Seijas Saavedra. Miembro de ATTAC. 

Pedro Serra Guerrero. Miembro De la comisión de organización de la Marea Pensionista de Cataluña. Nuria Soto Aliaga. Representante de RidersxDerechos. 

Elva Tenorio. Activista de Dones Abolicionistes. 

Diosdado Toledano González. Representante Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía. Xan da Torre Varela. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía. Albert Torrents Miguez. Trabajador social. 

Francisco J. Treviño Carrillo. Técnico en informática de sistemas y activista social. Jordi Trujillo i Agullo. Activista de la Asamblea de trabajadores/as en paro de Terrassa. Dolors Vallejo Calderón. Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat. Joan Valls. Director de la Pastoral Obrera diocesana de Lleida. 

Ramiro Vega. Representante de la Pastoral Obrera diocesana de Sant Feliu. 

Mireia Vehí i Cantenys. Diputado en el Congreso. 

Antonio Vergara de Campos. Médico. 

Enric Violan Galan. Productor ejecutivo MAREA TV.

Juan Martín Chema Tante, editor de La casa de mi tía