CEAR condena la devolución de ciudadanos malienses a Mauritania 

• Las personas expulsadas por España fueron retornados a un país en conflicto “de norte a sur” según las directrices de protección de ACNUR

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero- La aplicación de un convenio firmado entre España y Mauritania en 2003 está sirviendo de amparo al Ministerio del Interior para proceder a la devolución, en más de una ocasión, de personas de Malí al país mauritano. Para poder aplicar este convenio y ejecutar la expulsión la administración española debe acreditar que las personas afectadas durante su tránsito migratorio pasaron en algún momento por Mauritania. Esta información se suele obtener en las declaraciones de las personas al llegar a España o en las entrevistas que realizan desde Frontex.  

Es conocida la situación de inseguridad y conflicto que vive Malí, de tal manera que se ha ido degradando la convivencia y extendiéndose desde el norte hasta el sur, haciendo que miles de personas se desplacen de sus lugares de origen. En agosto de 2019, sin modificación por el momento, ACNUR emitía nuevas directrices de protección que afectaban a buena parte del país. “La continua inseguridad ha debilitado la autoridad de las instituciones estatales en algunas partes del país, particularmente en las regiones norte y central. Civiles, políticos, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad están siendo objeto de ataques y asesinatos”, rezaba el comunicado. 

Si bien es cierto que España no está procediendo a expulsar a ciudadanos malienses a su país, el hecho de que Mauritania sí lo esté haciendo con los repatriados desde territorio español compromete la seguridad de estas personas, al ser devueltos a un país en conflicto. Según una nota de la Agencia Mauritana de Información fechada el día 21 de enero, las autoridades españolas fueron conscientes de la expulsión de estas personas a Malí desde Nouadibou. Según la nota, personas del Mecanismo de Protección Contra la Tortura de Mauritania y España supervisaron dicha deportación. En las dos últimas semanas ha habido dos vuelos con escala en Canarias que han acabado con más de un centenar de personas, la mayoría malienses, deportados.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado entendemos que las personas, en ningún caso, deben ser expulsadas o devueltas a situaciones donde su vida o su libertad estén bajo amenaza. Y, aunque hayan tenido la oportunidad de solicitar protección internacional y no lo hayan hecho, no se puede poner sus vidas en riesgo con una deportación a un país tercero a sabiendas de que su destino final será un país en conflicto.