Comunicado de la Coordinadora Canaria de Plataformas de Afectados por la Hipoteca  (PAH'S CANARIAS)

EL PARTIDO POPULAR fuerza al Tribunal Constitucional a suspender la  Ley Canaria de Vivienda.  Ante dicha acometida nos manifestamos las  Pah´s Canarias, uniéndonos nuevamente para presionar al Gobierno de Canarias  a que presente las Alegaciones oportunas ante el Tribunal Constitucional por la no suspensión de esta ley.

La Coordinadora de plataformas insulares vuelve a llevar a las calles su protesta para exigir el cumplimiento de la Ley Canaria de Vivienda, tan   necesaria para aliviar a las numerosas familias que en estos momentos tienen problemas para acceder a una vivienda en el archipiélago y se   encuentran al borde de la exclusión social.

No se puede permitir a las entidades bancarias tener bienes de primera necesidad inutilizados mientras hay más de 32 mil ciudadanos, vecinos, solicitando una vivienda pública. La aplicación de esta ley ayudaría a paliar el problema de vivienda en una región con las tasas de paro y pobreza más altas de la UE. Se calcula que hay 130.000 viviendas vacías en Canarias, y por otro lado, solo en 2014 se contabilizaron 4.298 desahucios (2.042 por ejecución hipotecaria y 2.086 por impago de alquileres), a un ritmo de un desahucio casi cada dos horas. 

Queremos    visibilizar pacíficamente una vez  más que la vivienda es un derecho    fundamental recogido en la  Constitución, y como tal, debe ser    garantizado. Ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender    la Ley de Vivienda Canaria, tras el recurso presentado por el   Gobierno  Central, exigimos una respuesta contundente por parte de las   corporaciones autonómicas.

El    Constitucional se ha basado en que la normativa de vivienda canaria   regula determinados aspectos del derecho a la propiedad de las   viviendas, al igual que pasó anteriormente en Andalucía y Navarra. En  concreto, la Ley Canaria se refiere a la expropiación de viviendas de   bancos e inmobiliarias durante un periodo de tres años, para evitar que   las familias sin recursos y afectadas por desahucios se queden sin  hogar. 

La    sangrante situación de emergencia habitacional que se vive en el   archipiélago contrasta con la estimación de vivienda vacía y los altos   índices de exclusión que sufre la población canaria. Además,  recientemente hemos conocido un informe del BCE que da por perdidos   44.000 millones del rescate bancario en España, el equivalente a un  4,2%  del Producto Interior Bruto (PIB), a costa de las arcas públicas.

Su rescate, nuestras vidas

Desde   la Coordinadora de Pah´s Canarias consideramos que falta voluntad    política para disponer de un parque de vivienda pública que ayude a   paliar la difícil situación de las familias en el archipiélago. Exigimos  que, tal y como dispone la Constitución, el Gobierno de  Canarias regule  la situación de estas viviendas de acuerdo con el  interés general para  impedir la especulación. 

Si tenemos en cuenta que el rescate bancario ha sido pagado por todos  los   contribuyentes, se debería cuestionar, sino el derecho a la  propiedad  de dichos inmuebles, al menos el derecho a su uso, tal y como dispone la  Ley de Vivienda. Nos parece inadmisible que los causantes  de la crisis  que la ciudadanía está sufriendo, mantengan viviendas  deshabitadas  aumentando además la morosidad de las mismas, ya que no  suelen pagar en  su mayoría los gastos derivados de las Comunidades de  Vecinos, los  suministros, ni los impuestos municipales.

Ante   la pasividad de las instituciones, que destinó fondos para la   elaboración y el desarrollo de la ley y el más que limitado presupuesto  a  las ayudas sociales, las Pah´s Canarias han desarrollado la Obra  Social para ofrecer una alternativa de vivienda digna a muchas  familias  afectadas por la crisis económica. 

Sin   embargo, el hecho de que la movilización ciudadana haya sido clave a  la  hora de conseguir una solución real para las familias, no exime a  las  administraciones de su responsabilidad social.  Recordemos que bajo  la  excusa de no tener los protocolos activados, el Gobierno de  Canarias no  ha hecho nada por cumplir la Ley de Vivienda aprobada en  junio de  2014. 

Varias   Plataformas de Afectados por la Hipoteca en Canarias hemos decidido   hacer un  llamamiento conjunto a la sociedad civil para que se sume a  la  campaña de presión, con el fin de que se empiece a crear un registro  de  vivienda deshabitada que en la actualidad no existe. Pese a esta circunstancia, contamos con el apoyo de los ayuntamientos de Agüimes, Santa Lucia e Ingenio; ayuntamientos que han aprobado  mociones contra la banca

La    acción protesta tendrá lugar  frente a las oficinas de Delegación del    Gobierno en  Lanzarote y Fuerteventura, y en las oficinas de  Vivienda   del Gobierno de Canarias  en Tenerife y Las Palmas, el próximo martes 28  a  las 11  horas. Juntas seremos imPAHrables.

Martes 28 de abril a las 12:00 (12:00 hora peninsular, 11:00 en Canarias)

•             FUENTE: @LA_PAH @PAHFuerteventur @PahTenerife @StopDSurestegc  @PAHLanzarote

•             OBJETIVO:     Denunciar la supresión de la Ley de Vivienda Canaria por el recurso   del  Gobierno en el Tribunal Constitucional, así como presionar al   Gobierno  de Canarias que tiene 15 días para presentar alegaciones. Se   pretende  con esta acción un llamamiento al Congreso de los Diputados y   al Senado,  así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, para que se   personen y  se opongan al recurso. Esta ley lleva aprobada desde junio   de 2014 y se  han excusado en la puesta en marcha de los protocolos  para  no llevarla a  cabo, por lo que es fundamental la presión  ciudadana.  Varias activistas  de la PAH hemos sido multadas por  defender el derecho  a la vivienda, en  acciones pacíficas de protesta  civil, mientras  seguía sin aplicarse  esta ley que ayuda a paliar gran  parte del  problema, y a la que se  destinaron recursos públicos para  su  elaboración.

MANIFIESTO

“La      vivienda es el soporte material de múltiples derechos y libertades      individuales y está íntimamente conectada con valores y derechos      protegidos constitucionalmente como la dignidad de la persona. En el      período 2008-2012 más de 10.000 personas o familias han sufrido el      lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un    proceso   de ejecución hipotecaria….Nos encontramos ante una  situación    excepcional, que requiere de medidas más intensas, dentro   siempre del    marco constitucional vigente. Nuestro ordenamiento   jurídico contempla    posibilidades hasta ahora no exploradas y que  empiezan a ser  utilizadas   en el ámbito normativo y judicial….medidas   que impidan la   proliferación  de viviendas sin uso o infrautilizadas  y  sin que, en   último término, la  previsión de actuaciones  expropiatorias para las   viviendas desocupadas  de las personas   jurídicas puedan tampoco   identificarse con una eventual    desnaturalización del derecho de   propiedad de la vivienda puesto  que,   como también ha señalado el   Tribunal Constitucional, la  contemplación  de  actuaciones  expropiatorias  de las facultades de uso  y disfrute  no  supone una  infracción del  contenido esencial de la  propiedad  privada”.

Las      anteriores reflexiones no han sido hechas por ningún radical      antisistema loco por reventar el capitalismo. Las anteriores     reflexiones  integran la exposición de motivos de la Ley 2/2014 de    modificación de  la Ley de Vivienda de Canarias. Una ley aprobada por    el  parlamento  regional, órgano muy lejano a cualquier movimiento     antisistema, órgano  que hace un análisis perfecto de la situación    límite que están viviendo  miles de familias privadas de los derechos     más básicos del ser humano  como son la vivienda y una vida digna.  Un    diagnóstico perfecto y unas  soluciones casi perfectas que se plasman   en  cada artículo. Una ley de  obligado cumplimiento pero que  el   Gobierno  de Canarias se empeña cada  día en no hacerlo. Y no  cumplir  la  ley no es  algo que en democracia se  pueda hacer sin consecuencias.

                    La ley de vivienda obliga al Gobierno de Canarias a crear un   registro    de viviendas vacías para ponerlas a disposición de las   personas que  no   pueden acceder a un hogar o les han despojado del   suyo. Ordena que  se   multe a las entidades que acaparan viviendas   vacías, ordena que  se   expropien sus viviendas, ordena que se  prohíban  los lanzamientos    judiciales en situaciones en las que la  situación  de la familia le    impida acceder a otra vivienda.

                    Con todas estas medidas, aprobadas ya por el parlamento canario, el      problema de la vivienda en Canarias quedaría prácticamente resuelto.    No   es un sueño, es una realidad plasmada en una ley y que el    Gobierno   Canario se empeña en no cumplir hasta el punto de que ni si    quiera ha   empezado a realizar el registro de viviendas vacías que  la   ley le  obliga  a elaborar.

                    Desde la PAH no vamos a permitir que ninguna institución se salte  la     ley sin denunciarla y el Gobierno Canario lo está haciendo  mientras  el    número de familias a las que en su día presumió que iba a  proteger,    siguen quedándose en la calle preguntándose por qué la  ley  siempre se    aplica cuando va contra los débiles y se obvia cuando  toca  los   intereses  de los grandes.

¡¡¡¡¡EL GOBIERNO DE CANARIAS TIENE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA QUE YA APROBÓ!!!!!!!