Declaración de Anticapitalistas ante Estado de alarma

Hemos venido planteando que el gobierno estaba reaccionando lentamente y de forma errática ante el avance de la epidemia del corona virus y ayer aprobó un insuficiente Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras un largo Consejo de Ministros extraordinario que tendrá vigencia durante un plazo de 15 días, transcurrido el cual deberá ser debatido en el Parlamento.

Consideramos que es insuficiente porque no contempla las medidas económicas y fiscales necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, a sus efectos económicos y laborables y muy probablemente a una situación de emergencia social.

El decreto establece los sacrificios, necesarios, que la población debe hacer para evitar el contagio pero no abre un horizonte de esperanza para que, de nuevo, el “sangre, sudor y lágrimas” que nos pide el presidente del gobierno Sánchez, no supongan sacrificios de las clases trabajadoras que vislumbran un horizonte con mayores riesgos de empobrecimiento, desempleo y pérdida de derechos, y ni siquiera adopta medidas inmediatas para evitar nuevos dramas habitacionales ni para reforzar el sistema público sanitario.

Confinar a la población en sus domicilios no basta, hay que arbitrar recursos extraordinarios para dotar a los hospitales públicos y facilitar el cuidado de escolares. Es necesario recomendar el teletrabajo, pero también hay que asegurar las medidas de protección a todos los puestos de trabajo que lo requieren en la sanidad, los trabajos de cuidados, en el transporte y en todos los sectores económicos. Hay que cortar de raíz, no “flexibilizar”, la avalancha de ERTEs y Eres con los que la patronal está aprovechando para restructurar las plantillas. Y, desde luego, erradicar cualquier ayuda a empresas con despidos. Hay que asegurar los salarios no percibidos por los trabajadores o los ingresos no realizados por los autónomos

Lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes día 10 nos da una pista de un camino antisocial. Se aprobó una línea de ayudas de 18.225 millones de euros con la siguiente composición, 14.400 para PYMES y autónomos en forma de aplazamiento de impuestos y 400 millones se darán mediante créditos ICO. Con ello se aplaza el problema, sin más, a la vez que se merman los ingresos de las arcas públicas. A las necesidades sociales y sanitarias se dedicarán 3.825 millones de euros, de los cuales 3.800 millones son anticipos a las Comunidades autónomas para que atiendan sus obligaciones competenciales en materia de sanidad, por lo que en el futuro habrá menos transferencias, simplemente se demora el agujero, y 25 millones irán a becas de comedor. Por ello no hay inyección de dinero para inversión, investigación, salarios perdidos, ingresos no realizados de autónomos o situaciones de emergencia social sobrevenida o agravada.

Por ello exigimos que el Consejo de Ministros del próximo martes día 17 de marzo apruebe las partidas necesarias para conjurar la emergencia social, el impago de las hipotecas para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales, el cese del pago de alquileres en los casos justificados, eliminación de la obligación de pagar alquileres a los fondos buitres, regular las condiciones laborales para evitar que, una vez más, la crisis y la salida de la crisis, se haga a costa de las gentes trabajadoras. Para ello es necesario sacar el dinero de dónde está. El gobierno debe cobrar los 65.000 millones de euros del rescate bancario y crear un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las grandes empresas.

La centralización en manos de Sánchez y de los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad junto con unos poderes extraordinarios a la policía y el conferir un papel de policía al propio ejército son elementos de alto riesgo democrático. Ignorar las recomendaciones planteadas por el ministerio de Trabajo y marginar al Ministro de Consumo cuando es más necesario que nunca organizar a la sociedad en ese terreno, es un claro intento de dejar sin peso a las voces más a la izquierda del gobierno. Todo el mundo conoce nuestra posición crítica con la estrategia del gobierno de coalición, pero no nos da igual en qué sentido se resuelva la batalla en el seno del ejecutivo. La “línea Calviño” significaría agudizar el sufrimiento de millones de personas, pulverizaría las relaciones comunitarias y lanzaría a la gente trabajadora a una lucha por la supervivencia.

Por otro lado, Sánchez establece la relación directa del gobierno con cada individuo residente en territorio del Estado español, y no cuenta con las organizaciones sindicales y sociales ni tampoco con gobiernos de las comunidades. Ello significa una recentralización unitarista que atenta al autogobierno especialmente en Euskadi, Galicia y Catalunya, dónde se conculcan los escasos derechos nacionales conquistados. Sánchez ha preferido imponer vía “ordeno y mando” a presidir la coordinación de esfuerzos. El trato dado a UP, la recentralización y el triunfo –de momento- del ala más neoliberal del gobierno de las ministras de Hacienda y Economía nos hace entrever un futuro incierto de las alianzas del PSOE en asuntos tan relevantes como los Presupuestos Generales del Estado.

Hay maniobras de acercamiento de Ciudadanos al PSOE a condición de que rompa sus conversaciones con los nacionalistas catalanes. Incluso Vox ha aplaudido la recentralización, porque la ve como un mecanismo que facilita una salida autoritaria de la crisis sin cuestionar a la minoría privilegiada. El Partido Popular en plena euforia electoralista está realizando una oportunista y cínica oposición al gobierno sin reparar en sus responsabilidades en el desmantelamiento de la sanidad pública y proponiendo medidas contradictorias de aumento del gasto y bajada de impuestos.

El gobierno puede adoptar la misma vía fallida que tomó en la crisis de 2008 que supuso un reforzamiento de la oligarquía y un empobrecimiento de la mayoría social, un creciente autoritarismo y un duro golpe al frágil “Estado del bienestar” existente en el estado español. La vía de Zapatero allanó el camino a Rajoy. También puede adoptar la contraria. No se pueden pedir sacrificios en el terreno de los derechos sociales y el bienestar económico cuando estamos viendo casos de enriquecimiento corrupto y obsceno en la monarquía.

Es necesario optar por la vía que pone en el centro la vida, los intereses de las clases trabajadoras y la ampliación de los derechos y libertades, o sea, la defensa de los servicios públicos, la socialización de los sectores estratégicos de la economía y el impulso de la planificación democrática para poner en pie un modelo productivo y reproductivo en armonía con la biosfera. Precisamente cuando hay una crisis, es el momento en que hay que elegir. Y hoy más que nunca es necesario elegir: o con la gente trabajadora o con los beneficios de la banca y de las grandes empresas.

* En La casa de mi tía con la colaboración de Domingo Méndez