Al Diputado del Común de Canarias: Ocho medidas urgentes por el derecho a la vivienda - ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA 

-AGOSTO DE 2023-

UNA BREVE INTRODUCCIÓN.

En el contexto geopolítico actual, el Archipiélago Canario es hoy una de las regiones del mundo que más interés está despertando, por su privilegiada situación geográfica como plataforma tricontinental o por su clima benigno entre los mejores del planeta, como por sus recursos naturales, y por supuesto también por sus innumerables oportunidades de negocio, siendo como es Canarias un paraíso fiscal de facto. Las particularidades que ofrece el Archipiélago se vuelven aún más favorables con la actual guerra de Ucrania y la crisis energética. Así, la realidad es que un gran número de personas quiere venir a Canarias de vacaciones, encontrándonos ya en cifras récord de llegada de turistas con números pre-pandemia, a teletrabajar a 24 grados en invierno o a invertir en el sector inmobiliario, en el turístico o en cualquiera de los muchos que ofrecen oportunidades hoy. El problema radica en que todo esto está ocurriendo sin unas políticas correctoras que actúen y subsanen los desequilibrios ya existentes y los que se están creando, muy al contrario, desde nuestras instituciones se sigue apostando por el desarrollismo urbanístico infinito que va de la mano de la destrucción progresiva de nuestro medio ambiente, así como por la promoción sin freno del destino Canarias a turistas y a personas que vienena teletrabajar o a invertir de medio mundo con todos los riesgos que el crecimiento sin control conlleva.

Con este plan, la resultante la conocemos bien los canarios y canarias que vivimos en esta tierra:

1. Un paro estructural que nunca termina de bajar por muy récord que sean las cifras de llegada de turistas;

2. Superpoblación, destrucción de nuestro medio ambiente y un consumo de recursos que hacen cada día más insostenible la vida en el Archipiélago;

3. Encarecimiento de la vivienda hasta hacerla imposible, empobreciendo y expulsando progresivamente a las canarias y los canarios de su propia tierra, por el acelerado proceso de gentrificación que sufrimos, con población foránea de medio-alto poder adquisitivo que se afinca en Canariasen busca de buen clima y oportunidades de negocio. El procedimiento es muy sencillo: en un contexto de aumento de población foranea continuado y de competencia desaforada por tan pocos recursos habitacionales, la resultante es que casi siempre el extranjero o el peninsular con mayor poder adquisitivo accede con preferencia a las pocas viviendas en alquiler que hay en el mercado, en detrimento del canario residente que se queda sin posibilidad alguna, estando como está totalmente cerrado el mercado hipotecario por la subida incesante de los tipos de interés.

ANTE ESTA REALIDAD, frente a la pasividad o la connivencia de nuestra clase política, y dada la gravedad de lo que nos viene, hace tiempo que desde la Acampada Reivindivcativa Lolo Dorta venimos proponiendo en nuestras instituciones una serie de medidas a implementar de manera urgente en Canarias, entre las que se encuentran las siguientes:

I.- Ampliar de manera urgente el parque de vivienda pública para alquileres sociales a través de la compra de vivienda negociada a precio inferior al mercado a fondos buitre y a la Sareb. En Canarias, según datos recientes del INE, se estima que hay en la actualidad unas 211.000 viviendas vacías. Muchas de estas viviendas son propiedad de fondos buitre, adquiridas a bajo coste y dedicadas únicamentea la especulación, entre ellas las del “banco malo”, la Sareb, cuyo máximo accionista es el Estado. El encarecimiento de los transportes y los materiales de construcción hacen más costosa y casi inviable la obranueva, tanto es así que el Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias preveía la construcción de casi 6.000 viviendas y a día de hoy aún no han construido ninguna. Con más de 20.000 familias inscritas como solicitantes de vivienda pública y la vivienda en alquiler más cara e inaccesible de España, la opción más lógica, viable y sostenible es acceder a la vivienda vacía ya existente. Para ello, cómo se propone en este primer punto, en la Acampada Reivindicativa creemos que es más sencillo acceder a vivienda ya construida, a todas las que tienen la SAREB en Canarias, y también a otras muchas que tienen bancos y fondos buitres, a través de negociaciones pertinentes con precios ajustados.

II.- Promoción de viviendas protegidas públicas para alquileres sociales destinados a residencia habitual de personas o familias con circunstancias socioeconómicas desfavorables. También queremos poner el foco en que la poca promoción de vivienda pública que se está sacando desde el Gobierno de Canarias, y en especial desde Visican, se enfoca en su mayoría a familias de clase media, con alquileres asequibles a precio casi de mercado por un plazo máximo de 7 años, cuando Canarias tiene un tercio de su población bajo el umbral de la pobreza. Entendemos pues en la Acampada Reivindicativa que urge promover y sacar al mercado vivienda pública verdaderamente social, con alquileres sociales (no asequibles a 400 y 500 euros) que cubran la demanda de la ciudadanía mayoritaria con menos recursos.

III.- Aprobar la Ley de Tanteo y Retracto que permitiría a la Administración Autonómica acceder a vivienda privada en condiciones ventajosas. Si hay en Canarias 211.000 viviendas vacías, muchas de ellas defondos buitre, y la vía más rápida para poner vivienda pública en el mercado es la compra de vivienda vacía, el Gobierno de Canarias debe disponer de leyes que le permitan acceder a estas viviendas con preferencia y a precios reducidos, para ello existe la Ley de Tanteo y Retracto, que llevamos años pidiendo a las administraciones canarias que aprueben, que ya lleva tiempo funcionando en comunidades autónomas como la Valenciana, y permite que se den casos tan llamativos como los que hemos visto, en los que la Generalitat Valenciana a comprado viviendas a 1 euro o a 29 euros.

IV.- Aprobar una ámplio paquete de medidas fiscales y otras garantías que favorezcan la puesta en alquiler de vivienda vacía. Ya hemos visto que de nada sirve una ley estatal de vivienda como la que se aprobó en el mes de mayo pasado. Esta ley no plantea ninguna medida sobre la vivienda vacía, tampoco sobre el control del alquiler vacacional, y mucho menos sobre limitar la actividad especulativa de los fondos buitre, centrándose básicamente en ponerles las cosas más difíciles a los propietarios de viviendas en alquiler. La resultante, ya la hemos visto, según publicación del Canarias 7 del sábado 15 de julio de 2023:¹ "Casi 6.000 viviendas saldrán del mercado del alquiler en Canarias por el impacto de la nueva ley de Vivienda, según pone en evidencia un informe elaborado por el grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). A nivel nacional la estimación apunta a que serán casi 110.000 los propietarios que optarán por dejar de alquilar por los cambios que introduce esta norma".

Vemos pues que la Ley de Vivienda tal cómo está planteada es contraproducente y está haciendo más daño en lugar de solucionar el problema. En la Acampada Reivindicativa hace tiempo que apostamos por otra formas de incentivar el alquiler, que pasan por la aprobación de bonificaciones fiscales y otros beneficios y garantías que hagan más atractivo el alquiler de larga temporada frente al vacacional. Y, en su defecto, la aprobación de gravámenes, multas e impuestos añadidos a la vivienda vacía de larga duración.

V.- Aprobar la Ley de Expropiación Temporal de Vivienda vacía a grandes tenedores. En última instancia, si no dan resultado las medidas planteadas en los dos puntos anteriores, se puede optar por una ley de expropiación temporal de viviendas vacías por más de 2 años a grandes tenedores. Esta ley está aprobada ya en Baleares, y está pensada para cubrir necesidades urgentes de vivienda en localidades con gran demanda social y viviendas de fondos buitre manifiestamente vacías por largo tiempo y sin previsión de uso.

VI.- Limitar la compra de vivienda a extranjeros. La mitad de las viviendas vendidas en Canarias En 2022 han sido compradas por extranjeros, este hecho aparte de descapitalizar a la población canaria de manera alarmante provoca también un aumento desmedido del precio de la vivienda, al tratarse de personas foráneas con alto poder adquisitivo. Países de la Unión Europea como Dinamarca, Malta o Finlandia (Islas Aland) ya limitan la venta de vivienda en estos casos, y recientemente un país tan poco sospechoso como Canada ha prohibido también por ley la venta de vivienda a extranjeros. En España, Baleares ha creado una comisión de trabajo gubernamentalpara estudiar limitaciones a la compra de vivienda a personas extranjeras.

Canarias tiene una realidad habitacional igual o incluso peor que Baleares, y aunque esta medida puede parecer que vulnera la normas y leyes españolas y comunitarias, creemos que se debe avanzar en esta línea para hacerla posible en un plazo corto de tiempo, si no queremos ver completamente descapitalizadas las Islas Canarias, con todo el sector inmobiliario en manos extranjeras.

VII.- Fiscalizar y limitar la actividad descontrolada del alquiler vacacional. En la actualidad Canarias soporta el porcentaje más alto de implantación del alquiler vacacional del conjunto de todas las Comunidades Autónomas, con un crecimiento alarmante provocado por la nula legislación o fiscalidad, los altos beneficios y el impacto de la nueva Ley de Vivienda. Como muestra algunos titulares recientes, como el de La Provincia del pasado 9 de mayo:² “‘Boom’ de la vivienda vacacional: 10 pisos turísticos abren cada día en Canarias. El Archipiélago es la comunidad del país que  suma un mayor número de  estos alojamientos.” Este  incremento desmesurado de esta modalidad provoca que no haya ya viviendas en alquiler para los trabajadores en zonas turísticas, entrando en riesgo el propio modelo productivo, y así leemos en el Diario de Avisos del pasado 21 de julio lo siguiente:³ “Coches y furgonetas se disparan como alternativa para vivir en el sur de Tenerife. El fenómeno no afecta solo a personas con rentas bajas, sino que se extiende también a las clases medias por la subida imparable de precios ante el auge del alquiler vacacional”. Este auge del alquiler vacacional en Canarias se ve aumentado por el nulo control aministrativo que hay sobre ellas, favoreciendo la ilegalidad y la gratuidad del modelo, como leemos en este otro titular de Eldiario.es del pasado 20 de mayo:⁴ “La discrepancia entre los datos de Turismo y Airbnb revela el alquiler de cientos de viviendas vacacionales ilegales en Canarias. La disparidad de las cifras registrada entre el INE, la Consejería de Turismo del Gobierno canario y la herramienta AirDNA, que aglutina a plataformas como Airbnb, demuestra que muchos domicilios destinados al alquiler vacacional en las Islas no cuentan con la licencia turística correspondiente”.

Con todo, en la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta creemos que es urgentísimo actuar sobre esta modalidad turística, entendiendo que hay además jurisprudencia sobrada. Ya desde 2020 la Unión Europea permite a los ayuntamientos limitar esta actividad, como se desprende de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, y leemos en un portal jurídico:⁵ “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su sentencia de 22 de septiembre de 2020 (asuntos acumulados C?724/18 y C?727/18) avala la normativa francesa que exige una autorización previa para el alquiler de inmuebles de uso turístico cuyo objetivo es garantizar una oferta suficiente de viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo a precios asequibles”. También en España, más reciente, el Tribunal Supremo falló a favor del ayuntamiento de Palma en la prohibición de alojamientos turísticos, como leemos en El País del pasado 7 de febrero:⁶ El Tribunal Supremo respalda la prohibición de los pisos turísticos en Palma. El tribunal da la razón al ayuntamiento al considerar que la norma “no prohíbe” la actividad económica de los alojamientos turísticos al no limitar su número.

Con esta base jurídica, ya hay en el estado español municipios (Bilbao, San Sebastián, Barcelona) y Comunidades Autónomas (País Vasco) que regulan y limitan convenientemente esta actividad, algo que urge hacer en Canarias.