Comunicado de Europa Laica
Europa Laica denuncia la visita al Vaticano de la vicepresidenta del Gobierno

La vicepresidenta de España, representando al Gobierno de la nación,
vuelve a «excursionar» al Vaticano y con «emoción» intercambia distintos
regalos y conversa con el papa sobre asuntos en los que el representante
de la Iglesia católica no tiene nada relevante que decir al conjunto de la
ciudadanía.
Dice la sra. Díaz que el papa es: «el mejor embajador del trabajo decente
en el mundo», una calificación bastante chocante en una institución
donde sus trabajadores y trabajadoras «consagradas» se inician a edades
muy tempranas y trabajan en condiciones de pseudoesclavitud, donde la
vida laboral y privada se confunden, prohibiéndoles formar sus propias familias.
Sus declaraciones y actitud hacia el representante de una teocracia
más parecen de una groupie-hincha que de la enviada gubernamental de
un país democrático con graves conflictos en la aconfesionalidad que se
plasman en privilegios antidemocráticos que ni siquiera se han mencionado
y podrían resumirse en:
• Derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede.
• La Iglesia católica se debe autofinanciar y pagar impuestos.
• La religión debe salir del currículo y de la escuela.
• El escándalo monumental de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia
católica.
• La pederastia en el seno de la Iglesia española.
Que la vicepresidenta visite el Vaticano a conversar informalmente de
asuntos que no le competen y deje de tratar los graves privilegios mantenidos
desde la dictadura católica parece una broma pesada y una muestra
más de la nula intención gubernamental de darles solución con legitimidad
y responsabilidad.
Europa Laica, desde su defensa de una laicidad del Estado, que no entiende
de creencias particulares sino de simple democracia y defensa de
lo público, denuncia el encuentro con el responsable de una organización
absolutista y machista como una casposa operación de imagen, contraria
a los intereses generales, y exige que el Gobierno de España cumpla con la
aconfesionalidad del Estado que proclama la Constitución.