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Madrid, 31 de enero de 2020

El Tribunal de Cuentas dictamina que la Iglesia Católica no justifica el dinero que recibe de nuestros impuestos por el IRPF y la desidia de la Administración por mirar para otro lado y no exigírselo.

EUROPA LAICA ha denunciado de siempre estas anomalías democráticas, contrarias a la propia legislación y  a la aconfesionalidad del estado.

EUROPA LAICA exige al gobierno la denuncia y derogación inexcusable de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede.

Europa Laica ha tenido conocimiento del informe provisional que el Tribunal de Cuentas ha realizado sobre la fiscalización de la Asignación Tributaria que la Iglesia católica recibe por la Declaración del IRPF, así como sobre las subvenciones que reciben otras religiones minoritarias. Este informe confirma las críticas que Europa Laica venimos realizando al respecto.

En efecto, el Tribunal de Cuentas reconoce que esta Asignación Tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto general estatal y por tanto no es un impuesto religioso que afecta solo a los católicos sino, simple y duramente, una pérdida de ingresos en el dinero público que afecta a todos los ciudadanos, sean católicos o no, de ahí que, en opinión de Europa Laica, se está vulnerando el principio de aconfesionalidad del Estado. 

Igualmente, el Tribunal de Cuentas constata que la única obligación que tiene la Iglesia católica de justificar estos ingresos públicos -268 millones en el año 2017- es a través de entregar a la Administración una Memoria anual de gastos que, en sintonía con lo que Europa Laica viene denunciando sobre la misma, constata no puede ser considerada como tal sino solo una simple relación de actividades confesionales que no responde a lo realmente acordado de justificar los gastos de los ingresos tributarios recibidos. 

Como consecuencia, el Tribunal declara que la Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de esta Asignación pública que se transfiere a la Iglesia católica, por lo que no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles que vulneraría la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado. Por ejemplo, con la aportación del IRPF que realiza para mantener a 13TV, la Cadena COPE u otras entidades dela Iglesia.

El Tribunal de Cuentas responsabiliza directamente a la Administración de la desidia sobre este tema y falta de control puesto que esa Memoria nunca ha sido revisada ni formulada objeción de ningún tipo durante todos estos años, también por no tener establecidos criterios analíticos y contables al respecto. 

Más aun, el Tribunal de Cuentas considera que el superávit que la Iglesia católica declara disponer por esta Asignación -15,9 millones en 2017 y 19,3 en 2016- es claramente atípico y señal de que el Estado está financiando a la Iglesia católica a través del IPRF con más dinero de lo que figura en los Acuerdos de 1979  “para el adecuado sostenimiento de la iglesia”, concepto que tampoco la Administración lo tiene claramente definido. Asimismo, el Tribunal alerta de que tampoco existe plan alguno por parte de la Iglesia católica para su autofinanciación como así se comprometió en esos mismos Acuerdos.

En cuanto a las exenciones y beneficios fiscales que disfrutan las confesiones religiosas, el Tribunal de Cuentas constata la ausencia de comprobación segura sobre las mismas. Así, por ejemplo, en un análisis del Impuesto de Sociedades, las cifra en 187 millones en 2017, aunque el propio Tribunal considera que esta estimación carece de valor cierto por el descontrol existente en la propia Administración con las más de 27000 entidades religiosas existentes.

 Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas censura absolutamente la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia, perteneciente al Ministerio de Justicia, en la gestión de las subvenciones concedidas por esta entidad pública a las confesiones minoritarias -900.000 euros en 2017- al no comprobar el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la Ley de Subvenciones. Un desorden que impide justificar los objetivos pretendidos, también por la complacencia de estas entidades religiosas, evangélicas, judías o musulmanas. 

En opinión de Europa Laica, el informe del Tribunal de Cuentas corrobora las denuncias que venimos haciendo acerca de todo este tinglado confesional y el carácter de patraña que tiene la Memoria nada justificativa de la Iglesia católica, haciendo responsable de ello a la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control del dinero público regalado a la Iglesia católica, además de por contradecir el principio constitucional  de aconfesionalidad del Estado.

Para Europa Laica no existe razón para que el Gobierno progresista PSOE-UP no cumpla con sus promesas electorales y partidarias, y proceda sin más demora, después de más de cuarenta años, a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los existentes con las confesiones minoritarias y cualquier legislación de privilegio, acabando de una vez con este vergonzoso sistema de subvencionar organizaciones privadas con los impuestos de todos, con una Iglesia católica que, de forma arrogante,  ni siquiera justifica en qué los emplea.