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domingo, 05 de mayo de 2024 08:27h.

IU presenta una Proposición no de Ley para detener las prospecciones en Canarias

IU pide aplicar el principio de precaución y suspender las prospecciones hasta que concluyan las investigaciones abiertas en la UE y resuelvan los tribunales

IU presenta una Proposición no de Ley para detener las prospecciones en Canarias

IU pide aplicar el principio de precaución y suspender las prospecciones hasta que concluyan las investigaciones abiertas en la UE y resuelvan los tribunales

   Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, registró ayer en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley, que le remitió Izquierda Unida Canaria (IUC), para detener el inicio de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. La formación progresista argumenta la necesidad de aplicar el principio de precaución y, por lo tanto, suspender el inicio de las prospecciones hasta que concluyan las investigaciones abiertas en el ámbito europeo y resuelvan los tribunales de justicia españoles.

   IUC recuerda en el texto de la Proposición No de Ley que el 50% del Parlamento Europeo ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una investigación urgente sobre el grado de cumplimiento de la normativa europea en las autorizaciones dadas a Repsol por el Gobierno de España. A raíz de esa petición, el pasado día 3 de noviembre, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea inició una investigación para determinar la legalidad de los permisos en relación a la normativa europea.

   Asimismo, la formación progresista señala que están pendientes de resolución judicial los recursos del Gobierno canario y de los cabildos de las islas orientales que piden la adopción de medidas cautelares urgentes respecto de las prospecciones. Izquierda Unida también se refiere al rechazo del Parlamento de Canarias a las prospecciones, junto con la oposición expresada por seis cabildos, diversas patronales turísticas europeas y la comunidad científica internacional.

   IUC cuestiona la legitimidad de una decisión tomada por un Gobierno que no consulta al pueblo canario y que, con esa decisión, puede arruinar el ecosistema y la economía del Archipiélago.

  Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 2014.