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viernes, 26 de abril de 2024 10:00h.

IUC dice que a Canarias le faltan 82.000 viviendas públicas de alquiler

“La gran paradoja es que Canarias tiene 77 viviendas más por cada mil habitantes que la Unión Europea”

IUC dice que a Canarias le faltan 82.000 viviendas públicas de alquiler

“La gran paradoja es que Canarias tiene 77 viviendas más por cada mil habitantes que la Unión Europea”

“Los datos demuestran que en Canarias ha prevalecido el derecho a especular sobre el derecho a la vivienda”

  Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que las 11.512 viviendas en alquiler que tiene el Gobierno de Canarias “constituyen una cifra ridícula para el Archipiélago, equivalente al 8.3% de las viviendas vacías que hay en las Islas”. IUC afirma que Canarias sólo cuenta con 5.4 viviendas públicas en alquiler por cada mil habitantes, frente a las 80 de Gran Bretaña, las 86 de Francia, o las 138 de Holanda.

   La formación progresista señala que el parque público de alquiler canario supone tan sólo el 1.1% del total de viviendas existente, frente al 8.7% que se da en la Unión Europea. Esto quiere decir que si Canarias estuviera en la media europea contaría con 93.675 viviendas públicas de alquiler, es decir, 82.163 más de las que hay actualmente. La gran paradoja es que Canarias tiene 77 viviendas más por cada mil habitantes que la Unión Europea.

   IUC denuncia que la “política de vivienda canaria es tan superlativamente caciquil que, por cada una de las 9.433 ejecuciones hipotecarias producidas en los primeros cinco años de crisis, el Archipiélago tiene 14 viviendas vacías.

   Asimismo, la formación progresista señala que, de 2008 a 2012, el número de personas propietarias de más de 50 viviendas o inmuebles creció un 18% en Canarias.

   IUC denuncia que los datos demuestran que en Canarias ha prevalecido el derecho a especular sobre el derecho a la vivienda. El reto sigue siendo incrementar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler y abordar fórmulas de penalización fiscal de la vivienda vacía. Pero se trata de políticas que reducirían los precios de la vivienda y entrarían en contradicción con sectores económicos que han apadrinado, en el peor sentido del término, a quienes han gobernado Canarias.