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17:56h. sábado, 16 de enero de 2021

La COESPE pide una auditoría oficial de las cuentas

Manifiesto del 1 de octubre, Día Internacional de las personas de edad COESPE - COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

 

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Manifiesto del 1 de octubre, Día Internacional de las personas de edad COESPE - COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La verdadera causa del déficit del sistema público de pensiones es el desvío de fondos de la Seguridad Social a fines ajenos a esta. La COESPE pide una auditoría oficial de las cuentas

El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de la ONU declaró el 1º de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, animando a todos los países a promover el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos de las personas mayores. 

UN DÍA DE LUCHA. Las circunstancias actuales, con la pandemia y, a consecuencia de ella, una  enorme crisis económica y social, que afecta especialmente a las capas subalternas de la sociedad, hace que para nosotros este Día pase a ser una jornada de reivindicaciones, un día de lucha. Hoy en todo el Estado español miles de pensionistas estamos en las calles reclamando nuestros derechos.

—Nos estamos movilizando, en primer lugar, en recuerdo y homenaje a los compañeros y compañeras pensionistas  que han perdido y están perdiendo la vida en esta pandemia, ante la pasividad de nuestras Administraciones.

—Para frenar la masacre, exigimos la creación de protocolos sanitarios de actuación comunes, así como el control público de las residencias de mayores y discapacitados y del sistema de ayudas a domicilio.

—En Canarias, aunque el número de muertes en Residencias desde el inicio de la pandemia ha sido mucho menor que en otras comunidades del Estado y permanece estabilizado hasta el momento en 19 fallecidos, denunciamos la situación de confinamiento continuado a que están sometidas las personas en las Residencias de Mayores y de discapacitadas. 

—Desde que empezaron los rebrotes, han vuelto a prohibirse las visitas de parientes (esposos o esposas, hijos, padres y madres, etc.), con las graves consecuencias psicológicas que esta situación produce en unas personas que, por su avanzada edad o situación de discapacidad, sufren ya achaques y males crónicos de difícil recuperación. El Gobierno de Canarias debe tomar medidas para acabar con esta situación cruel e inaceptable.

—A principios del pasado mes de junio presentamos en la Diputación del Común y en el Cabildo Insular de Tenerife una amplia exposición, basada en informaciones de prensa, de lo sucedido en las residencias de mayores de Canarias hasta aquel momento. 

—Solicitamos a ambas instituciones una investigación oficial profunda y transparente, cuyas conclusiones sirvan para mejorar la situación de las personas dependientes del Archipiélago, mediante una mejor adecuación de los recursos humanos, medios e instalaciones, que impida que situaciones como la actual pandemia afecten gravemente a la población en general y a la más vulnerable en particular. 

—Nos consta que el Diputado del Común, con quien nos entrevistamos el 15 de junio, está trabajando en ese sentido. Del Cabildo de Tenerife no hemos recibido noticia alguna al respecto.

—Por otra parte, sabemos que no se han producido cambios notables en los aspectos sanitario y asistencial desde los meses del confinamiento a la actualidad, y  tenemos constancia, por noticias de personas afectadas, de que la asistencia a domicilio sigue siendo muy deficitaria. 

—Denunciamos el fallecimiento hace unos días de una señora en el IASS de La Laguna, al parecer por falta  de la necesaria e inmediata intervención sanitaria que merecía su situación, a causa de un accidente ocurrido en el propio centro.

—Por último, hacemos hincapié  en la puesta en marcha de modelos residenciales alternativos, donde se tenga en cuenta todas las necesidades y cuidados de las personas, y primen estas sobre la mercantilización y el negocio; pedimos para ello una decidida intervención del sector público y de la sanidad pública y denunciamos la improvisación y la precariedad sanitaria, producidas especialmente por las políticas de privatización de la sanidad, en las que algunas comunidades, entre ellas Canarias, siguen insistiendo en la actualidad.

 

SOBRE EL PACTO DE TOLEDO. Rechazamos que el futuro de las pensiones sea debatido, en secreto y a espaldas de la sociedad, por la comisión parlamentaria del llamado Pacto de Toledo, donde tienen audiencia los principales enemigos del sistema público de pensiones y no está representado el movimiento de pensionistas.

 

—Denunciamos que a estas alturas todavía no se hayan derogado las dos reformas  que han recortado derechos de los pensionistas y reducido sus prestaciones mensuales. La de Rodríguez Zapatero en 2011 (que aumentó la edad de jubilación a los 67 años, endureció el plazo de acceso al 100% de la pensión e incorporó el factor de sostenibilidad, para recortar aún más las prestaciones de las y los futuros pensionistas), y la de Rajoy en 2013, con la revalorización de las pensiones al 0,25% y la reglamentación del factor de sostenibilidad, en el sentido de someter el monto de la pensión a la esperanza de vida del pensionista, de manera que cuanto más viva menos cobre.

—Por lo que se  ha filtrado de los acuerdos, tenemos serias dudas de que nuestras principales reivindicaciones sean atendidas. Al contrario, se machaca insistentemente que el déficit del sistema público de pensiones se debe al excesivo gasto que estas representan, debido a que las y los pensionistas somos muchos, vivimos demasiado y cobramos más de lo que cotizamos. 

—Tergiversaciones y mentiras. El gasto en pensiones es en España inferior en tres puntos al de los países de nuestro entorno. El problema no está en el gasto, sino en los ingresos, pues las dos reformas laborales,  de 2010 (Zapatero) y de 2012 (Rajoy), han traído consigo, además del despido libre y la devaluación de los convenios colectivos, la enorme preeminencia de los contratos temporales sobre los fijos y el trabajo basura, que han dado lugar a una subclase de trabajadores pobres cada vez más numerosa. 

—La mejor garantía del sistema público de pensiones es el empleo digno y de calidad, para lo cual hay que derogar las dos reformas laborales citadas e incrementar el salario mínimo más allá de los 950 euros actuales, hasta los 1080 que propone la Carta Social Europea firmada por España.

— Se pretende endurecer las jubilaciones anticipadas, penalizándolas con bajas de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho declaraciones en tal sentido. Sin embargo, no se tiene en cuenta que más del 81% de las personas que se acogen a estas jubilaciones, son paradas de larga duración, con el periodo de cotización necesario para jubilarse antes de tiempo y obligadas a vivir con subsidios asistenciales, en caso de no poder hacerlo.  

 

LOS PLANES PRIVADOS. Por encima de todos estos ataques al sistema público de pensiones planea la apuesta por los planes privados de jubilación, jaleados por el lobby de economistas neoliberales, muy influyentes mediáticamente, que están al servicio de instituciones dependientes de la banca y de las grandes aseguradoras. 

 

—Descartada la modalidad propuesta por la ministra Calviño de la llamada Mochila Austriaca, según la cual los trabajadores ahorrarían parte de su salario para su pensión e indemnización en caso de despido, el ministro Escrivá parece inclinarse ahora por los planes privados de empresa. Nos oponemos radicalmente a estos planes, que al igual que otras modalidades privadas, son deficitarios y especulativos, no pueden ser suscritos sino por una reducida élite de trabajadores y contribuyen al deterioro del sistema público de pensiones.

 

EL DESVÍO DE FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El Tribunal de Cuentas ha informado recientemente que entre los años 1989 y 2013 el Estado sacó de la Seguridad Social 103.690 millones de euros (que a precios de hoy representan 161.000 millones), con destino a gastos que tenían que haberse sufragado con cargo a los presupuestos. El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno “que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social  con cargo a sus recursos” (página 61 del Informe).

 

—La campaña de firmas que está llevando a cabo en toda España la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), para pedir una auditoría oficial de las cuentas de la Seguridad Social es el centro de gran parte de nuestras reivindicaciones, pues ha sido ese descomunal desvío de fondos el que ha creado el déficit del sistema, que alimenta el falso discurso de los recortes, de la prolongación de la edad de jubilación, de la necesidad de seguros privados, de la extrema precariedad de las pensiones mínimas y no contributivas, de que las pensiones de viudedad dejen de ser contributivas y pasen a un nivel de beneficencia, etc., etc.

 

Nuestra lucha y nuestro empeño no aspiran a otra cosa que la consecución de un entorno social y económico que nos permita vivir a trabajadores y pensionistas con la dignidad que por derecho nos merecemos. Por ello reivindicamos:

 

Unos empleos y salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores activos, con la desaparición de la brecha de género entre mujeres y hombres.

Unas pensiones suficientes, donde la prestación mínima sea de 1082 euros mensuales.  

Unas residencias dignas y seguras en el tratamiento de todas las necesidades y cuidados de las personas mayores.

Que la atención en domicilio a las personas de edad por parte de sus familiares sea reconocida como trabajo con derecho a jubilación.

Que las pensiones mínimas y no contributivas, las más bajas del sistema, que en  Canarias tienen sumidas en la miseria a más de 46 mil pensionistas, sean complementadas hasta el salario mínimo interprofesional.

Por todos los motivos que hemos expuesto, los y las pensionistas demostraremos que la edad no nos impide luchar por una sociedad más humana, solidaria y justa.

 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y TODO LO PÚBLICO SE DEFIENDEN!

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 1º de octubre de 2020

 

Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

 

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