Más de un año para percibir la Prestación Canaria de Inserción
Los colegios de Trabajo Social de Canarias denuncian que la partida presupuestaria de 2013, 18 millones, se agotó en junio y que ninguna de las PCI aprobada este año ha llegado aún a los solicitantes
Más de un año para percibir la Prestación Canaria de Inserción
Los colegios de Trabajo Social de Canarias denuncian que la partida presupuestaria de 2013, 18 millones, se agotó en junio y que ninguna de las PCI aprobada este año ha llegado aún a los solicitantes
Los demandantes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) tendrán que esperar más de un año para recibir una ayuda destinada a personas en exclusión social. Así lo han constatado los dos colegios de Trabajo Social del Archipiélago, que aseguran que, en los Ayuntamientos con mayor población, los ciudadanos deben soportan listas de espera de hasta diez meses solo para ser atendidos por los Servicios Sociales municipales, a lo que hay que sumar el largo trámite burocrático que se prolonga como mínimo otros seis meses.
Esta demora se explica por dos razones. Una de ellas es la reducción por parte del Gobierno canario del 50% de presupuesto que destinaba a los ayuntamientos para contratar trabajadores sociales, con lo que el personal para atender las solicitudes de PCI y hacer un seguimiento de cada uno de los perceptores es cada vez menos, mientras crece drásticamente el número de solicitudes debido a la crisis económica.
La otra causa del retraso se explica por el amplio plazo que se da a las administraciones para resolver las peticiones. En la actualidad, los ayuntamientos disponen de tres meses para concluir el expediente y el Gobierno regional tiene otros tres para pronunciarse y resolver. Los colegios profesionales, que han elaborado un informe en el que analizan las deficiencias de la Ley, proponen que este plazo se reduzca a cuatro meses, de tal forma que los Servicios Sociales municipales dispongan de dos y la Administración autonómica de otros dos.
Además, demandan un cambio de la aplicación informática con la que se tramitan estos expedientes, que consideran "nefasta" y un escollo más para agilizar la tramitación de las solicitudes, e insisten en que se simplifique el engorroso proceso de gestión establecido por el Ejecutivo, puesto que en la actualidad un trabajador social tarda entre 14 y 20 horas solo con un expediente.
Todo ello hace que se acumulen los meses de espera mientras las personas en exclusión social sobreviven en la más absoluta indefensión.
Escaso presupuesto
Otro de los graves problemas de los que adolece la PCI es la exigua partida presupuestaria que le asigna el Ejecutivo regional. Desde que se aprobó la Ley, las partidas que se destina a esta prestación se agotan antes de que concluya el año. Los 18 millones establecidos para 2013 se agotaron en junio y ninguna de las prestaciones aprobadas este año se ha abonado aún a los demandantes. Esto obligará a la Administración autonómica a buscar fondos para atender lo que resta de Ejercicio; un problema que se subsanaría con una asignación más ajustada a la realidad.
Los trabajadores sociales también solicitan que se establezca un baremo claro para definir la "exclusión social", puesto que en la actualidad no se trabaja con criterios objetivos y los indicadores dependen de cada ayuntamiento. Esto lleva a una discriminación por el lugar de residencia, puesto que con las mismas condiciones socioeconómicas un vecino puede ser considerado en exclusión en su municipio y otro, residente en otra localidad, no. Los colegios proponen que se adopten los indicadores europeos y nacionales.
Otra de las cuestiones que consideran esencial ambos colegios es suprimir el límite de 24 meses en la duración de estas prestaciones, puesto que en ese plazo no se solucionan los casos de exclusión social graves. Asimismo, solicitan que no se reste de las percepciones el apoyo económico familiar. En este sentido, consideran que, estas ayudas, que van de 472 euros a 650, resultan insuficientes para la garantizar la integración social que se persigue, y muchas veces el apoyo familiar resulta imprescindible para hacer frente a un alquiler que permita la autonomía de estos ciudadanos, por ejemplo.