Rodríguez informa que la Mesa del Parlamento exige al Ejecutivo, a instancias de su grupo, la cuantificación de las repercusiones económicas “multimillonarias”

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, denunció hoy la irresponsabilidad del Gobierno de CC y PSOE por apoyar la tramitación de la Proposición de Ley del Cabildo de Tenerife, presidido por Carlos Alonso, sobre la Ordenación de los Barrancos de Güímar, dadas sus evidentes repercusiones multimillonarias. El diputado informó al pleno que la Mesa de la Cámara, a instancias del grupo nacionalista de izquierdas, ha exigido al Gobierno de CC y PSOE un informe sobre las repercusiones “multimillonarias y evidentes” derivadas de la aprobación de la referida iniciativa legislativa.

A pesar del intento de CC de “censurar” la comparecencia solicitada por NC al Ejecutivo sobre el criterio favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, Román Rodríguez destacó que “hemos logrado ejercer nuestro derecho de controlar y exigir responsabilidades” al gabinete presidido por Fernando Clavijo. Una función de la oposición que mañana miércoles volverá a practicar Nueva Canarias con una pregunta a Clavijo sobre su conformidad a la toma en consideración de la proposición de ley de Alonso a pesar de la existencia de tres informes de su gabinete que se oponen.

Durante el debate suscitado en la comparecencia, Román Rodríguez denunció  la constatación de la “manifiesta inconstitucionalidad” de la iniciativa legislativa “en base a los informes del propio” Gobierno y de las “evidentes” consecuencias económicas en las que coinciden los informes del Cabildo y del Ejecutivo y que serán “multimillonarias”, según precisó.

Se refería el portavoz de NC al informe de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de Pedro Ortega, que concluye que la proposición de ley "supone una vulneración abierta del bloque de constitucionalidad en cuanto a la competencia estatal sobre el dominio minero y de la propia ley de minas".

También otros informes que avisan de las consecuencias económicas, entre las más importantes, agregó Rodríguez, las derivadas de la restitución ambiental parcial de los barrancos (360 millones de euros) y las relativas a las indemnizaciones (a los propietarios del suelo minero y por las concesiones de áridos que puedan suspenderse), que tendrá que pagar el Gobierno de Canarias y que repercutirán en su presupuesto.

Se trata, prosiguió el diputado de NC, de las advertencias de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la consejería de Narvay Quintero, la dirección  general de Planificación y Presupuestos del departamento de Rosa Dávila así como de otros dos informes del Cabildo tinerfeño. Uno jurídico del servicio administrativo de Política Territorial, coincidente con otro encargado por la misma institución al profesor Francisco Villar, y otro del servicio técnico del mismo departamento del Cabildo.

Rodríguez informó al plenario que la Mesa del Parlamento ha aceptado la petición de su grupo para que el Ejecutivo haga un informe sobre las repercusiones económicas indemnizatorias derivadas de la aprobación de la proposición de ley. No obstante, lamentó ´que el órgano de gobierno del Legislativo rechazara una segunda solicitud para que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo evaluaran la constitucionalidad de la propuesta y para que se paralizara la tramitación de la misma hasta obtener los resultados de los citados informes.

El portavoz nacionalista criticó la actitud de Clavijo al eludir su deber de vetar la proposición de ley “a pesar de ser consciente” de su importante impacto en el presupuesto canario y por endosar al Parlamento las responsabilidades gubernamentales. La proposición de ley, en opinión de NC, “no es la vía” para la restauración de los barrancos de Güímar sino un plan territorial de la administración insular, como también indican los informes gubernamentales.