Tras disminuir sus partidas en los Presupuestos de 2013 en 4,5 millones de euros, ahora la aumenta en 1,5,  un tercio de lo recortado

Nueva Canarias denuncia que el gobierno canario hace propaganda con la Prestación Canaria de Inserción (PCI)

• El tiempo de respuesta ante situaciones de auténtica emergencia debiera reducirse a dos meses, como en otras Comunidades

Nueva Canarias considera un nuevo ejercicio de propaganda las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aprobadas este jueves por el Gobierno de Canarias. Con ello, el Ejecutivo canario rectifica tarde y mal lo que hizo a la hora de aprobar los Presupuestos de la Comunidad: recortar un 20% las partidas destinadas al PCI y en un 50% las dirigidas a su gestión por parte de los ayuntamientos.

Ahora eleva las mismas en 1,5 millones de euros, es decir, en un tercio de los 4,5 millones que recortó en las cuentas públicas para 2013. Además, sus previsiones de que con las modificaciones establecidas se van a incorporar 3.000 personas más, están escasamente fundamentadas. Sólo con una mejor gestión y con más dotación presupuestaria la PCI podrá impactar en la dramática realidad de pobreza y exclusión social de las Islas.

En ese sentido, la formación nacionalista reitera la petición del incremento de la cantidad destinada a la Prestación Canaria de Inserción en el período 2013-2015, como ya hizo en su momento ante el Parlamento canario en el debate de la ‘Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano’.  De forma que para ese último año, 2015, alcance los 40 millones de euros, duplicando lo consignado en estos momentos.

Por otra parte, desde NC se solicita al Gobierno de Canarias que restituya a los ayuntamientos los 2,5 millones de euros recortados en la partida destinada a la gestión municipal de esta prestación; un recorte que hace que en muchos municipios no se estén tramitando las solicitudes.

Exclusión social

Nueva Canarias propone, asimismo, ampliar el colectivo que puede acogerse a la misma, incluyendo a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social. Así como garantizar el acceso rápido a la misma, mejorando y agilizando los actuales procedimientos administrativos, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión; y, además, estableciendo por ley un máximo de dos meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte de la Administración pública correspondiente.

Al respecto, hay que recordar que el Diputado del Común ha denunciado que en nuestro Archipiélago se tarda hasta un año en resolver estas ayudas que por su naturaleza son básicas y urgentes, al estar dirigidas a personas y familias que no tienen para comer o para pagar la luz y el agua. En otras Comunidades los tiempos establecidos son de un máximo de dos meses.