MANIFIESTO

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN PARA TODAS

Un grito global, desde hace décadas, recorre el mundo diariamente por nuestro derecho a decidir. Grito que sale de millones de gargantas envueltas en pañuelos verdes.

Cada 28 de septiembre, en el Día Internacional de la lucha por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos exigimos que esos derechos los podamos tener todas. En unos lugares, exigiendo tener leyes que despenalicen para no sentir el miedo y la angustia de que te detengan, juzguen y encarcelen o que llegues a morir si te impiden decidir sobre tu cuerpo y tu vida, como Malta o Andorra. En otros, luchando contra los retrocesos en las leyes que imponen sectores reaccionarios como en EEUU o Polonia (donde en 2020 se impusieron restricciones gravísimas como considerarlo ilegal en el supuesto de defecto grave e irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del feto) que abocan al aborto clandestino. Y en otros, luchando contra los sectores reaccionarios al mismo tiempo que seguimos exigiendo avances en la legislación y en la práctica, como en España, Irlanda, Argentina o la misma Colombia.

En la actualidad, producto de las continuas crisis económicas y la pandemia, se han agudizado las desigualdades en este sistema capitalista y patriarcal, y existen amenazas reales con nuevos recortes en nuestros derechos sexuales y reproductivos para mantener el control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad y nuestra identidad.

En el Estado Español sufrimos ya una contrarreforma, protagonizada por el PP en el 2015, arropado por grupos religiosos, que no fue a más por la lucha del movimiento feminista, pero que nos dejó una serie de restricciones que han hecho mucho daño a quienes decidían acceder a la interrupción de su embarazo. Esa contrarreforma es lo vigente y el gobierno actual la ha mantenido durante estos años, al igual que ha mantenido las barreras de procedimiento y normativas que obstaculizan el acceso al aborto. No nos olvidamos de seguir denunciando las dificultades para poder abortar en un centro sanitario público ni que aún sigue como delito en el Código Penal.

En 2020 destacamos las limitaciones por las restricciones en la movilidad o el no poder acceder a unos servicios públicos de salud desbordados, con empleos precarios, cierre de servicios de información, etc. Pero pasado lo peor de la pandemia vemos que la situación no ha mejorado. El Sistema Sanitario público está atravesando una situación gravísima por falta de inversión; el trato a quienes tienen que abortar porque así lo han decidido, es inapropiado, la desinformación en torno a realidades diversas es muy generalizado y no todas tienen las mismas posibilidades, como las migrantes por la existencia de una nefasta Ley de Extranjería, y de las que destacamos el caso de quienes vienen en pateras, algunas embarazadas como resultado de violaciones y que se les informa parcialmente, negándoles por esa vía la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas en caso de riesgo para la vida o salud de la embarazada o porque existan anomalías graves en el feto.

En Canarias seguimos con las barreras de desplazamiento para solicitar una IVE, hay que acudir hasta tres veces a las Direcciones de Área de Salud, situadas en las capitales de cada isla, para cumplimentar los trámites, ya que no se permite realizarlo a través de los centros de Atención Primaria; el cuarto desplazamiento es para la realización de la intervención.

Por otro lado, el protocolo establecido por el Servicio Canario de Salud hace que el 96,9% de las IVE practicadas en Canarias en 2020 se hayan realizado en centros sanitarios privados y tan solo un 3,1% en centros públicos. Esto obedece a que el Servicio Canario de la Salud deriva a las clínicas privadas todas las IVES solicitadas “a petición de la mujer”, que en 2020 representaron el 96,4%. En la red pública, la IVE se convierte en una excepcionalidad.

La realidad es que destruyen la sanidad pública en beneficio de una privada a costa de dinero público al mismo tiempo que aplican criterios morales para restringir el derecho a abortar en los hospitales públicos.

El aborto no es un dilema moral que haya que debatir, es una decisión de cada persona, por lo que denunciamos el acoso al que se ven sometidas por grupos de ultraderecha y ultra-religiosos que se apostan fuera de las clínicas o que usan sus profesiones sanitarias para coaccionarlas.

Denunciamos el que se usen los púlpitos de las iglesias y las fiestas de los pueblos para lanzar proclamas contra los derechos de las mujeres y que los gobernantes, en un estado supuestamente aconfesional, sigan amparándoles con su asistencia a este tipo de actos y solo condenen dichas declaraciones en twitter en un intento ridículo de justificarse. Se espera más de quienes dicen defender nuestros derechos.

De los partidos de derechas y ultraderecha no nos sorprende su reacción de apoyo a este tipo de declaraciones de distintos obispos y del clero, porque siempre van en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Esa derecha que mantiene intacto los dictados franquistas, envueltos en el manto religioso y amparados por el alza de la reacción fascista a nivel mundial, que aprovechó los momentos de crisis para revertir los derechos conseguidos y así tener mayor control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y disidentes sexuales y de género, esa derecha vuelve a lanzar todo su poder para revertir lo conseguido y que no podamos avanzar.

En estos tiempos nos volvemos a posicionar frente a una nueva reforma que ya está en las Cortes para su debate, que sabemos volverá a encender y ocupar mucho tiempo de los llamados debates televisivos, periodísticos y de radio. Hablarán tertulianos, moralistas, opinadores,… Tendremos que recordarles que somos nosotras quienes decidimos porque son nuestros cuerpos y nuestras vidas, que es un derecho irrenunciable, un derecho que tiene que tener unos servicios para poder ejercerlo.

Por lo expuesto:

Exigimos la eliminación de las distintas limitaciones existentes en la Ley y en las normativas que impiden interrumpir un embarazo no deseado, como la de la edad, los consentimientos paternos, los días de reflexión, los excesivos trámites burocráticos,…

Exigimos una regulación específica de la objeción de conciencia en los centros públicos canarios que no menoscabe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El personal sanitario no puede anteponer sus creencias políticas o religiosas a la hora de llevar a cabo sus funciones, pues el derecho a interrumpir un embarazo es un derecho no sujeto a la moralidad de los demás, sino de la persona que decide sobre si cuerpo y su vida.

Exigimos servicios de salud sexual y reproductiva con atención profesionalizada competente para abordar los distintos aspectos relacionados con la sexualidad y la anticoncepción. Exigimos la puesta en marcha de mecanismos para eliminar las disparidades y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos para todas las personas, sea cual sea su circunstancia.

Exigimos que se aborde de forma integral el desarrollo de una Educación y Atención Sexual y Afectiva con perspectiva de género y no cisheteronormativa, que ayude a eliminar prejuicios, desigualdades y violencias en las relaciones y en las formas de entender la sexualidad, apostando por la educación como base de todos los cambios. Es básico formarnos en la afectividad, en la sexualidad, en la diversidad y en el respeto para vivir y resolver satisfactoria y responsablemente nuestras necesidades de relación y de vinculación afectiva y erótica. Para ello es necesario que esos conocimientos y herramientas se ofrezcan de forma estructurada y continuada en el aula, formando parte de los contenidos curriculares, contar con tiempo, materiales y docentes con competencias para implementar esta formación, en colaboración y coordinación con las familias y los servicios sanitarios y sociales.