Podemos Canarias propone la creación por ley de una Oficina Anti fraude que acabe con la impunidad de los corruptos

La organización política presenta la medida estrella de su programa contra la corrupción, que según cifras de la ULPGC, tiene un coste social anual de 2.000 millones de euros.

Para acabar con la sensación de impunidad que tiene la sociedad respecto a la corrupción, para oxigenar el sistema democrático y económico y lograr la transparencia que requiere el cambio que Podemos se propone llevar a las instituciones, la organización ha presentado hoy una de las medidas estrella del programa electoral: la creación por ley de una oficina antifraude comisionada por el Parlamento y cuya cabeza rectora sea elegida por la ciudadanía.

Y es que, según las cifras que ha ofrecido hoy en rueda de prensa Carmen Valido, miembro de la lista de Podemos al Cabildo de Gran Canaria, el coste social de la corrupción es de 2.000 millones de euros anuales, lo cual equivale a la suma de las partidas destinadas a sanidad, educación y políticas de empleo.

Además, Según datos del informe del Consejo General del Poder Judicial en abril de 2013, Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más casos de corrupción  judicializados de extrema complejidad. 197 casos que afectan a más de un 40% de los ayuntamientos (35 de 88).

“La corrupción afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración”, ha argumentado la candidata de Podemos.

A los casos de corrupción hay que sumar todos aquellos en los que concurren negligencias de los gobiernos, que llevan al pago de indemnizaciones millonarias como el caso Tebeto, el caso Tindaya, el caso de Montaña Rayada o el caso del ampliación de la sede tinerfeña del Parlamento de Canarias.

A pesar de las imputaciones, según ha destacado Valido, muchos de los políticos inmersos en casos abiertos e investigados se presentan en distintas listas a las próximas elecciones.

La propuesta de Podemos para romper esta inercia –que recoge el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción- es la existencia de un órgano especializado e independiente encargado de la prevención de la corrupción. Es decir, crear, mediante desarrollo de ley por el Parlamento de Canarias la Oficina Antifraude, que será comisionada por el Parlamento para asegurar su independencia. “Es una medida programática que propondremos al resto de partidos, y esperamos su apoyo”.

Esta Oficina, según ha detallado la candidata, trabajará para fortalecer la transparencia e integridad del sector púbico en Canarias, y del privado en su relación con ella, “velando por el cumplimiento de las buenas conductas, la correcta concesión de fondos públicos, porque no se den conductas que impliquen conflictos de intereses o el beneficio privado derivado de información que tengas los políticos, altos cargos y personal al servicio de la administración pública”.

La oficina, que  tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, se desarrollará en tres niveles. El de prevención, donde se ofrecerán desde programas de formación para altos cargos, alcaldes, concejales etc, hasta programas de lucha contra la corrupción o propuestas y recomendaciones para la elaboración de leyes. Un segundo nivel de denuncias e investigación, donde se denunciará de oficio, a instancias de otro organismo, a través de las denuncias presentadas por empleados públicos o de particulares. Denuncias que no serán anónimas pero sí habrá un protocolo para la indemnidad personal y profesional del denunciante, proporcionándole asesoramiento. Tras una investigación, si hay delito, se remitirá a la fiscalía anticorrupción.

Y el tercer y último nivel es el de la publicidad, ya que las conclusiones de la investigación se presentarán en el Parlamento y se publicitarán en la página web de la Oficina.

“Tenemos un mapa de la corrupción que pone los pelos de punta, la sociedad tiene una sensación de impunidad terrible, de que nunca pasa nada, y el cambio real pasa por acabar con eso, la sensación tiene que ser de servidumbre, y en este caso de transparencia, de oxigenación, es imprescindible para la democracia” ha concluido la secretaria general de la organización, Meri Pita.