Podemos pide a Clavijo que negocie con los bancos “el fin del abusivo” IRPH

• La formación morada recuerda que los servicios jurídicos de la Comisión Europea ya han asegurado que el índice de referencia de préstamos hipotecarios no ofrece garantía de transparencia.

• Noemí Santana cree que es vital negociar “el reintegro de todos los intereses cobrados de manera abusiva a los consumidores” en referencia al IRPH y “revocar los desahucios por ejecución hipotecaria referidos a cualquiera de sus variedades”.

• En Canarias están afectadas 50.000 familias por la aplicación de un índice “opaco, no representativo del mercado y perjudicial para los consumidores”.

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias quiere que el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo exija “a las entidades bancarias que operen en Canarias” que “cesen de inmediato” de aplicar el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), toda vez que la Comisión Europea ha hecho público un informe elaborado por sus servicios jurídicos en el sentido de que ese índice no ofrece ninguna garantía de transparencia y puede resultar abusivo.

Por ello, la portavoz parlamentaria y secretaria general de la formación morada, Noemí Santana, quiere implicar tanto al Parlamento como al Ejecutivo canarios a que negocien con los bancos a que procedan “al reintegro de todos los intereses cobrados de manera abusiva a los consumidores” en referencia al IRPH “y busquen los mecanismos para revocar los desahucios por ejecución hipotecaria referidos a cualquiera de sus variedades”.

“Parece ser que la UE tiene más sentido común que, incluso, el Tribunal Supremo y apuesta por lo que siempre ha defendido Podemos: que el IRPH es opaco, influenciable por las entidades, no representativo del mercado, perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo”, ha asegurado Santana.

50.000 familias canarias afectadas

Por ello, la formación morada va a impulsar una iniciativa que registró en 2016 y que aún no ha sido debatida la Cámara regional, y en la que también se pide al gabinete que preside Clavijo “a priorizar el trabajo con las entidades bancarias que no mantengan este índice” y poner en marcha “todos los medios a su alcance para la defensa de los ciudadanos y ciudadanas afectadas, impulsando incluso una campaña institucional de información y un espacio dentro del portal web del organismo competente en materia de consumo en Canarias de información y asesoramiento sobre la materia”.

En este sentido, el diputado Juan Márquez recuerda que “en Canarias concretamente, hay más de 50.000 familias a las que se aplica el IRPH”, cuyos datos para fijarlo son facilitados por las propias entidades al Banco de España, “lo que lo convierte en un índice calculado de forma poco transparente e influenciable, que incumple algunas de las condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la Orden de 2011, de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios”

Por tal motivo, también quiere el Grupo Parlamentario Podemos Canarias que se recomiende “a los colegios de abogados de Canarias a que den formación específica a los colegiados, especialmente a los que estén inscritos en la sección civil del turno de oficio” con el fin de que, según Márquez, “recurran las ejecuciones en las que se emplee como referencia el IRPH, dada su opacidad y que supone una vulneración del libre consentimiento que debe primar en todos los contratos”.

O con la gente o con los poderosos

Como se recordará, y pese a que son más de 40 las sentencias dictadas por Juzgados de lo Mercantil de todo el Estado declarando nulo el IRPH, por abusivo, y condenando a las entidades bancarias a devolver las cantidades cobradas por la aplicación de este índice, el Tribunal Supremo (TS) consideró en noviembre de 2017 que el hecho de que una hipoteca esté referenciada al IRPH no implica que sea abusiva.

Este fallo del Supremo ha sido elevado por el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerar que  podía vulnerar la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores en productos financieros.

El pasado mes de septiembre, los servicios jurídicos de la Comisión Europea ha dirigido un informe contrario al criterio del TS dirigido a que el TJUE lo tome en consideración a la hora de resolver la cuestión.

“Nuestra propuesta es una nueva ocasión para que el presidente Clavijo demuestre si está al lado de la gente o, como es tradicional en él, apoya a los poderosos”, concluye Santana.