Quevedo defenderá las propuestas de los transportistas canarios en el Congreso

El diputado de NC argumentará la eliminación del tacógrafo, la racionalización del régimen sancionador y el rechazo a los procesos desreguladores

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, defenderá las propuestas de los transportistas canarios en la tramitación de la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Quevedo reiterará la necesidad de eliminar la obligatoriedad del tacógrafo, la racionalización del régimen sancionador y el rechazo a los procesos de desregulación del sector.

Estos planteamientos fueron consensuados en una reunión mantenida hoy por Pedro Quevedo y el concejal de NC, José Eduardo Ramírez, con la Federación de Empresarios de Transportes (FET), la organización más representativa de las Islas. Un encuentro de trabajo que, según el diputado de NC, ha servido para identificar las preocupaciones del sector y su traslación a medidas de interés a ser impulsadas durante la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados.

Tras la reunión, Quevedo anunció que defenderá "todas" las propuestas expuestas por una federación que aglutina a las empresas de transporte regular de viajeros, transporte escolar, turístico, de mercancías, maquinaria, sanitarios, taxis, alquiler de coches y limusinas.

El compromiso adquirido por el representante de NC se concreta en tres iniciativas. La primera consiste, según explicó, en que "se corrija el agravio" cometido con la obligatoriedad de llevar el tacógrafo en las Islas. Pedro Quevedo afirmó que el Gobierno estatal actuó de "forma injusta" con Canarias al hacer una interpretación "perjudicial" de una normativa europea, "con la que no tenemos ningún problema".

El diputado nacionalista recordó que la norma europea establece que se debe regular a las islas que tengan una superficie mayor de 2.300 kilómetros cuadrados. El Gobierno central, continuó, los redujo a 250 kilómetros cuadrados. En opinión de Quevedo es "absurdo" obligar a llevar el tacógrafo en Canarias porque "ni influye sobre la seguridad ni sobre los derechos de nadie teniendo en cuenta la realidad" de las Islas.

La segunda propuesta pasa por exigir una racionalización del régimen sancionador por ser "excesivamente intervencionista y caro". Las sanciones, continuó, deben adaptarse a la realidad existente y al volumen y dimensión de las empresas canarias, "de menor dimensión" que en la Península. Quevedo planteó además la posibilidad de que el cambio de la legislación estatal ayude a modificar la norma canaria.

La tercera iniciativa defiende la necesidad de regular "adecuadamente" el sector para "evitar" procesos de desregulación que, en lugar de traducirse en una mayor libertad, "comprometería seriamente" la competitividad y la seguridad del sector.