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21:15h. miércoles, 25 de mayo de 2022

Sí se puede considera que se han cometido irregularidades en la concesión de licencias de FM en Canarias



Sí se puede, a través de su portavoz insular, Fernando Sabaté, ante la publicación en el BOC del decreto que regula la concesión de licencias de FM, ha mostrado nuevamente su rechazo a la forma en la que se realizó este concurso público. Los ecosocialistas consideran que en la adjudicación no se han tenido en cuenta los criterios y normativa que regulaba el propio concurso y “se ha tratado de favorecer a determinados grupos empresariales en detrimento de otros, además de dejar a un lado a las emisoras sociales y comunitarias”.

Sí se puede considera que se han cometido irregularidades en la concesión de licencias de FM en Canarias

 Apuestan por un modelo donde tengan cabida emisoras públicas junto con las privadas y comunitarias, que aseguren una verdadera pluralidad informativa

 Sí se puede, a través de su portavoz insular, Fernando Sabaté, ante la publicación en el BOC del decreto que regula la concesión de licencias de FM, ha mostrado nuevamente su rechazo a la forma en la que se realizó este concurso público. Los ecosocialistas consideran que en la adjudicación no se han tenido en cuenta los criterios y normativa que regulaba el propio concurso y “se ha tratado de favorecer a determinados grupos empresariales en detrimento de otros, además de dejar a un lado a las emisoras sociales y comunitarias”.

 El portavoz de Sí se puede rechaza no sólo el resultado de la adjudicación, sino todo el proceso en sí, que “ha pecado de falta de transparencia, al igual que ocurriera en su día con la concesión de licencias de TDT, y que finalmente quedó suspendida por una sentencia judicial en la que se reconocía incluso un incumplimiento de la legalidad y una intención de favorecer a algunos de los participantes”.

 Desde Sí se puede consideran que se han cometido irregularidades en estas concesiones y que la prueba más clara de las mismas está en la fractura que esta decisión ha generado en el propio Gobierno canario. Creen desde la formación de izquierdas que los anuncios de posibles nuevas licencias o el reparto de las licencias que sean devueltas “representan una falta de respeto a la inteligencia de las emisoras y a sus trabajadores que han quedado fuera de este concurso, que se calcula que dejará a unas doscientas personas sin empleo”.

 En opinión del portavoz de Sí se puede “hay una incongruencia entre los requisitos exigidos en el concurso y la asignación final de las licencias, que parece premiar a quienes no los reunían. El carácter local o insular, así como la pluralidad de información, la programación propia o la capacidad de debate, que estaban mejor valorados en el concurso, finalmente han sido ignorados al concederse la mayor parte de licencias a emisoras musicales de ámbito estatal. Incluso a la hora de adjudicar puntuación, se han asignado valores diferentes a emisoras que cumplían las mismas condiciones, simplemente por residir en diferentes municipios”.

 “El hecho de que algunas empresas acumulen concesiones y carezcan de medios para poder dar de alta tantas emisoras, parece confirmar la sospecha de que surjan intermediarios que arrienden señales a terceros en lugar de dar contenido a la frecuencia concedida” afirma Sabaté.

 Para Sí se puede, los datos son muy significativos por sí solos, ya que de las 155 frecuencias adjudicadas finalmente en Canarias, sólo el 38% son para empresas locales, siendo el resto para empresas foráneas, que no habían trabajado previamente en las Islas. Del total de adjudicaciones, 88 han sido otorgadas a sólo 3 empresas.

 Por último, Sabaté afirma que resulta preocupante que “algunas de las empresas a las que se ha adjudicado gran número de licencias no pueda poner en marcha esas emisoras por los requisitos exigidos en cuanto a plantilla profesional y su programación propia en un período de tiempo determinado, tal y como exigía el concurso. En la organización de izquierdas creen que esto puede generar un caso de falta de viabilidad jurídica, que será comprobado en los próximos 18 meses que se da de plazo para su ejecución, lo cual ha permitido en otros procesos similares avalar recursos y dictar sentencias de nulidad incluso a nivel del Tribunal Supremo.