Pedro Arcila pide a Ángela Mena que explique lasirregularidades en una promoción de viviendas municipales en El Tablero

Asunción Frías preguntará al concejal de Atención Social sobre el grado de cumplimiento del protocolo de emergencia social

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha solicitado la comparecencia de Ángela Mena, consejera delegada de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife, ante la Comisión de Control del Ayuntamiento que se celebra mañana, para tratar sobre las irregularidades que esta organización ha detectado en la tramitación de la unidad de actuación en El Tablero, en la que la sociedad municipal es propietaria mayoritaria de los terrenos.

 Por su parte, la concejala de Sí se puede en el mismo ayuntamiento, Asunción Frías, pedirá a José Ángel Martín —por ocupar provisionalmente el cargo de concejal de Atención Social— una explicación sobre el grado de cumplimiento del protocolo del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para responder a situaciones de emergencia social en el municipio. La pregunta de Frías está motivada por la atención a una familia afectada por un desahucio que, según quejas del personal técnico del IMAS, ha sido atendida sin seguir las pautas establecidas, de forma que, supuestamente, recibe un trato de favor frente a personas en semejante o peor situación que esperan desde hace meses una Prestación Económica de Asistencia Social (PEAS).

 Además, los concejales de Sí se puede han pedido la comparecencia del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, para que informe sobre los expedientes sancionadores por ocupación de la vía pública con sillas y mesas y pedirán al edil de Urbanismo, José Ángel Martín, una explicación sobre el mantenimiento de antenas de telefonía móvil, toda vez que este concejal ha manifestado reiteradamente en medios de comunicación y en reuniones vecinales que la Gerencia de Urbanismo había dado orden de exigir el ceso de actividad y la retirada de las antenas.

Varias irregularidades

Respecto a las irregularidades en el caso de la unidad de actuación en El Tablero, Arcila señala que en la parte de la que es propietaria la sociedad municipal de viviendas “no se ha cedido ni un metro cuadrado de terrenos para dotaciones, espacios libres o zonas verdes” y se afecta para este uso a más de diez inmuebles de vecinos de la zona, que son el resto de los propietarios minoritarios de la unidad de actuación. Además, la sociedad regentada por Ángela Mena ha solicitado una subvención para un proyecto de electrificación cuando las instalaciones ya existen y funcionan “a la perfección desde hace varios años”.

 En este sentido, Arcila lamenta la política de Viviendas Municipales, “más proclive a intervenir como promotor privado que como una empresa pública, que debe asumir el cometido de crear viviendas protegidas de promoción pública”. El portavoz de Sí se puede en Santa Cruz considera que la sociedad municipal obtiene fondos públicos y beneficia a promotores privados.

 En su intervención respecto al supuesto trato de favor hacia una familia afectada por un desahucio, Asunción Frías se hará eco también de las quejas de la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Tenerife (PAH) sobre el trato irrespetuoso de responsables técnicos del IMAS hacia la dignidad de esta familia, ya que, según señala la concejala de Sí se puede, “no tiene ninguna responsabilidad” en este posible incumplimiento del protocolo.

 Ante esta situación, Frías recalca que el Ayuntamiento está obligado a dar a las problemáticas sociales una respuesta “eficaz, justa y equitativa en todos los casos”, al tiempo que subraya que “igual que no debe darse un trato de favor porque exista una mayor presión política o mediática, tampoco puede culpabilizarse a una familia por estar recibiendo la ayuda que le corresponde en justicia y que deben recibir todas las personas que se encuentren en su misma situación”.

 Dámaso Arteaga comparecerá por iniciativa de Sí se puede para explicar por qué se ha dejado transcurrir el plazo fijado para la resolución de los expedientes sancionadores incoados por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas sin autorización. Sí se puede estima que esta actuación es un trato de privilegio hacia los establecimientos que incumplen la norma, frente a la mayoría de los bares y restaurantes de Santa Cruz, que “están pagando religiosamente las tasas”.

 Sí se puede reclama a José Ángel Martín que explique por qué se ha dilatado la notificación a las compañías telefónicas para retirar las antenas de telefonía móvil de la calle Calabria, en María Jiménez, y de la calle Caléndula, en El Sobradillo, ya que contravienen la normativa urbanística, según reconoce el consistorio.