Un Barrio para Vivir

El pasado 12 de Mayo de 2018 numerosos colectivos a nivel nacional e internacional salimos a la calle para reivindicar el derecho a la vivienda, el uso del espacio público y la vida de los barrios para la gente que los habita.

Una de las denuncias más actuales a este modelo de desarrollo hace hincapié en las consecuencias que el aumento de la oferta de alquiler vacacional está produciendo en los barrios residenciales y en la clase trabajadora de las islas. El vertiginoso aumento de la oferta de alquiler vacacional en detrimento del residencial y en consecuencia una subida de precios prohibitiva, está provocando desplazamientos forzosos de vecinos y vecinas de los barrios con pocas posibilidades de acceso a una vivienda digna, así como un llamamiento a empresas inmobiliarias que compran y especulan con edificios enteros para este fin, convirtiendo nuestros espacios de convivencia, rellanos, calles y plazas, en parques temáticos para uso y disfrute de gente que está de paso.

Atendiendo a precedentes que sitúan a lugares como Baleares, Fuerteventura o Lanzarote en un momento crítico para el acceso a una vivienda digna, no sólo para sus habitantes sino para el personal requerido para necesidades educativas o sanitarias, el Gobierno de Canarias propone un borrador para la regulación de esta problemática de espaldas a la ciudadanía a la cual representa.

Ante la urgencia de la ciudadanía de una regulación de la vivienda vacacional por la dificultad de acceso en los últimos tiempos a una vivienda digna y que podamos pagar, el Gobierno de Canarias responde prohibiendo la oferta de alquiler vacacional sólo en las zonas turísticas o a criterio de Ayuntamientos y Cabildos según los casos y la planificación urbanística. No existe en el borrador un solo párrafo que responda a la defensa de los derehos de la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias, con el borrador que propone, como muy bien sabe, sólo soluciona los problemas de sus amigos de las zonas turísticas, los empresarios hoteleros. Los mismos, que lejos de destinar alguna partida de los millones de beneficios que ganan cada año a generar y dignificar puestos de trabajo, precarizan y explotan a sus trabajadores/as y especulan con nuestro territorio. Esos mismos trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder a un lugar digno donde vivir y al que con esta propuesta no están dando respuesta.

Reconocen, en un decreto cuyo objeto debería ser regular la situación que vulnera el derecho básico y constitucional a la vivienda, el “principio básico de impulsar o facilitar el desarrollo de los nuevos requerimientos del mercado turístico, desarrollando políticas territoriales de acuerdo con la planificación turística” y en el siguiente epígrafe “armonizar la expansión de esta oferta turística con el desarrollo de otros sectores y con el equilibrio social”. El mercado turístico y el equilibrio social chocan de manera frontal, desde hace mucho tiempo. Y, con esta propuesta de decreto que vuelve a situar los intereses de los mercados por encima de la gente, hablar de equilibrio social es un oxímoron.

Desde el colectivo Un Barrio para Vivir queremos seguir denunciando la gentrificación, el modelo de desarrollo turístico actual y como consecuencia el desplazamiento forzoso de la población por la falta de acceso a una vivienda digna por el aumento de la oferta del alquiler vacacional y la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos.

Hoy, 6 de Septiembre de 2018, nos manifestamos desde un símbolo del modelo turístico, la Guagua Turística, para denunciar un modelo económico que pone los derechos de la ciudadanía al servicio del turismo y que permite que un bien de primera necesidad como la vivienda pertenezca al libre mercado.

Exigimos a Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno de Canarias y Gobierno Central que se pongan a trabajar activando sus canales competenciales para legislar a favor de los derechos de la ciudadanía a la cual representan en materia de vivienda, turismo y convivencia.

El barrio para quien lo habita, no para quien lo visita.