Una vez más, Nueva Canarias en defensa de los derechos sanitarios de los inmigrantes irregulares en Canarias

El Servicio Canario de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, retiró durante los seis últimos meses del año pasado 48.652 tarjetas sanitarias a sus titulares, según señala la respuesta oficial a una pregunta parlamentaria. Esta reducción de beneficiarios de tarjetas sanitarias se produjo como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. Esta nueva normativa suponía, entre otras cosas, la pérdida de tal derecho para los inmigrantes irregulares (llamados también "extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en el territorio español").

La comunidad autónoma del País Vasco se opuso a esta restricción a la atención sanitaria, manteniendo el derecho a toda la población que vive en su Comunidad al margen de su condición legal y que ha visto su actuación refrendada  por el Tribunal Constitucional  mediante un auto que levantó la suspensión de la normativa autonómica que planteó en su momento el Gobierno central.

Mientras en Canarias, a pesar de las declaraciones del Gobierno en contra del Real-Decreto Ley estatal y de que ninguna persona se quedaría sin asistencia sanitaria, se han retirado 48.652 tarjetas sanitarias. La Consejería arguye que la mayoría de los afectados ya no residen en Canarias, cosa que parece poco creíble cuando  por otro lado el discurso oficial de Presidente del Gobierno es que los incrementos de paro siempre se deben a la llegada de personas de fuera.

Y que el Gobierno canario ha publicado la ORDEN de 14 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la puesta en marcha de las actuaciones en materia de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, dirigidas a personas extranjeras no autorizadas. No obstante la Consejera en la Comparecencia solicitada por el grupo de NC sobre este asunto, sustanciada en la comisión parlamentarias de sanidad, el pasado 8 de marzo no le supo responder al diputado Román Rodríguez, cuantas personas se han acogida a la misma, debido a que el conjunto de requisitos exigibles son prácticamente incumplibles. Al final del correo les detallo los requisitos que exige la Orden para que un inmigrante pueda acogerse a la asistencia sanitaria.

Una reciente información periodística señala que sólo 20 personas se han acogido a esta Orden.

Por este motivo hemos registrado una nueva pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito para que nos informe de cuántas personas  se han acogido a esta orden y una Pregunta a la Consejera, para su debate en Pleno, sobre si piensa modificar esta Orden para flexibilizar los requisitos para que un inmigrante pueda acogerse a ella, visto el fracaso del resultado de la misma. Les adjunto ambas iniciativas.

El grupo parlamentario de NC ha presentado, aparte de estas dos,  numerosas iniciativas en defensa de la universalización del derecho a la prestación sanitaria y especialmente en contra de retirar la asistencia sanitaria a las personas más vulnerables. Resumimos algunas:

-          Comparecencia de la Consejera de Sanidad ante el Pleno, registrada el 3 de septiembre de 2012 para que informara de las medidas que pensaba adoptar al entrar en vigor el 1 de septiembre el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril.

-          Enmienda a la PNL de CC criticando al Gobierno central por el Real Decreto 16/2012, pero como siempre olvidándose de las responsabilidades del Gobierno canario. En la enmienda de NC se le exigía al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para dar cobertura a las personas que la perdían. Se vio en el Pleno del 10 de septiembre de 2012.

-          Pregunta a la Consejera de Sanidad en Pleno sobre lo mismo el 14 de enero de 2013.

-          Comparecencia de la Consejera de Sanidad en Comisión registrada el 10 de enero, que como les he dicho se sustanció en la Comisión celebrada el 8 de marzo de 2013.

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Requisitos establecidos por la ORDEN de 14 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la puesta en marcha de las actuaciones en materia de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, dirigidas a personas extranjeras no autorizadas.

La orden establece un conjunto de requisitos que son incumplibles para gran parte de los afectados, como han denunciado las asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

En efecto, la Orden exige estar empadronado en un ayuntamiento canario con una antigüedad igual o mayor a un año; deben presentar un certificado de carecer de recursos económicos en su país de origen, copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio fiscal del solicitante y de los miembros de la unidad familiar obligados a presentarla en su país de origen; etc

Además deben acreditar no disponer de ingresos, en España o en su país de origen o procedencia, que sean iguales o superiores en el cómputo anual al IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que viene a ser que sus ingresos sean inferiores a los 532 euros al mes.

Por último, si superaran toda esta carrera de obstáculos, los inmigrantes no tendrían los derechos sanitarios de cualquier otro ciudadano, sino que estos serían más limitados, especialmente grave me parece el que no tengan derecho a la prestación de Farmacia ambulatoria, por lo que según la orden “el paciente deberá abonar el 100% del precio”.

Nos parece que la crisis  económica no puede ser excusa para dejar fuera del derecho a la salud de personas que viven entre nosotros.