Valoración de la Fundación César Manrique del Anteproyecto de Ley del Suelo que promueve el Gobierno de Canarias 

La Fundación César Manrique (FCM) considera el Anteproyecto de Ley del Suelo redactado por el Gobierno de Canarias, en fase de tramitación, una iniciativa regresiva, con efectos demoledores para el futuro inmediato del territorio y los recursos naturales de Canarias, merecedora de un rechazo sin paliativos. Sin duda, determinará un antes y un después en las Islas, de graves consecuencias, al eliminar de un plumazo cualquier atisbo de equilibrio entre desarrollo urbanístico, actividad económica y protección del medio. El gobierno de Canarias ha optado por el radicalismo legislativo en materia de urbanismo respondiendo a intereses empresariales y a partir de una concepción desgastada de la economía.

PORTAZO A LA CULTURA SOCIAL Y LEGISLATIVA SOBRE EL TERRITORIO ACUMULADA

El anteproyecto de Ley del Suelo hace tabla rasa con la cultura legislativa del territorio acumulada en Canarias durante los últimos lustros y, con mayor vigor, en Lanzarote, a partir de los estímulos creados por César Manrique. Desprecia, además, la cultura social al respecto construida en las Islas. Por tanto, bajo el formato de una ley clásica del suelo, en realidad el Anteproyecto del Gobierno de Canarias se presenta como un instrumento destinado a hacer saltar por los aires avances históricos en materia de gestión y ordenación del territorio, como condicionante previo a los usos del suelo: jerarquía superior a lo local en el gobierno del territorio, sostenibilidad y carga, suelo como recurso limitado, valores naturales… De facto, supone también una irresponsabilidad de mayor calado: habilitar política y legalmente el regreso al desarrollismo de los años setenta y ochenta. Todo ello en un marco global incierto y complejo de términos de crisis ambiental y de gestión de los bienes limitados de que dispone el planeta.

Resulta verdaderamente sorprendente cómo una Ley de esta envergadura, tan extremista e inconexa con los marcos legislativos del suelo anteriores, se plantea sin partir de un diagnóstico de alcance y sistemático de la situación territorial, urbanística, medioambiental y turística de Canarias. Se desentiende del análisis de las capacidades de uso que quedan en los suelos urbanos y urbanizables actuales, de los datos claves del metabolismo insular, de la ocupación de suelo, de la capacidad de carga, de la huella ecológica, de las dinámicas del suelo en los últimos años, de la conflictividad que se ha generado, de la corrupción urbanística, del balance entre actividad y biocapacidad ecológica, de las perspectivas del cambio climático en Canarias (hidrología, suelos, temperatura y relación con el mar), de las necesidades turístico-residenciales, de la 1 evolución de los paisajes, de la calidad de la gobernabilidad...

Partir de un diagnóstico riguroso debería constituir una premisa obligada de un acto legislativo de esta envergadura, acompañado de un debate público participativo serio, previo, que el Gobierno de Canarias y los redactores del Anteproyecto han eludido. Para justificar la radicalidad del anteproyecto de Ley se ha utilizado como excusa la necesidad de simplificar una real maraña legislativa, de nuevo sin diagnosticar previamente por qué se ha producido esa situación. La lectura más inmediata podría plantearse en los siguientes términos: para no tener que saltarse las leyes, suprímanse las leyes que tendrían que vulnerarse, es decir, cuanto incomoda y molesta. Y de paso, a desregular, a liberalizar y a adelgazar la Administración. Las causas de la inflación de la normativa existente y de su complejidad tienen más que ver con un modo de hacer y operar en política y con las interacciones patológicas de las administraciones y los sectores empresariales, que con los intereses públicos y generales o con razones estrictamente técnico-jurídicas.

DESATENCIÓN A LAS TENDENCIAS GLOBALES EN ASUNTOS CLAVE PARA CANARIAS

Parece razonable pensar que cualquier ley trascendente de un territorio tan dependiente y vulnerable como Canarias debería tomar en consideración las tendencias globales en ciertos temas clave para reflexionar y actuar desde una visión integral, con perspectivas de corto y medio plazo (2050), cuando menos. Más allá de las expectativas sobre la evolución económico-turística, de los cambios en curso que se están produciendo en la industria del turismo y de la coyuntura de los mercados en el Mediterráneo y África del Norte, resulta sorprendente la negligencia con que se orillan asuntos como la cuestión energética y su interrelación con el transporte exterior; la necesidad de establecer hojas de ruta regionales en términos climáticos y de energía acordes con las políticas internacionales; la conveniencia de aumentar la capacidad regional de autonomía energética, hídrica y alimentaria; la incidencia del cambio climático en las islas para anticipar estrategias de adaptación y resiliencia; o la importancia de preservar los sistemas agrícolas y ambientales terrestres y marinos en continuo deterioro.

Ninguna de estas cuestiones se trasluce en el Anteproyecto, que, desde concepciones regresivas y neoliberales, se ocupa de administrar la gestión del suelo concibiéndolo como una mera mercancía, como un producto de mercado, y no como un bien común escaso. Así, no se duda en identificar urbanismo con “desarrollo” urbano, para lo que se convierte la Ley en un medio destinado a dar cobertura técnica, de forma más simplificada y operativa, a las viejas dinámicas de ocupación de suelo, puesto en manos de los operadores urbanísticos: autoridades locales y promotores. Se abandona, pues, cualquier pretensión de asumir como propio del Gobierno cualquier reto relacionado con el territorio de acuerdo con las lógicas de acotar lo que en sí mismo es un recurso limitado, reordenar, recualificar y valorizar lo degradado, o armonizar y jerarquizar la asignación de recursos escasos.

UNA LEY MUY IDEOLÓGICA Y A LA VEZ TECNOCRÁTICA QUE CONTENTA A LAS PATRONALES Y PONE EN RIESGO EL BIEN COMÚN

En un marco como el nuestro, con unas condiciones y una historia reciente tan contradictoria en materia de gestión del suelo, la revisión de cualquier ley determinante debería estar precedida por una buena información, esto es, por un buen diagnóstico con conclusiones acreditadas sobre los contenidos de las materias que se van a revisar, si se quieren iniciar procesos solventes hacia el futuro. Elaborar una ley de este tipo exclusivamente desde el mundo jurídico, prescindiendo de la experiencia institucional del territorio, de la historia del lugar y de las características del contexto específico en que se opera, es una temeridad que impide obtener resultados aceptables. Así, la conclusión es la que tenemos: un Anteproyecto de Ley insuficiente y tecnocrático por acultural, con una muy definida directriz política en sus líneas sustantivas de enfoque, responsabilidad del presidente Fernando Clavijo, apoyada por el PSOE, su socio de gobierno. Cuando se alumbra una ley importante por equipos técnicos cualificados desde una perspectiva sectorial-jurídica, pero que no entra a considerar cuestiones como las señaladas, los resultados pueden ser del todo insuficientes para encarar un futuro prometedor. Por ello, más allá de la calidad disciplinar y de los aciertos relativos del Anteproyecto (renunciar al suelo urbanizable no programado, suprimir la caducidad de los instrumentos de ordenación, elaboración de un catálogo de impactos, el informe único de la Administración, la simplificación de determinadas obras en suelo urbano y rústico, introducir la “compensación para conservar” o la defensa, poco innovadora, del suelo rústico y protegido…), las mejoras puntuales se evaporan ante las lagunas estructurales apuntadas.

Las consecuencias naturales del clima ideológico que alimenta el Anteproyecto de Ley, ardorosamente aplaudido por las patronales empresariales del sector (para quienes está pensado, redactado y destinado), se hacen evidentes: profundizará en la pérdida de competitividad y calidad, aumentará las asimetrías entre municipios, favorecerá que se multiplique la especulación, e impulsará el deterioro del paisaje y la insostenibilidad ambiental, además del desarrollismo urbanístico, el desorden territorial y la estandarización y banalización del destino turístico. Dicho de otro modo, el Gobierno de Canarias le entrega un presente a los empresarios mientras le quita el futuro a los ciudadanos.

LEY DEL SUELO DESVINCULADA DE LEY DEL TURISMO

Igualmente inexplicable resulta el planteamiento de la Ley del Suelo al desvincularse de cualquier consideración sobre la Ley del Turismo. En Canarias, regular el suelo sin tomar en consideración la regulación del turismo es partir una misma criatura por la mitad. Se puede naturalmente hacer leyes sectoriales, pero no es de recibo separar el análisis de temas relacionados con el soporte, el suelo en este caso, de su uso, o sea de actividades tan determinantes como el turismo, el desarrollo urbano, las necesidades 3 agrícolas o la calidad de los paisajes. La misma ley del suelo con estrategias de uso diferentes puede ser buena o un desastre. Separar contenedor y contenido no resulta entendible de ninguna manera y conceptualmente cuestiona el planteamiento legislativo.

Por consiguiente, se produce una indeseable desconexión de la legislación turística y de los instrumentos de ordenación, planificación y programación de los usos turísticos, que siguen operando como un régimen sectorial y de “excepción” respecto a la racionalidad territorial, medioambiental y urbanística, como si los intereses inmediatos de los operadores turísticos fueran jerárquicamente superiores a la racionalidad en el uso del territorio.

UN FUTURO CONFLICTIVO. LA PELIGROSA MUNICIPALIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO

La difícil armonización de intereses públicos y privados y de intereses locales-insularesregionales, condicionada por la fragmentada estructura de representación institucional y por los intereses de poder de las islas capitalinas, ha hecho prácticamente imposible una política sostenida y racional en los temas sustantivos del territorio a largo plazo, alterando sucesivamente y de forma ligera, paradigmas y prioridades. Una vez más vuelve a suceder lo mismo, pero ahora sin complejos, dándole la vuelta a la situación para regresar al desarrollismo de los años setenta y ochenta. Se diluye por esta vía cualquier atisbo de estrategia territorial y se pierde la visión de conjunto y sus dinámicas, además de la perspectiva del medio y el largo plazo. Una verdadera involución, en la que resulta altamente significativa la grave sustitución de la COTMAC y eliminación de su estatuto actual por pérdida de competencias, con la consiguiente merma de supervisión y garantías de legalidad. La supresión del sistema bifásico Ayuntamiento-COTMAC, con la natural relajación de los controles, en aras de una supuesta agilidad y eficiencia y en detrimento de la seguridad jurídica, hace que se enciendan todas las alarmas y se encumbre el despropósito.

La pretendida descentralización de las políticas urbanísticas supone la cesión de las competencias de la Comunidad Autónoma en favor de los Ayuntamientos y Cabildos. Una transferencia de responsabilidades, apenas sin precedentes en el resto del Estado, cuyo alcance parece no haberse valorado suficientemente. La municipalización de los procesos de aprobación de los instrumentos urbanísticos sienta las bases de preocupantes distorsiones a varios niveles, comenzando por la invitación a generar situaciones dispares a la hora de aplicar la ley (tantas cuantas municipios hay), continuando por las dificultades técnicas, sobrecargas de trabajo, aumento de las presiones y responsabilidades ante tribunales sobrevenidas a las oficinas técnicas locales, para concluir en la inseguridad jurídica que se va a derivar de esta nueva situación y los costes económicos para los Ayuntamientos. La escasez de medios y la acumulación de trabajo a los que, por lo general, están sometidas las oficinas de urbanismo de los municipios provocará, sin duda, la externalización del planeamiento, 4 creciendo la vulnerabilidad de los procedimientos por los intereses privados de los agentes más influyentes.

Pocas dudas caben de la extraordinaria puerta que queda abierta a la conflictividad judicial, cuyas eventuales consecuencias de responsabilidad patrimonial se derivarán hacia las administraciones locales, toda vez que el Gobierno autónomo se desentiende del proceso. Los márgenes de imprecisión y discrecionalidad que deja abiertos el Anteproyecto, sometidos a una interpretación técnica restringida y a las apetencias políticas e inversoras, no constituyen ninguna garantía pacífica, antes al contrario. Se sienta, pues, un precedente grave, con visos de irreversibilidad una vez instalado, a la vez que se profundiza en la ruptura del principio de cohesión urbanística del Archipiélago (en un espacio discontinuo como el nuestro) y en los criterios compartidos en materia de paisaje y territorio. Parece poco oportuno, además, un cambio en las competencias urbanísticas en términos de subsidiariedad cuando el azote de la corrupción vinculada a la gestión de los instrumentos de ordenación del territorio golpea con fuerza. En un momento en que los ciudadanos se muestran extraordinariamente preocupados por estas dinámicas incrustadas en el corazón del sistema, que un día sí y otro también llevan a los medios de comunicación casos que suscitan el rechazo general, el Gobierno de Canarias prescinde de cualquier evaluación de la gobernanza municipal para concluir si procede o no municipalizar las competencias urbanísticas y arroja en manos de Ayuntamientos y Cabildos la gestión y disciplina del territorio. Relajar los controles sin tomar en consideración el buen gobierno ni revisar los instrumentos de gobierno regional e insular no parece una opción acertada, por el contrario se aleja de reforzar la transparencia y la participación social en asuntos estratégicos.

LA AMPLIACIÓN ILIMITADA DE LOS USOS EN SUELO RÚSTICO

La ampliación ilimitada de los usos ordinarios y no ordinarios en el suelo rústico resulta alarmante, además de un incentivo para generar una enorme presión mercantilista de consecuencias irreparables, por la fase acumulativa en la que se encuentran las Islas en materia de cargas e impactos sobre el territorio. Que el Anteproyecto de Ley del Suelo incluya proyectos singulares de interés insular o autonómico, promovidos por iniciativa pública o privada, que puedan aprobarse discrecionalmente, a través de procedimientos excepcionales y, por lo tanto, al margen de los planeamientos, pudiéndose ejecutar prácticamente en cualquier clase de suelo, no contribuye desde luego a despejar la inquietud, sino a todo lo contrario. Con solo una licencia municipal y la elástica justificación del interés público, podrá ejecutarse cualquier ocurrencia en suelo rústico, una magnífica vía para fomentar la especulación y descoyuntar el territorio con nuevos equipamientos, más infraestructuras, ofertas de ocio complementario banales, deterioro de la calidad paisajística y, en última instancia, menoscabar la singularidad de la oferta turística.

LA FCM PIDE LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO Y HACE UN LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD

Por todo ello, la Fundación César Manrique rechaza el Anteproyecto de Ley del Suelo presentado por el Gobierno de Canarias, hace un llamamiento a la sociedad civil para movilizarse en su contra y pide al Gobierno que lo retire para evitar un nuevo ciclo urbanístico-turístico desarrollista, especulativo y depredador que resultará nocivo para el futuro de las Islas en su conjunto.