Los argumentos de Carlos Mur sobre los “protocolos de la vergüenza”, suficientes para imputar a Ayuso - por Ernesto Carratalá
Los argumentos de Carlos Mur sobre los “protocolos de la vergüenza”, suficientes para imputar a Ayuso
Ernesto Carratalá
DIARIO 16
El exdirector general de coordinación sanitaria reconoció que se desviaron los recursos con los que se pensaba medicalizar las residencias, a otros puntos, y concreta el destino: al hospital de campaña montado en el Ifema de Madrid
Carlos Mur, el que fue director general de coordinación sanitaria del gobierno de Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, firmante de los llamados protocolos de la vergüenza que prohibían el traslado de los ancianos enfermos de COVID a los hospitales, tendrá que volver a declarar, esta vez en un juzgado de Collado Villalba.
Ya lo ha hecho en el 4 de Madrid y sus manifestaciones ante el juez para justificar las decisiones que adoptaron son esclarecedoras de lo que se pensaba en la Consejería de Sanidad, y en la Presidencia de la Comunidad. Los ancianos fallecidos en las residencias “habrían muerto igual, aunque se les hubiese trasladado a un hospital”. Puede ser, pero no deja de ser inaceptable sólo por un motivo: cuando entraron los militares de la UME en los centros se encontraron con escenas dantescas, horrorosas. Ancianos conviviendo con sus compañeros que llevaban muertos varios días. Eso, Carlos Mur no lo dice. Simplemente se limita a justificar lo sucedido: «Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principios de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencia saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual». Lo que pasa es que jamás recibieron ese tratamiento del que hablan.
Ya sólo por esas manifestaciones, efectuadas en sede judicial, la justicia debería tomar cartas en el asunto y buscar responsabilidades penales en los niveles más altos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y por si lo dicho fuera insuficiente hay momentos de las declaraciones de Mur que sustentan todavía más este argumento. El exdirector general de coordinación sanitaria llega a reconocer que se desviaron los recursos, con los que se pensaba medicalizar las residencias, a otros puntos, y concreta el destino: al hospital de campaña montado en el Ifema de Madrid. Dice que se agotaron esos recursos, pero se olvida mencionar que, unos meses después, el “orgullo de Díaz Ayuso”, el hospital Isabel Zendal, acaparó todos medios disponibles. No menciona el Zendal, pero está claro que a ese centro se trasladó lo que se había dispuesto en el Ifema. Mur se limita a decir que esos recursos se dirigieron “a otros puntos”. «La canalización a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con los medios necesarios para medicalizar las residencias como debía», manifiesta el que fue alto cargo de la Consejería de Sanidad.
En cuanto a los protocolos, Carlos Mur asegura que “sólo eran recomendaciones” y que se dejó en manos de los médicos las decisiones sobre el traslado de ancianos de residencias enfermos de COVID. No es así porque un gran número de expertos juristas, catedráticos de derecho administrativo y magistrados de lo contencioso, señalan que los correos electrónicos remitidos el 18 de marzo de 2020 son “ordenes de servicio”, o “instrucciones” de obligado cumplimiento para quienes dependen jerárquicamente del órgano que los dictó, es decir, para los médicos de la red pública de hospitales, para los trabajadores del servicio público de ambulancias, y para los empleados de los geriátricos de la red pública. A los únicos que no se obligaba era a los centros de titularidad privada. Los correos prohibían el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. La consecuencia fue que en torno a 7.000 mayores murieron en las semanas siguientes en los geriátricos, sin recibir ningún tipo de asistencia médica, en muchas ocasiones ahogados en su propia tos ya que los centros tampoco disponían de respiradores.
La naturaleza jurídica de los llamados “protocolos de la vergüenza” se recoge en la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. En su artículo 6 se dice que “los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y ordenes de servicio” cuyo incumplimiento supone la “responsabilidad disciplinaria”. Los expertos jurídicos son unánimes al señalar que el documento de la Consejería de Sanidad era de obligado cumplimiento, según se desprende del artículo 6 citado. Otro aspecto sobre el que se ha llegado a discutir es sobre si la orden solo se podía aplicar a los centros de mayores de titularidad pública, en total 24 en la Comunidad Autónoma, pero ha quedado claro, también, que afectaba a las residencias de gestión indirecta, en total 473 geriátricos.
Los jueces de instrucción números 4 y 9 de Madrid, y la jueza titular del número 1 de Collado Villalba, son los que tienen abiertas diligencias en las que se investigan esos “protocolos de la vergüenza”. La jueza de la localidad de la Sierra de Madrid ha pedido la documentación a la CAM para dilucidar la responsabilidad de los políticos por la muerte de un anciano en la residencia Torrelodones, gestionada por la aseguradora Sanitas. La magistrada apunta mucho más alto que sus colegas de plaza de Castilla y llega a la propia Isabel Díaz Ayuso. Lo que ocurre es que la instrucción tiene escasos visos de prosperar por la razón de que la residencia Torrelodones es un centro privado y a ese tipo de instituciones no se remitieron los protocolos.
Pero hay otra razón que ya se ha mencionado aquí mismo. Y es que las instancias judiciales superiores madrileñas, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, son reacios a la hora de esclarecer las consecuencias que sobre los ancianos de las residencias tuvieron esas órdenes, a pesar de que ha quedado claro que, por mucho que digan los altos cargos del gobierno de Díaz Ayuso, se prohibió el traslado de los ancianos de los centros a los hospitales. Porque, como dice Mur que señalaban los geriatras, es mejor morir en la cama de su habitación que en la de un pasillo de urgencias, aunque muriesen ahogados por la tos. Eso sí, en sus habitaciones. Menuda interpretación “humanitaria” la de los que justifican tal acción.
* Gracias a Ernesto Carratalá y a DIARIO 16
