Los procesos judiciales contra 16 activistas de Scientist Rebellion por realizar acciones de protesta en Alemania se suman a la oleada de juicios contra activistas climáticos.

210 días de cárcel o pagar 1.680 euros. Es la condena que han recibido cuatro científicos, activistas del colectivo Scientist Rebellion (Rebelión Científica), por participar, en octubre de 2022, en una serie de protestas no violentas en Alemania durante los días previos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Sharm el Sheij (Egipto). 

Si bien el juez del Tribunal Regional de Munich eliminó el cargo de coacción, algo que se les imputaba “por no permitir que la gente pudiera irse en un corte de carretera”, señala con sorna Nate Rough, uno de los cuatro condenados, el magistrado sí ha aceptado los cargos de daños criminales y allanamiento de morada.

Rough, ambientólogo norteamericano residente en España, está indignado con la condena. “Es llamativo que la sentencia reconoce que la crisis climática es el mayor desafío para la humanidad, pero justo después el juez dijo que esto era un problema de daños a la propiedad y derechos de terceras personas”. Para él, “tenemos un problema de entendimiento de fondo”, argumentando que las acciones son necesarias para detener la catástrofe climática y ecológica. “Lo que la sentencia dice en el fondo es que los derechos a la propiedad privada son más importantes que el derecho a la vida, que el derecho a un planeta vivo, lo cual me parece bastante asqueroso”.

“Estamos en un año en el que vamos a tocar los 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, septiembre fue 1,8ºC por encima de los niveles habituales”, denuncia el ambientólogo Nate Rough

Las acciones que llevaron a cabo el grupo de activistas se enmarcaron en la campaña Unite against climate failure (Unidos contra el fracaso climático) en la que 87 científicos de todo el mundo se encontraron en Berlín y Baviera (Alemania) para exigir una serie de demandas al Ejecutivo alemán relacionadas con la lucha contra la emergencia climática.

“La primera era que el Gobierno alemán y las instituciones académicas reconocieran que el objetivo de [no sobrepasar un calentamiento climático de] 1,5ºC está muerto y no vamos a conseguirlo”, explica el ambientólogo. La segunda exigía una reducción drástica de las emisiones del transporte en el país, con medidas concretas efectivas de un día para otro, como instaurar “un límite de velocidad en las autopistas alemanas de 120km/h y volver a implementar un billete para todos los trenes y transporte público por nueve euros al mes, una medida que hicieron a raíz de la inflación, la guerra y el covid, y que fue muy popular e incentiva a la gente a tomar el transporte público”. Por último, la campaña exigía la cancelación de la deuda del sur global, con el objetivo de que los países con menos recursos “puedan tener los fondos para hacer una transición justa y rápida”, expone Rough. 

Señalar a los responsables

Las protestas llevadas a cabo por Scientist Rebellion y el colectivo Debt for Climate (Deuda por Clima), por las que se juzga a un total de 16 científicos de entre 23 y 36 años en varios procesos judiciales, tuvieron como objetivo algunas de las empresas e instituciones más responsables en la crisis climática.

La primera fue en la sede del fondo de inversión BlackRock en Munich, el mayor del mundo, con un volumen de activos equivalente a siete veces el PIB español, muchos de ellos en la industria de los combustibles fósiles y otros sectores altamente generadores del cambio climático. Bloqueando temporalmente la puerta de entrada y pegándose al suelo, doce activistas vertieron aceite artificial simbolizando petróleo —“era melaza”, puntualiza Rough— en el interior de las oficinas. “Los pueblos indígenas llevan años señalándola [a BlackRock] como el mayor criminal ambiental actual, al no cumplir con los objetivos claros de descarbonización que recomienda la ciencia”, señalaron los activistas en un comunicado entonces. Además, un informe de la iniciativa Déjalo en el suelo apuntaba meses antes, en agosto de 2022, a inversiones milmillonarias en la industria fósil rusa por parte de Blackrock y otros fondos de inversión.

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REDACCIÓN EL SALTO

La segunda acción por la que se les juzga es un corte de carreteras en la calle Odeonsplatz de Munich, una de las principales arterias de la ciudad. En la protesta, 21 personas bloquearon la vía, coordinados con el colectivo Letze generation (Última generación) que hizo lo propio en Berlín. Un científico Fernando Rojas, uno de los participantes e ingeniero de Telecomunicaciones, señalaba entonces: “Considerando que las políticas, la tecnología, los cambios individuales y las manifestaciones legales no han sido suficientes para mantenernos a salvo, debo participar en acciones no violentas hoy, para prevenir a nuestra sociedad de revueltas violentas mañana”.

Con la protesta, las activistas británicas querían poner de relieve los 92.000 millones de euros que HSBC había invertido en cinco años en la industria de los combustibles fósiles

Por último, Scientist Rebellion apuntó a la industria automovilística realizando una acción en una conocida sala de exposición y concesionario de BMW. Pegando documentos científicos en los coches y rociando con pintura negra algunos automóviles de lujo, los colectivos alertaban de que mantener la esperanza en conseguir un objetivo máximo de aumento de temperatura media global de 1,5º, “además de una falsedad, es un enorme error, porque, de esta manera, las industrias contaminantes y los responsables políticos están siendo alentados a resistirse a la rápida descarbonización”, señalaba el propio Rough tras la acción. La protesta se saldó con 16 arrestados —que se sumaron al detenido en el corte de carreteras de la calle Odeonsplatz—, Rough entre ellos, y cinco de nacionalidad española. La mayoría pasó cinco días en prisión, según dictaminó un juzgado regional de Baviera.

Scientist Rebellion ha abierto un crowdfunding para hacer frente a las condenas de este juicio y a las que podrían dictaminarse de condenar el juzgado alemán al resto de activistas que participaron en las acciones de octubre de 2022. “Más de 50 personas enfrentamos algún tipo de represión judicial en varios países, también en España. El dinero que no se gaste en nuestro caso se gastará en cualquier otra persona que necesite ayuda para pagar abogados, costas o cualquier tipo de apoyo a las personas que lo necesiten a raíz de todas estas multas”, apunta el ambientólogo.

Proceso global

No son los únicos juicios a los que se enfrentan integrantes del movimiento por el clima global. En los últimos meses se vienen sucediendo una serie de procesos contra activistas climáticos en diferentes partes del mundo. En el Reino Unido, nueve integrantes de Extinction Rebellion se enfrentan a cargos por valor de medio millón de libras por una acción en la que, rompiendo cristales de oficinas del banco HSBC, denunciaban que “mejor cristales rotos que promesas rotas”. Con la protesta querían poner de relieve los 80.000 millones de libras —92.000 millones de euros— que la entidad había invertido en cinco años en la industria de los combustibles fósiles. De hecho, desde mayo de 2021, Extinction Rebellion cifra en casi 150 los activistas que han entrado en prisión por protestas climáticas en el Reino Unido.

CRISIS CLIMÁTICA

Arranca el juicio contra 15 académicos por teñir de rojo el Congreso

PABLO RIVAS

En España, uno de los procesos más conocidos es el abierto contra 15 académicos por teñir de rojo —con pintura inocua biodegradable— las escaleras del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 2022. Entre los procesados se encuestan voces tan conocidas como el filósofo Jorge Riechmann; el director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto, o la doctora de astrofísica Elena González Egea.

Lejos de acabar aquí la historia, casi un año después, coincidiendo con el inicio del proceso judicial, un nuevo grupo de Scientist Rebellion repitió la acción, protesta que se saldó con ocho detenciones más. El colectivo hablaba entonces de “escalada de criminalización” del movimiento climático y social, remarcando que “el enjuiciamiento de personas activistas y científicas, el incumplimiento de la promesa del Gobierno de coalición de reformar la Ley Mordaza y el descubrimiento de un nuevo caso de infiltración policial en los movimientos sociales de Madrid, tras producirse en Barcelona y Valencia, demuestran que tanto la democracia como la acción climática están en grave peligro”.

La lista de detenciones y procesos es larga, del arresto de la conocida activista climática Greta Thunberg el pasado día 17 en Londres, en un corte de vías urbanas frente al Energy Intelligence Forum —conocidos como “los óscars del petróleo”— al proceso por el que Repsol demandó por daños a ocho activistas por una protesta ante su sede de Madrid en diciembre de 2020. Sin embarg, y a pesar de la represión a la que se enfrentan, desde organizaciones como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal o Scientist Rebellion aseguran que seguirán con sus protestas.

“Es imprescindible la desobediencia civil pacífica”, señala Nate Rough. “Estamos en un año en el que vamos a tocar los 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, septiembre fue 1,8ºC por encima de los niveles habituales…”, denuncia. “No tenemos más tiempo, las COP —Cumbres del clima de la ONU— han fracasado durante 30 años y no hay ninguna señal de que la próxima vaya a ser diferente, incluso será probablemente peor, pues la preside el CEO de una gran petrolera”. 

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