Sobra el dinero para redistribuir la riqueza

Nuria Suárez Hernández
Portavoz de Recortes Cero

            Si repasamos los titulares del pasado mes de marzo buscando noticias sobre fraude fiscal, aparecerá en bastantes ocasiones un caso, el de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, acusado por presunto fraude fiscal por valor de unos 350.000 euros. Un caso en el que se entrecruza la evasión de impuestos, la utilización de la venta de mascarillas como forma de enriquecimiento en plena pandemia y su vínculo personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un cóctel muy difícil de tragar.

            Pero es importante que sepamos que estos 350.000 euros del señor Alberto González son sólo la punta del inmenso iceberg del fraude fiscal en España. Según GESTHA este fraude asciende ni más ni menos que a 90.000 millones de euros.

            En la gira que estoy realizando como candidata para encabezar la lista de Recortes Cero para las Elecciones Europeas he tenido la suerte de poderme reunir con Carlos Cruzado, cabeza visible, junto con José María Mollinedo de GHESTA, del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Ambos acaban de escribir el libro “Los ricos no pagan IRPF” y realizan un trabajo encomiable, poniendo su conocimiento como expertos en materia fiscal al servicio de esclarecer los mecanismos legales e ilegales que los grandes capitales utilizan para evitar pagar sus impuestos.

            Hoy sólo voy a hablar del que es directamente ilegal, la evasión de impuestos. ¿Cómo es posible que haya 90.000 millones de fraude fiscal? Hay multitud de estudios sobre economía sumergida, y se calcula que puede representar en torno a 300.000 millones, lo que genera un impago (de impuestos) de unos 90.000 millones de euros.

En 2022 la Agencia Tributaria recuperó sólo de ese dinero 17.000 millones. ¿Por qué sólo esta pequeña parte? La respuesta es “sencilla”. Porque la mayoría de técnicos de Hacienda tienen sus competencias limitadas y sólo se dedican al fraude “pequeño”. La mayoría de sus horas de trabajo son para perseguir liquidaciones de menos de 1.000 euros y, sin embargo, no están habilitados para investigar a las empresas que superan una facturación de 6 millones de euros.

En otras palabras, no hay voluntad política de perseguir el fraude fiscal a gran escala. No hay voluntad de acabar con los grandes defraudadores que provocan el “agujero” de los 90.000 millones. Esta es la realidad.

Sobra el dinero para unos buenos servicios públicos, y para reinvertir en crear riqueza si se recaudase de los “ricos” lo que se corresponde.

En mi anterior columna decía que era el momento de que se devolvieran los 101.500 millones de euros del rescate bancario. Hoy nos encontramos con otros 90.000 millones que son directamente un robo a la hacienda pública. Ya suman 191.500 millones. Dinero que es completamente lícito reclamar. Una parte es una deuda y la otra un robo. La próxima semana sacaré a la luz otra partida del dinero que se nos sustrae. Hasta entonces.

* Gracias a Nuria Suárez Hernández