La carestía de vivienda en Tenerife y la gran huelga de inquilinos de 1933 a los ojos de la prensa - por Rubens Ascanio Gómez, licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna

En el mes de julio de 1933, hace justo 90 años, Tenerife vivió uno de los momentos más intensos de reivindicación popular de la etapa republicana. La huelga de los alquileres, una acción de protesta liderada por el recientemente reconstituido, Sindicato de Inquilinos, puso toda la atención política y social en la falta de viviendas asequibles y el alto precio de los alquileres. Este fenómeno supuso un auténtico terremoto político que no dejaría indiferente a nadie, especialmente a la prensa tradicional y que además fue un elemento clave, junto con las huelgas generales y los Sucesos de Hermigua, a la brutal represión franquista que se desencadenó tres años después.

Miguel Ángel Cabrera Acosta, en su obra clave, La II República en las Canarias Occidentales, dedica varias páginas a este episodio, vinculándolo con el rápido crecimiento poblacional, en especial de la población de la capital tinerfeña, y el escaso efecto de la Ley de Casas Baratas, que ayudó a la rápida toma de conciencia de un colectivo que iba desde la clase obreras a sectores “pequeño burgueses en función de sus ingresos y estatus sociolaboral” (1).

Los medios periodísticos del momento dan cuenta del resurgir del Sindicato de Inquilinos, estrechamente ligado a la Federación Obrera tinerfeña, tras la paulatina desaparición de la anterior Liga de Inquilinos en la década de los veinte. En el mes de marzo de 1932 se dan los primeros pasos de su conformación, con la redacción de un reglamento que regirá el inicio de esta organización. El cine de la Paz, a las ocho de la noche del 5 de abril de ese año, acogió la primera reunión pública (2). Tras este proceso y darse de alta en el Gobierno Civil el 28 de abril de 1932 se procede, en el mismo cine, a formar la Junta Directiva de la entidad (3), que tras aprobarse sus estatutos en el mes de mayo, celebran una sesión constituyente en el mismo lugar de anteriores sesiones, el 28 de agosto. No es un proceso ágil y sencillo, queda claro cuando en esa reunión manifiestan que “causas ajenas a nuestra voluntad, de una parte, y de otra quizá una falta de energía y decisión, para colocarnos frente a nuestros enemigos, nos han privado de tener ya constituido el Sindicato”, dirigiendo un claro llamamiento a la participación de “los que carecéis de casa propia, a los que sois vilmente explotados por los caseros y sus administradores” (4).       

El uno de septiembre se da a conocer en la prensa escrita la nueva directiva, “elegida por aclamación”, presidida por Manuel Pinto Santana, como tesorero, Sixto P. Concepción, Rosendo Rodríguez, como contador, Manuel Pérez Hernández como secretario, Francisco Reyes como vicesecretario y los vocales, Rafael Clavijo, Antonio Hernández, Agustín Estévez, Antonio Fortuny, Miguel Morales Cabrera y Gregorio Febles (5), mandando un agradecimiento a las distintas cabeceras periodísticas locales “por la ayuda que no dudamos han de concedernos” en la difusión de su labor (6). Ellos y los posteriores integrantes de la misma, así como los miembros más activos del Sindicato, serán objeto de especial saña en la represión que se desata tras las jornadas más duras de esta lucha, y de forma mucho más extrema inmediatamente después del golpe militar. 

Apenas unas semanas después se vuelven a celebrar dos juntas generales del Sindicato, una el 16 y otra el 30 de octubre, la primera tiene como marco nuevamente en el Cine Victoria y la segunda en el Cine Toscal. En ambas se abordan las necesidades de incorporar cargos vacantes y el seguimiento de los puntos tratados en anteriores encuentros (7)(8). 

El semanario Actualidades, editado en la capital tinerfeña, recoge la conformación definitiva del Sindicato y el manifiesto público, que describen como “una hoja impresa que ha sido entregada a numerosas personas, sin que podamos afirmar que todas esas personas han llegado a prestarles la más superficial atención”, en la que su directiva establecía una declaración de intenciones del trabajo a realizar. El medio local estima que “El Sindicato de Inquilinos, que ahora nace, ha de ser, la representación de todos los arrendatarios de viviendas para todos los efectos. Él ha de atender, desde un principio, todas las indicaciones, y comenzar atendiendo las demandas que todos harán de una revisión sobre los alquileres que perciben, siguiendo cuanto hemos indicado varias veces, superficialmente, para lograr una perfecta nivelación”, señalando de la misma manera que esta realidad de la escasez de vivienda y sus altos precios la habían estado comentando en ocasiones anteriores en dicho medio (9).

El día 1 de noviembre en las páginas de La Prensa se relata la asamblea general celebrada el día anterior, que describen como “muy concurrida”. En ella Ricardo Ferrada ejerce de secretario, ofreciendo a los presentes “un largo y documentado discurso, dio cuenta de la marcha de la sociedad y del estado de los asuntos que tiene planteados, atacando duramente a los caseros y administradores”. En esa misma sesión se propuso crear una caja de resistencia para “litigios” (10). Además, se produjeron encendidas intervenciones de militantes de la izquierda tinerfeña que promueven la suspensión del pago de alquileres, caso de Francisco Silvestre Infante, líder de la anterior Liga de Inquilinos que fue sometido a consejo de guerra en abril de 1932 por “insultos al Ejército por medio de la imprenta” (11). Sea como sea, el éxito de las asambleas hace que se incremente la acción del Sindicato de Inquilinos, que también cuenta con su propio medio, La Voz del Inquilino, órgano de expresión iniciado en 1932 y, tras una pausa, recuperado apenas siete días antes del golpe de 1936.

A finales de ese mes se convoca un gran mitin en el Cine San Sebastián de la capital. La fecha señalada es el 27 de noviembre a las diez y media de la mañana, acto en el que interviene nuevamente Ricardo Ferrada, que ejercerá de presidente del Sindicato poco después, acompañado del mencionado Francisco Silvestre, Manuel Pérez y José Rial, este último vinculado a la UGT, (12), combinando en este caso las almas anarcosindicalistas y socialistas, que convivían con ciertas tensiones estratégicas dentro de la entidad en ese momento. 

En el año 1933 se refuerza de forma muy significativa la labor del Sindicato de Inquilinos. La situación económica de crisis y la existencia de un año electoral importante, sin duda sumó nuevas energías a los distintos ámbitos sociales y políticos del momento. La demanda era clara, reducir un 40% los costes de los alquileres en la capital tinerfeña y además, cumplir con las debidas condiciones de higiene de las viviendas y atender a la falta de la misma. Para este fin el Sindicato entabla una serie de encuentros y comunicaciones con asociaciones y colectivos afines. Es el caso de la Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y Banca, de tendencia socialista, que aborda en varios momentos la problemática de la carestía de la vivienda y las demandas del Sindicato, acordando “por unanimidad” el paro propuesto desde el Sindicato de Inquilinos (13).

A finales de mayo se publica un escrito firmado por Juan Artiles, implicado en las movilizaciones portuarias del año anterior y detenido por ello, “como arrendatario y como organizador del Sindicato de Inquilinos” en el que responde a un escrito de la Cámara de la Propiedad Urbana. En el comunicado señala que “los arrendatarios de la capital que han cerrado sus bolsillos”, sin responder a la demanda de reducir el 40% de los alquileres, demanda nacida de una de las asambleas del Sindicato, “por estimar esta que no existe causa alguna que justifique el alza tan escandalosa que han experimentado los alquileres desde unos años a esta parte”. Además añade que cree que “la prensa local, que hasta la fecha ha permanecido indiferente ante este conflicto que tan hondamente afecta a los trabajadores de blusa y muy particularmente a la bien o mal llamada “clase media”, debe intervenir, haciéndolo sincera y honradamente” (14). Sin duda entienden que un conflicto que trascienda a la clase obrera tendría un mayor eco en los medios burgueses y pequeñoburgueses del momento, llegando con ello a sectores de población menos cercanos a los postulados sindicales. 

A las cuatro y media de la tarde del lunes 22 de mayo el Sindicato de Inquilinos vuelve a desarrollar un mitin en el cine San Sebastián de Santa Cruz, en el que intervinieron Ricardo Ferrada, Bernardino Afonso, José Rial, José Pérez y Nicolás Mingorance (15), este último miembro de la Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y Banca, vinculado con el Partido Socialista y la UGT, que en 1936 sería concejal chicarrero por el Frente Popular (16).

Las demandas manifestadas en el mitin son claras y unánimes, además de sorprendentemente vigentes. Proponen que se nombre un juez especial para “perseguir el esclarecimiento de las anomalías que pudieran existir en determinados juicios de desahucio y revisión de alquileres, celebrados en el Juzgado municipal de esta capital. Que entretanto no recaiga resolución del mencionado juez especial, queden en suspenso las sentencias y juicios de desahucio que como resultado de la huelga de inquilinos están pendientes de, tramitación”. Igualmente reclaman la intervención de las autoridades “para evitar los constantes atropellos, tanto morales como materiales, de que están siendo víctimas los Inquilinos por parte de los propietarios, administradores y realquiladores”. También reclaman la “supresión absoluta de todos los intermediarios entre propietarios e inquilinos, cuyas ganancias indebidas han contribuido enormemente a agudizar el problema de la vivienda”. Al mismo tiempo reclaman el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del decreto sobre alquileres de 29 de diciembre de 1931, obligando a los propietarios a devolver “todos los meses que tengamos en fondo y que excedan del único mes que taxativamente establece la citada disposición, suprimiendo en absoluto el fiador”. La situación de las viviendas alquiladas es también objeto de acuerdo, al entender desde la organización sindical que no se estaban controlando en absoluto las condiciones de higiene de estas y “la responsabilidad en que haya incurrido el Ayuntamiento por la no cumplimentación de los reiterados oficios sobre ejecución de obras de saneamiento que recibe de la Junta provincial de Higiene”. Finalmente también propusieron una Comisión “integrada por un número igual de propietarios e inquilinos, presidida por el gobernador civil para que con los datos oficiales a la vista fije los alquileres de las viviendas ilegalmente aumentados”, señalando que muchos propietarios no estaban al día con sus obligaciones con la Hacienda (17). 

El mitin se desarrolla con un gran éxito de público, quedándose gente en el exterior de un recinto abarrotado. Ferrada explicó las dificultades para celebrar ese mitin y ofreció datos contundentes sobre la importancia de esta movilización, afirmando que “actualmente son un ochenta por ciento los inquilinos que están en huelga, pidiendo una rebaja de un 40 por ciento en los alquileres”. Bernardino Afonso, representando a la Federación Obrera, se refirió a varios casos de desahucios en La Laguna y de la “manera trágica de vivir en las ciudadelas”, reclamando la entrega de dos edificios públicos sin uso “que son del pueblo”. Por su parte, José Rial, indicó que “hace seis meses eran solo 200 afiliados a la Liga de Inquilinos y que hoy son unos 3500 y que son también las mujeres, lo que conforta e incita la lucha”. Con esta convocatoria pararon todos los oficios de la capital tinerfeña de cuatro a seis de la tarde, en contra de lo acordado por el Círculo Mercantil, que amenazó con sancionar a los asistentes. El documento de acuerdo es firmado por Manuel Pinto, Ricardo Ferrada, Bernardino Afonso, Nicolás Mingorance y Manuel Pérez, siendo una comisión la responsable de trasladar al Gobernador Civil las conclusiones y los acuerdos adoptados, ya que “por causas justificadas había prohibido la manifestación proyectada” (18).   

Estamos ya en los prolegómenos del gran momento de movilización popular. Mientras eso sucede más organizaciones vinculadas a la Federación Obrera se suman al impulso de la huelga, como la ya mencionada Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y Banca y en el mes de mayo también el importante Sindicato de Tabaqueros, con cientos de trabajadores y trabajadoras en la zona metropolitana de Tenerife. Este espacio sindical añadirá a sus propias reivindicaciones las ya expresadas por el Sindicato de Inquilinos, durante el mitin que celebran el 29 de mayo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, donde Ferrada expone la situación de la huelga de alquileres (19).  

La preocupación creciente de las élites isleñas no se hace esperar y queda plasmada en algunas crónicas periodísticas. El Gobernador Civil, Vidal Gil Tirado, apuesta por la mediación en este proceso, aunque sus posicionamientos tratarán de situarse junto a los de la Cámara de la Propiedad Urbana, que agrupa a los propietarios tinerfeños y que en el mes de mayo y junio incrementarán su hostilidad a cualquier modificación de las condiciones del alquiler, insistiendo a sus asociados a que no cedan a las peticiones del Sindicato, al no existir ley que amparara la reducción del 40% de los alquileres (20).  A inicios de junio la primera autoridad insular trata de alcanzar un aplazamiento de “los lanzamientos de inquilinos decretados en virtud de sentencias dictadas en los juicios de desahucio”, estableciendo además reuniones con representantes del Sindicato y la Cámara (21). El 7 de junio los representantes de los propietarios se vuelven a reunir para establecer nuevas medidas de resistencia ante los efectos de una huelga de pagos de alquiler, que empiezan a notar en sus bolsillos, acordando “telegrafiar al ministro de Hacienda recabando que la cobranza de la Contribución Urbana continúe en periodo voluntario, sin pasar al ejecutivo, mientras dure el actual problema. Oficiar en igual sentido al Ayuntamiento de esta capital por los arbitrios y contribuciones municipales” (22).

El 30 de junio se celebra un nuevo y exitoso mitin, esta vez en el Cine Victoria de la capital tinerfeña. En el acto hicieron uso de la palabra “el señor Infante, Pinto y el secretario de la Confederación Regional del Trabajo, don Manuel Pérez, que atacaron duramente a los caseros, intermediarlos y administradores de esta Capital, por la carestía de la vivienda y por negarse a pactar con el Sindicato de Inquilinos”. Al finalizar el mismo una manifestación partió del cine hasta la plaza de la República (la actual plaza de España), siendo disuelta sin incidentes por las fuerzas del orden y sin que los recibiera el Gobernador Civil (23).

El mes de julio de 1933 será el momento álgido de esta lucha social, siendo los desahucios previstos el elemento central de las movilizaciones. En su primer año de refundación, el Sindicato de Inquilinos logró mantener el equilibrio entre los distintos sectores y sensibilidades existentes en su interior, en especial los ugetistas y cenetistas, con discrepancias en la beligerancia de la estrategia. El profesor Cabrera Acosta recoge esta situación en su obra, donde plasma fragmentos en referencia a las tensiones, donde  pesar de “ese minoritario sector que se retrae de la lucha, podemos afirmar que la unidad perdura, socialistas y anarquistas marchan de la mano y el proletariado logra arrastrar tras de si a la parte de la pequeña burguesía interesada en una disminución de los alquileres” (24).  

En la noche del 4 de julio el local de la Federación Obrera tinerfeña vive una asamblea clave del Sindicato de Inquilinos. La prensa escrita relata que a la misma asistieron “numerosos afiliados, haciendo uso de la palabra los señores Pinto Santana, Ferrada, Infante, Bernadino Afonso, Manuel Pérez”, entre otros. Los acuerdos son claros, resistir por todos los medios ante cualquier intento de desahucio y, en caso de llevarse a cabo los mismos, que “se dé cuenta por teléfono al Sindicato, que se reunirá con los afiliados para tomar la determinación que sea procedente, llegando incluso a la declaración de la huelga general con carácter indefinido, si se insiste en los lanzamientos” (25).  

El miércoles 5 a las once de la mañana se desata toda la energía popular, tras los largos meses de movilizaciones y los intentos frustrados de negociación. La noticia de un desahucio en el número 62 de la chicharrera calle de Santiago (26), sacando los muebles de una familia arrendataria a la calle, genera una ola general de indignación. En esa misma jornada había nuevos desahucios previstos en domicilios de las calles San Miguel, Emilio Calzadilla y Pasaje Ojeda, que debido al curso de los acontecimientos y la intensa reacción popular, fueron suspendidos por las autoridades (27). Con el estruendo de varias detonaciones en distintos puntos de la ciudad, a modo de señal de aviso, la Federación Obrera declara la huelga general.      

En Gaceta de Tenerife, diario católico que es uno de los medios que mejor reflejaba los intereses de las élites conservadoras insulares, se plasma un extenso seguimiento de los sucesos del miércoles 5 y jueves 6 de julio, con especial énfasis en los daños a la propiedad privada y los disturbios. La óptica es clara en su editorial: “En amplia información queda recogida en el presente número la gravedad de Ion sucesos desarrollados en nuestro pueblo el miércoles y jueves último. Y tuvieron esos sucesos un desenfreno social tan extraordinario y tan impune, que el mejor comentario que de ellos debiera hacerse, mirando exclusivamente a lo que interesa a la vitalidad de Tenerife, es dejarlos reseñados con la imparcialidad en este diario acostumbrada, porque ya así quedaría muy resaltante su trascendencia, su peligro y la necesidad de que no vuelvan a repetirse” (28).    

Por su parte otro de los grandes medios locales de Tenerife, La Prensa, de tendencia republicana, opta por una visión que trata de analizar lo sucedido, asegurando que “la virulencia, la fuerza arrolladora con que se ha manifestado, demuestra indudablemente la existencia de un hondo problema social -mal añejo no imputable solamente a los hombres que hoy rigen la vida pública- sino a esa abulia, a esa pereza, tan nuestras, tan de todos”. Al mismo tiempo su editorial anima a una resolución pacífica del conflicto, “con un criterio pacificador, comprensivo y humano” (29).

La situación desde el inicio de la huelga es claramente de dominio de la Federación Obrera en buena parte de la capital tinerfeña, demostrando el amplio apoyo que tenían estas movilizaciones. Los medios relatan como quedaron “paralizados todos los servicios, los huelguistas se hicieron dueños de la situación, dirigiéndose grupos muy numerosos a la calle del Doctor Allart, donde habita el administrador don Luciano Padrón. En forma atropellada penetraron en la citada casa, procediendo a lanzar los muebles a la calle” (30).

La respuesta violenta es el elemento central de las discrepancias que las distintas cabeceras. La prensa burguesa del momento destaca el uso de la violencia como el elemento más reseñable de este fenómeno de insurrección popular, en especial la dirigida contra los propietarios más importantes, sus administradores y algunas de las grandes industrias de la zona. Las casas de otros destacados administradores sufrieron de igual modo las iras de los inquilinos, es el caso de las viviendas de Juan Barbuzano, que llegó a realizar disparos contra los manifestantes, Norberto Morales, Ana Muñoz, Manuel Fernández, Carlos Peraza, Florencio Oliva, José Niebla y se intentó sin éxito en la vivienda de Agustín Jiménez. En todos los casos hay un procedimiento similar por parte de los manifestantes, una especie de “desahucio ritual” en el que muebles y pertenencias se dejaban tirados en la calle, con diversos daños materiales en su interior. Esa misma jornada se produce además una importante manifestación que transcurre desde la Federación Obrera hasta los juzgados de la capital, para reclamar el fin de los procedimientos previstos contra las familias inquilinas afectadas (31).

La huelga prende y se traslada a ámbitos que van más allá de la lucha por la reducción de los alquileres. La potente Federación se ve superada y las protestas también se trasladan a diversos puntos industriales, como la fábrica de salazones de Francisco Naveiras, que es incendiada, así como un almacén de paja de la familia Heliodoro Rodríguez López, un vehículo de Obras del Puerto y diversos almacenes. Igualmente se producen detonaciones de “petardos” en lugares como la carretera a la altura de Gracia, en La Laguna (32). También un grupo de huelguistas apedreó el consulado alemán en la capital tinerfeña, creyendo que se trabajaba dentro (33), aunque posiblemente también vinculado con la elección ese año de Hitler como canciller del país germano y la brutal represión política que desató contra las fuerzas de izquierda. 

Las autoridades insulares no dejaron pasar la situación y mostraron por diversas vías su preocupación por la tensión social que se vive en la capital. El presidente del Cabildo Insular, el alcalde capitalino y el diputado republicano Ramón Gil Roldán mantuvieron una reunión con el gobernador civil, donde entre otras cosas pidieron una intervención de las fuerzas de seguridad. Esa misma posición es mantenida por las entidades que representan a los propietarios y al sector comercial, siendo influyentes en la respuesta a la jornada de huelga (34). 

El día 6 se inician las detenciones de representantes de la Federación Obrera y del Sindicato de Inquilinos. Fueron puestos “a disposición del gobernador civil Sixto Delgado Mesa, Francisco González Betancort, Enrique Cruz García, Francisco Fresneda Dieppa y Juan Bermúdez García, acusados de desobediencia a la Benemérita”. También la policía gubernativa “puso a disposición del Juzgado de Instrucción Militar a Gregorio Rodríguez Domínguez, Antonio Matos Hernández, Juan López, Manuel Méndez García y Agustín García”. Al mismo tiempo fueron denunciados, por el asalto a una de las viviendas de administradores, los vecinos Manuel Morales Fuentes, Manuel Expósito, Antonio González Marcelino, Carlos Herrera Pérez, Melitón Castro García, Antonio Gutiérrez Rodríguez, José Alayón Marrero y Sebastián García Montenegro. Además, por orden del gobernador, “la policía detuvo a Manuel Pérez y José Cano Rodríguez, directivos de la Confederación” (35).

La reacción de protesta por las detenciones de las organizaciones sindicales tinerfeñas trata de sustentarse en un gran mitin, que intentaron celebrar en la plaza de toros de Santa Cruz, donde se concentraron muchos huelguistas. Por decisión del Gobierno Civil se prohíbe la celebración de este evento, con lo que la guardia civil entra a la fuerza en este espacio y desalojan a los asistentes con “varias cargas” en el interior y en la Rambla, dejando nuevos detenidos. En esta ocasión son Manuel Morales García, Francisco González Marcelino, Antonio Hernández Merino, Francisco Pérez Rodríguez, Francisco Rodríguez Rodríguez, Andrés Díaz Antequera, Antonio Sanz Vila, Antonio Ramos Fuentes y José Hernández Morales. Por cometer actos de “sabotaje en la vía pública”, fueron detenidos el jueves Agustín Ramos, Vicente del Castillo, José Noda, Benigno Rodríguez, Juan Darías y Heriberto Herrera, mientras que por desobediencia a la autoridad fueron arrestados Juan Díaz García, Agustín Fajardo Rodríguez y Luis Quintero Rodríguez. También fueron despedidos de sus puestos de trabajo el ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto, Juan José Luque, estrechamente vinculado al movimiento anarcosindicalista, así como “sesenta y tres obreros” de esta actividad, acusados de faltas de asistencia repetidas,  aunque según recoge la prensa, “los obreros entienden por su parte que la falta cometida, si se estima falta, fue debida al paro que decretó la Federación Obrera los días 9 y 10 de mayo, y que la reincidencia a que hace referencia el ingeniero es el paro actual” (36).  

Los locales, medios de comunicación y bienes de las entidades obreras no escapan de la represión institucional a la jornada de huelga, en la que participa también fuerzas del ejército. En la madrugada del jueves, “en vista del curso que tomaban las cosas, se dispuso la detención de varios dirigentes del Sindicato de Inquilinos, Federación Obrera y Regional, clausurándose también los locales del primero, los de Suárez Guerra y San Francisco, así como el de la Regional del Trabajo” (36). La Imprenta Obrera también fue intervenida por la policía, al existir una “confidencia” que advertía de un panfleto clandestino que pedía mantener las movilizaciones, con lo que se “ordenó a la policía se incautara de todos los ejemplares y deshicieran el molde” (37).

El Gobernador Civil manifestó por su parte que “una vez con fuerzas para responder adecuadamente a la grave situación que habían creado los obreros huelguistas y contando con el auxilio del Ejército, pudo dominar fácilmente la situación”, explicando además que el paro había concluido en la mañana del 7 de julio (38), quedando más de una treintena de ciudadanos detenidos a consecuencia de la misma, que sin duda serían señalados como individuos peligrosos tras los sucesos de justo tres años después, como veremos en ejemplos concretos. Los locales de la Federación Obrera y de la confederación Regional del Trabajo permanecerán clausurados hasta avanzado el mes de octubre de 1933, quedando cerrado incluso más allá el del Sindicato de Inquilinos (39)

El terremoto político, social y sindical que dejan tras de sí las jornadas de huelga de julio se mantiene durante parte del verano de 1933 y tendrá un papel similar al de los Sucesos de Hermigua o al intento de la toma del Palacio Episcopal lagunero, en la justificación de excesos y brutalidades que habrán de sufrir algunos de sus protagonistas en la dictadura. La voz más cruda a favor de la mano dura la hace a modo de editorial la Gaceta de Tenerife, bajo el pseudónimo de “Juan de Tenerife” que publica el 9 de julio en su primera plana: “Todos tenemos la culpa. Unos por acción y otros por omisión, los caseros —muchos caseros — queriendo sostener unos precios a todas luces absurdos. Los inquilinos, queriendo solucionar por la violencia un problema que tiene su cauce legal y para el que existe una amplia y copiosa jurisprudencia”, señalando al Sindicato de Inquilinos y a la Federación Obrera como “profesionales del mitin y de la revuelta, que, como todos los pescadores de río revuelto, tienen que valerse de estos trastornos y de este encrespamiento de las bajas pasiones, para saciar sus apetitos y la cómoda postura de ganar dinero sin doblar la espina” (40).     

La resaca de la huelga y del movimiento continúa en los días posteriores, mientras se reactivan los procesos de desahucio paralizados, en este caso en el número 72 de la chicharrera calle Santiago. El Gobierno Civil asume las críticas de las élites isleñas sobre su “tibieza” en la persecución de la protesta con una nota pública manifestando que van a “obrar con todo el rigor y máxima energía para mantener y asegurar el orden público”, en previsión de nuevos altercados. De la misma manera, las asociaciones y entidades que promovieron la lucha de los inquilinos señalan lo que consideran excesos del Gobernador, al que acusan de no haber tenido un papel más activo para evitar el conflicto e incluso de haber tratado de detener a algunos de los representantes obreros que trataron de conferenciar con él (41). 

La Prensa del 12 de julio avanza nuevas consecuencias represivas, con más detenciones de miembros del Sindicato y la Federación. Por orden judicial la policía de Vigilancia e Investigación procede a detener a los hermanos Amadeo y Paulino Hernández, Joaquín Alayón Navarro, Juan Romero González, Carlos Herrera Pérez, Enrique Cruz García, Francisco Fresneda Dieppa, los hermanos José y Álvaro Jiménez Pérez, Antonio González Gil “Mestizo”, Gregorio Ramón Rodríguez “Pistanito”, Cirilo Socorro Cubas “Juan el Canario”, José Delgado Torres, Manuel González Valladares “el cubanito”, Cándido Delgado Oramas, Francisco Pérez Sabina “Peruales”, Santiago Hernández del Castillo, Jerónimo Henríquez Miranda, Francisco Carrillo Díaz, Eugenio Montesino Prieto, Domingo Pérez García, José Delgado García, Francisco González Sola, Sixto Juan Concepción (contador del Sindicato de Inquilinos), Francisco Román Romero y Jorge Hernández Mora. Dentro de este grupo también aparecen las siguientes mujeres, Carmen Hernández Dorta, las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García y María Padilla Arteaga (42), siendo este un colectivo con una importante presencia en las jornadas más duras de las movilizaciones, quedando testimonios gráficos al respecto en los medios.   

Otro de los ecos de las jornadas de lucha estará en el salón de plenos santacrucero, que en su sesión del miércoles 12 de julio aborda un debate sobre lo sucedido, la situación de la vivienda y el papel del Gobierno Civil. Mientras desde el equipo de gobierno presidido por el alcalde, Tomás Armas Quintero, defienden la labor del Gobernador Civil, se levanta la voz del poeta de origen gomero y miembro de la minoría socialista, Pedro García Cabrera, que manifiesta que su grupo político “había propugnado por la construcción de casas baratas que es, a su juicio, una de las más Inmediatas soluciones de aquel problema”. Además, el concejal manifiesta que no desea entrar en si las acciones del Sindicato fueron adecuadas o no conforme a la legalidad, pero sí entiende que “desde que se comenzó el planteamiento de la cuestión ni el alcalde ni el Ayuntamiento ni esas representaciones de los demás organismos locales han tenido intervención alguna para, buscar una solución de armonía ni acudieron al Gobierno civil a ofrecer colaboración al representante del Gobierno, en favor del arreglo del conflicto que iba a producirse; y cuando este conflicto se plantea lo que hacen estas autoridades es pedir una represión contra determinada clase, inclinándose a favor de una de las partes interesadas en la cuestión, a pesar de ser la autoridad local la representante de todos los sectores de la población”. Igualmente pone de manifiesto las discrepancias existentes en el seno del movimiento obrero entre los sectores ugetistas y los cenetistas, señalando que “en el pleito de los inquilinos se han mezclado elementos extraños a los mismos”, en referencia a los sectores anarcosindicalistas (43).

Mientras la polémica perdura, las entidades que conforman y apoyan la lucha de los inquilinos mantienen una posición pública de unidad, manifestando en la prensa que trataron de buscar una “solución armónica” ante un problema y que no fueron atendidas sus peticiones, indicando que la respuesta al primer desahucio fue de indignación “en todos los pechos porque las puertas de la justicia se cerraron para el pueblo herméticamente”. También manifiestan su rechazo a las detenciones desarrolladas contra integrantes de este movimiento, que incluía a varios niños de 14 y 16 años, tres ancianos de más de sesenta y varias mujeres, basados en las denuncias por participar presuntamente en la quema de las naves de salazones de Naveiras, indicando que se ha procedido “con suma ligereza, pues se les detuvo a altas horas de la noche, sin consideraciones para ninguno y sin tener en cuenta que sobre ellos no pesa ningún delito” (44).    

Desde ese mes de julio, Ricardo Ferrada, miembro de la directiva del Sindicato de Inquilinos, toma un papel destacado en las respuestas a distintos medios e instituciones en relación con el conflicto vivido. Es el caso de su respuesta al juez municipal que acusa a la entidad de no hacer uso de las vías legales existentes para hacer sus reclamaciones. El portavoz sindical responde que cuentan con una gran escasez de recursos económicos y que para presentar las 300 demandas de revisión de alquiler necesarias en la capital, “necesitaríamos 18.600 pesetas y si las presentásemos poco a poco tardaremos diez años en dar satisfacción a las ansias reivindicativas de nuestros asociados”, destacando la labor mediadora que estaban realizando para tratar de lograr acuerdos entre inquilinos y propietarios (45).  

Las palabras de Ferrada también señalan directamente al Gobernador Civil, al que acusan de “aprovechar al Sindicato de Inquilinos como instrumento contra sus enemigos políticos y contra la organización obrera, y de ello presentamos pruebas evidentes”. Acusan a Gil Tirado de que con las acciones que propiciaron el estallido social, lograra “la venganza contra los que le atacaban y pedían su destitución; y en segundo término, el pretexto para clausurar la organización y detener a sus militantes más activos”, recordando que por ello “se encuentran en la cárcel y procesados por el delito de sedición los directivos del Sindicato de Inquilinos” (46).  

Mientras estos debates epistolares se dan en la prensa, se desarrollarán nuevos desahucios y la respuesta social seguirá siendo intensa. En Salamanca Chica y en otros puntos de la ciudad estallaron y se colocaron en esos mismos días “petardos”. Además, se indica el apedreamiento por parte de un grupo de individuos “de la casa señalada con la letra L, en la segunda transversal del barrio de Salamanca Chica”. Justamente por este tipo de acciones de protesta también se detiene a dos inquilinos desahuciados, “Anastasio Hernández Gutiérrez, de sesenta y tres años de edad, y al hijo de éste, Severo Hernández Hernández, de veinte años y de oficio chófer”, ya que en la vivienda de la que fueron desalojados por las autoridades se produjeron explosiones de artefactos (47).

Desde los calabozos de Paso Alto será el representante de la Asociación General de Empleados de Comercio, Industria y Banca, Nicolás Mingorance, también miembro del Sindicato, el que ejerza de portavoz de los detenidos en una extensa carta publicada en el diario La Prensa. En el texto aborda las acusaciones publicadas en varios medios, escritas bajo el pseudónimo Juan de Tenerife y otra publicada por un administrador apellidado Brito. Se defienden de las acusaciones de ejercer la violencia, la politización del movimiento o no querer el bien para el conjunto de la ciudadanía, manifestando que “existen en nuestra sociedad elementos más perturbadores y menos productivos en bien de la Patria y de la Familia, que aquellos trabajadores sabiamente organizados en captación de un futuro más humano” (48). 

Las constantes respuestas y aclaraciones del Gobernador Civil, Vidal Gil Tirado, y de algunas voces periodísticas denotan la intensidad con la que se estaban viviendo los acontecimientos de ese momento. Especialmente rápido en dar respuesta estará el responsable del Gobierno, que tras los ataques desde los sectores más conservadores, por su lenta intervención en las jornadas de la huelga, ofreció una serie de artículos y notas en los que carga contra la Federación Obrera y el Sindicato. Manifiesta que los escritos de Ferrada y de las entidades sociales “hacen aseveraciones perfectamente injuriosas y calumniosas” y que “en lo que a mí afecta, son totalmente falsas, y como sólo tienen por base un propósito torcido y torpe de manchar mi reputación por razón del cargo” (49). En el diario Hoy el propio Ricardo Ferrada responde a la nota publicada, asegurando que “caballero y honrado entré en Paso Alto y hoy me considero acreedor a esos títulos, puesto que soy víctima de una persecución sistemática por el enorme delito de haber defendido los intereses de los inquilinos de Tenerife. Y por último, me cabe el orgullo de afirmar que tanto los inquilinos como buen número de propietarios confían en mi para arreglar definitivamente y de una manera equitativa los precios de las viviendas de Tenerife” (50).  En línea similar se manifiesta la Federación Obrera, que critica la situación por la que pasan los detenidos en Paso Alto, mientras “los responsables directos pasean tranquilamente su impunidad” (51).

Desde Gaceta de Tenerife se desata la mayor cantidad de ataques dirigidos contra el Sindicato de Inquilinos y también contra la figura del Gobernador Civil, miembro de un ala republicana moderada contra la que también cargan tintas duramente en el medio conservador. El principal valedor de esos artículos se esconde bajo el pseudónimo anteriormente mencionado de Juan de Tenerife.

¿Quiénes están detrás de estas publicaciones?, si atendemos al magnífico trabajo del investigador Eliseo Izquierdo, donde aborda los pseudónimos en la prensa isleña, se trata de un conjunto de escritores, aunque dos son los principales, Agustín Zancajo y Osorio y José Vicente Pérez de Valero. Ambos estarán estrechamente vinculados al franquismo y a la aparición de Falange en Tenerife. Del primero se decía que había sido enviado a la Isla por el propio José Antonio Primo de Rivera y el segundo fue un activo mitinero y organizador de la derecha más ultra, fundador de Derecha Regional Tinerfeña, portavoz de Acción Popular Agraria y vocal de propaganda de Junta Diocesana de Acción Católica (52).        

En múltiples artículos que abren las portadas de Gaceta de Tenerife, entre el 9 de julio de 1933 y finales de ese año, con esporádicas las apariciones posteriores, dedican incendiarios manifiestos contra el Sindicato de Inquilinos, el movimiento obrero tinerfeño y la República, marcando en lo discursivo la justificación del golpe y las bases de la violencia que se desencadenará en julio de 1936 contra buena parte de los más significados representantes de las izquierdas. Su papel como generador de argumentos sobre lo insostenible de la democracia vigente y los excesos del “marxismo” serán contestados desde otros ámbitos de la vida social y política, con especial fuerza y frecuencia desde las páginas del diario republicano Hoy. La propia Junta Directiva de Juventud Republicana, resume bien la base de los argumentos de Juan de Tenerife, “la República es consustancial con el desorden y con la anarquía y que la República es solo eso: subversión y desenfreno” (53). El odio que se destila desde las columnas de este grupo de periodistas ultras, contra todo lo que sea izquierda, se concreta en un texto del mes de agosto de 1933, escrito en respuesta a un artículo del Diario Hoy que lo califica como “nuevo Mussolini”. El escritor conservador desarrolla una diatriba sobre la falta de higiene de la izquierda y su carácter masón, reseñando que “entre los muchos defectos que han tenido siempre los republicanos de todos los tiempos, ha habido dos que se han hecho proverbiales, casi consustanciales con la profesión de tales ideas: el alcoholismo y la suciedad” (54). 

Con respecto a los efectos de la huelga de Inquilinos, las columnas de Juan de Tenerife tratan de separar al Sindicato de su base, manifestando una vez más que, “esa clase trabajadora y esa opinión sensata, a que hacen referencia los agitadores de la Liga de Inquilinos, ha rechazado francamente, unánimemente, el tortuoso camino por el que se ha querido llevar” (55). No me parece desdeñable el papel de estos escritos en la represión que se desata después del golpe franquista, más aún teniendo en cuenta el papel activo y militante de sus autores en el nuevo régimen. El contenido de estos textos merece un estudio para conocer la base ideológica y los fundamentos del argumentario reaccionario en ese momento histórico.

La directiva del Sindicato de Inquilinos se hace eco de los ataques que reciben y desde su encierro en Paso Alto, Manuel Pinto Santana, Manuel Pérez, Francisco Silvestre Infante, Antonio Hernández, Sixto Concepción y Ricardo Ferrada, firman un escrito donde manifiestan que son “trabajadores honrados” y que “en la calle hemos tenido la nobleza de exponer públicamente nuestras ideas y defender a los inquilinos contra la explotación de que son víctimas”. Además, recuerdan que “las rejas que hoy nos separan del mundo exterior, esas rejas que nos privan de la libertad tan querida, nos llenan de orgullo, ya que estamos en la prisión por defender los intereses del pueblo” (56). La mayoría permanecerán en prisión por su papel en la huelga hasta la noche del 18 de agosto de 1933, cuando son liberados Manuel Pérez, Manuel Pinto, Francisco Silvestre Infante, Sixto Concepción, Rosendo Rodríguez, Francisco Reyes y Ricardo Ferrada (57). 

Tras la ola de represión desatada, el movimiento de los inquilinos sufre un proceso de parálisis que dura hasta el primer semestre de 1936. Es cierto que han logrado colocar en todos los medios isleños un problema latente de la sociedad, hasta su más beligerante adversario en la prensa reconoce ese aporte, pero sus demandas no son contestadas y la distinta forma de entender los cauces de la lucha, muy vinculada con las corrientes existentes en la base política y sindical del mismo, hizo que se optara por un proceso de reagrupamiento, donde otras luchas como la de los tabaqueros o los portuarios retomaron su importancia. El veterano socialista José Rial, vocal del Sindicato, es uno de los últimos en hacer una reflexión sobre este proceso. Lo hace ya en el mes de agosto, haciendo público cierto alejamiento con las posiciones anarcosindicalistas que dominaron parte de la estrategia seguida en las jornadas de protesta. Como otros, recuerda que él, junto con Ricardo Ferrada, trataron de frenar la incidencia de la Federación Obrera, de tendencia anarquista mayoritaria, en la directiva del Sindicato, protestando contra “las violencias”, aunque no deja de pensar que “hasta que no se ha producido el hecho violento, esos patronos se desentendieron, como la mayoría de las autoridades, del problema” (58). Coincido plenamente con el profesor Miguel Ángel Cabrera sobre el efecto de esta huelga en la ruptura orgánica y política entre la pequeña y gran burguesía, que viven de forma bien distinta este conflicto y la realidad de los precios de los alquileres, teniendo entre otros efectos un proceso de declive y escisión del Partido Republicano Tinerfeño, así como la radicalización de las bases de la UGT (59).   

Con el auge del Frente Popular y la retomada unidad de las distintas fuerzas republicanas el Sindicato reactiva brevemente su labor poco antes del golpe franquista, recuperándose la Voz del Inquilino. Además queda como uno de sus últimos testimonios de fuerza una gran asamblea celebrada el 12 de abril de 1936 en el Parque Recreativo de Santa Cruz de Tenerife, que reúne a unos de 2500 asistentes (60). Tras los sucesos del 18 de julio de ese año sus integrantes, señalados por los incidentes de 1933 y por su beligerancia social, se convierten mayoritariamente en presos, algunos perderían la vida.

Uno de los últimos responsables del Sindicato de Inquilinos, Francisco Sosa Castilla, fue fusilado en la batería del barranco del Hierro el 13 de octubre de 1936, por su papel en la llamada Causa 50, por la resistencia popular al golpe en el entorno del Gobierno Civil santacrucero (61). Vicente Hormiga, de ideas socialistas, fundador y miembro de la organización en La Laguna, fue asesinado y desaparecido, sin que todavía se sepa dónde se encuentra su cuerpo. Francisco Silvestre Infante, presidente de la Liga de Inquilinos en la década de los veinte e inicios de la década de los treinta (62), dirigente de la CNT, deportado y fugado de Villa Cisneros, en 1939 vuelve a estar preso, situación en la que seguirá hasta 1945 (63), siendo autor de varios textos de la obra Musas Cautivas (64). José Rial fue detenido y es deportado al campo de concentración de republicanos en La Agüera, participando de la fuga de Villa Cisneros. Sixto Juan Concepción, conocido como “El Librero”, miembro de la CNT detenido por los sucesos de julio, permanecerá en diversas prisiones, entre ellas la flotante Porto Pi (65). Paulino Hernández, miembro de la CNT, acusado del incendio de la fábrica de salazones de Francisco Naveiras durante la huelga, fue capturado en Las Palmas de Gran Canaria y arrojado al mar sin juicio alguno (66). También fue detenido Antonio Hernández Merino, vocal del Sindicato de Inquilinos que estuvo entre los presos de Paso Alto de 1933 e igualmente sufrió la deportación a Villa Cisneros (67). De igual modo acaba en Fyffes Bernardino Afonso, firmante en representación de la Federación Obrera del manifiesto de mayo de 1933 a favor de la lucha de los inquilinos (68), ambos eran miembros de la CNT. Otros muchos cientos permanecieron anónimos y perseguidos, marcados por unos días donde la energía social de un grave problema, como el de la vivienda, generó respuesta y movilización, con una de las mayores enerías del periodo republicano. 

Los grandes medios isleños recogen la situación de la problemática de la vivienda, que consideran real y creciente, que afecta también a sectores sociales cercanos a estos medios, pero no tratarán de ir más allá del mismo. En todos los casos rechazan, con algunos matices justificatorios, la virulencia de la respuesta social dada a este conflicto. El Sindicato de Inquilinos obtuvo como victoria principal un debate público inédito sobre esta realidad, impensable sin esas movilizaciones y el amplio número de afiliados que lograron, además de una magra serie de mejoras, básicamente un tibio fomento de las casas baratas, un mayor control de sus condiciones sanitarias y algunas negociaciones de precios con los arrendatarios. El resultado será insuficiente y posiblemente explique, junto a la represión y cierre de locales, la tardanza con la que reactivarán sus acciones, al calor del éxito del Frente Popular. A modo de resumen podemos decir que la respuesta a este proceso de lucha sindical fue claramente represiva, siendo sin duda clave en la llegada de discursos más beligerantes a la prensa isleña y en la persecución política de este movimiento en los días posteriores al golpe franquista.  

 

Citas bibliográficas, periodísticas y fuentes consultadas

1. Cabrera Acosta, M.A. La II república en las Canarias Occidentales. Santa Cruz de Tenerife. 1991 pp. 356-358

2. La Prensa. 5 de abril de 1932. P2

3. La Prensa. 27 de abril de 1932. P2

4. La Prensa. 27 de agosto de 1932. P2

5. La Prensa. 1 de septiembre de 1932. P8

6. Hoy. 1 de septiembre de 1932. P5

7. La Prensa. 15 de octubre de 1932. P5

8. La Prensa 30 de octubre de 1932. P3

9. Semanario Actualidades. 31 de octubre de1932. P1    

10. La Prensa. 1 de noviembre de 1932. P2

11. Gaceta de Tenerife. 28 de abril de 1932. P7

12. La Prensa. 26 de noviembre de 1932. P5

13. La Prensa. 20 de mayo de 1933. P3

14. La Prensa. 21 de mayo de 1933. P9

15. Hoy. 23 de mayo 1933. P8 

16. Ascanio Gómez, Rubens. Nicolás Mingorance, olvidado poeta, periodista y activista republicano: http://www.sanborondon.info/index.php/desarrollo/cultura/79477-nicolas-mingorance-olvidado-poeta-periodista-y-activista-republicano

17. Hoy. 23 de mayo 1933. P8 

18. Gaceta de Tenerife. 23 de mayo 1933. P8

19. La Prensa. 30 de mayo 1933. P5

20. Aguiar García, Carlos David. “La Provincia de Santa Cruz de Tenerife entre dos dictaduras (1923-1945). Hambre y Orden”. Tesis doctoral. P 354

21. La Prensa. 3 de junio de 1933. P3

22. Gaceta de Tenerife. 8 de junio de 1933. P5

23. Hoy. 1 de julio de 1933. P3

24. Cabrera Acosta, M.A. Op. Cit. P367

25. Gaceta de Tenerife. 5 de julio 1933. P8

26. Aguiar García, Carlos David y Hermida Martín, Hermida. Techo y dignidad. La lucha del Sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República.  P117

27. Op. Cit. P117

28. Gaceta de Tenerife. 8 de julio 1933. P3

29. La Prensa. 8 de julio de 1933. p3

30. Gaceta de Tenerife. 8 de julio 1933. P3

31. Idem. P2

32. Idem. P2

33. Hoy. 8 de julio de 1933. P3

34. Idem. P3

35. Idem. P3

36. Idem. P8

37. Gaceta de Tenerife. 8 de julio de 1933. P5

38. Hoy. 8 de julio de 1933. P8

39. Hoy. 12 de octubre 1933. P3

40. Gaceta de Tenerife. 8 de julio de 1933. P1

41. La Prensa. 9 de julio 1933. P5

42. La Prensa 12 de julio 1933. P3

43. Hoy. 13 de julio 1933. P3

44. La Prensa. 12 de julio 1933. P5

45. La Prensa. 13 de julio 1933. P5

46. Hoy. 16 de julio 1933. P8

47. Idem. P8

48. La Prensa. 14 de julio 1933. P5

49. Hoy. 18 de julio 1933. P8

50. Idem p8

51. La Prensa. 18 de julio 1933. P5 

52. Izquierdo, Eliseo. Encubrimientos de la identidad en Canarias. La Laguna. 2019. Pp. 457-458 

53. Hoy. 20 de julio 1933. P8

54. Gaceta de Tenerife. 2 de agosto 1933. P1

55. Gaceta de Tenerife. 15 de julio 1933. P1

56. Hoy. 14 de julio 1933. P3

57. La Prensa. 19 de agosto 1933. P3

58. La Prensa. 11 de agosto 1933. P2

59. Cabrera Acosta, M.A. La II república en las Canarias Occidentales. Op cit. P373

60. Gaceta de Tenerife. 14 de abril 1936. P2

61. Medina Sanabria, Pedro. Licencia para dar sepultura a Francisco Sosa Castilla https://pedromedinasanabria.wordpress.com/2016/04/07/licencia-para-dar-sepultura-a-francisco-sosa-castilla/

62. Gaceta de Tenerife. 31 de enero 1930. P8

63. Hernández Hernández, José Manuel. Villa Cisneros 1937. La gran evasión de los antifascistas canarios. Santa Cruz de Tenerife. 2018. P52

64. Mederos, Alfredo y Millares, Sergio. Estudio histórico Musas Cautivas. CCPC. 2007. P72

65. García Luis, Ricardo. Crónica de vencidos. La Marea. 2003. P43

66. Aguiar García, Carlos David y Hermida Martín, Hermida. Techo y dignidad. La lucha del Sindicato de inquilinos de Tenerife durante la Segunda República.  P118

67. García Luis, Ricardo. Op cit. P305

68. Ascanio Gómez, Rubens. Bernardino Afonso, voz del movimiento obrero tinerfeño: https://latadelgofio.blogspot.com/2022/01/bernardino-afonso-garcia-voz-del.html?fbclid=IwAR01L1rtg96O6Rel7wYf_gXkFRRutalXenzliyj4y72KCD6liws5-1l6J_s

 

* Gracias a Rubens Ascanio