La Constitución es mucho más que el artículo 155 - por Nicolás Guerra Aguiar *

Felipe González y Aznar fueron presidentes del Gobierno español. Alfonso Guerra y Rajoy (actual presidente) actuaron como respectivos vicepresidentes.  Los tres primeros reclaman la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña; Rajoy lo activa. El 155 posibilita la intervención del Gobierno en una comunidad autónoma “si ésta no cumpliere las obligaciones que la Constitución […]”. Sin embargo, los mismos demandantes y el inflexible Rajoy no se caracterizan, precisamente, por el exquisito cumplimiento de otros artículos constitucionales que amparan básicos derechos ciudadanos.

   Así, destaca el pálpito revolucionario de González ("Yo hubiera suspendido a los responsables”) y Guerra (debemos frenar "los excesos de los secesionistas"). El primero, recordemos, ejercía como presidente (el segundo, como vicepresidente) cuando algunos periódicos denuncian el terrorismo de Estado (“desagües del Estado”): hay altos cargos del Gobierno psocialista implicados en la creación de los GAL (1983), bandas armadas parapoliciales responsables de 27 asesinatos, secuestros y torturas. ¿Las víctimas? Etarras, simpatizantes de ETA y personas absolutamente ajenas a la organización terrorista vasca. (Alfonso Guerra, además, se vio obligado a dimitir por las corruptelas de su hermano Juaniyo, enchufado por él en Andalucía.)

    También Aznar (Fundación FAES), expresidente del Gobierno y del PP, exigió su aplicación. Había formado parte de la Cumbre de Azores (2003) con EE UU y Reino Unido. Sin el respaldo de Naciones Unidas las tropas aliadas invaden Irak en nombre de “la libertad, la democracia y el Estado de derecho”. La excusa: las nunca encontradas armas de destrucción masiva. Lo real: la todopoderosa industria armamentística norteamericana, las inmensas reservas de petróleo en suelo iraquí y los multimillonarios beneficios de empresas españolas para la reconstrucción del país.

   Ese mismo año Aznar declara: "Créanme: hay armas químicas en Irak”. El 11 de marzo de 2004 se producen los salvajes atentados en la estación de Atocha: 150 muertos y 1857 heridos. El Gobierno del PP culpa a ETA. Dos días después, el candidato Rajoy mantiene la acusación. El 14 pierde las elecciones: la repulsa ciudadana anula sus pretensiones, pues en horas veinticuatro se había descubierto la gran mentira del PP tras la llamada “anónima” al diario Eguin negando la autoría de ETA. Paralelamente, la Guardia Civil detiene a varios marroquíes: las sospechas apuntan hacia los yijadistas, acaso como venganza por la presencia de Aznar en la Cumbre de Azores.

   En 2007 Aznar reconoce que no había armas químicas en Irak: "Tengo el problema de no haber sido tan listo de saberlo antes. Nadie lo sabía". ¿Consecuencias directas? Una: “Al Qaeda es un resultado de la Guerra de Irak" (Haizam Amirah Fernández, del Real Instituto Elcano). Otra: 109 032 muertos. (Documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos). Tres: el caos domina en Irak.

   Me disculpará usted tan minuciosa exposición, estimado lector, pero la considero imprescindible. A fin de cuentas, González, Aznar, Guerra y Rajoy ejercieron el poder político. Además, Rajoy es el actual jefe del Gobierno. Por tanto, los cuatro eran responsables directos de la misma Constitución que, además, recoge un amplio, preciso y riguroso articulado sobre derechos de los españoles. Sin embargo, parece como si estos fueran simples añadidos sin valor alguno hasta el día de hoy… Veamos, pues, algunos incumplimientos.

   Uno. Pobreza y exclusión social le afectan al 25% de la población española (mujeres mayores de 65 años y con 350 euros de pensión...). Se les niega, pues, el derecho recogido en el artículo 10: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes […]”.

   Dos. ”Todos somos iguales ante la ley” (artículo 14). Sin embargo, el señor presidente de la Audiencia Provincial de SCTF estima “inadmisible” la no ejecución de sentencias firmes por algunos políticos tinerfeños. Tal comportamiento “lo considero inadmisible, eso pone en duda el estado de derecho”. (Un ciudadano anónimo será detenido y encarcelado si la incumple.)

   Tres. El artículo 15 dice: “Todos [los españoles] tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.  Por tanto, se violó su esencia cuando el Gobierno psocialista creó los GAL.

   Cuatro. La “Ley Mordaza” fue aprobada por el PP en el Congreso (2015). El mes pasado la oposición “la derogó” (dijeron -incorrectamente- algunos titulares de periódicos), pero no es asÍ: sigue vigente. A partir de noviembre el Congreso discutirá las reformas que pretenden introducir PSOE y PNV. Además, también queda pendiente la eliminación de los cambios del Código Penal introducidos por el exministro Gallardón. Esta “Ley Mordaza”, pues, es rigurosamente contraria al artículo 20: “[…] derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante […] cualquier medio de reproducción”.

   Cinco. Casi tres millones y medio de parados echan por tierra el artículo 35: “[…] el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión […] y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Pero millón y medio de españoles llevan desempleados más de 24 meses.

   Seis. Las largas listas de espera en la Sanidad pública no permiten el ejercicio del derecho “a un régimen de Seguridad Social […] que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad” (artículo 41).

   Siete. La explotación sobre muchos trabajadores les impide el acceso a una vivienda. Sin embargo, escrito está en la Constitución (artículo 47): “Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán […] para hacer efectivo este derecho”.

      Así pues, González, Aznar y Guerra –tan exigentes en la aplicación del artículo 155- hicieron mutis por el foro ante incumplimientos a todas luces incorrectos e, incluso, contrarios a la propia Carta Magna como los ya comentados. La violación de tales artículos, por tanto, pone en duda su apasionado amor a la Constitución Española. Rajoy, exvicepresidente y actual presidente, no queda fuera.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar