De cuando el PP nos ilusionó con una utopía - por Nicolás Guerra Aguiar

   El señor Clavijo Batlle, don Fernando, es el alcalde de La Laguna y, a la vez,  cuasidesconocido candidato de CoATIción Canaria a la presidencia del Gobierno regional. Puesto que prudencia, sensatez y reflexión no son, precisamente, sus virtudes, habla mucho, quizás para que sepamos de su existencia. Y como aparenta que quiere romper amarras con el señor Rivero aprovecha cualquier oportunidad pública no para meditar respuestas sino para, de cuando en cuando, soltar cadenas de palabras, que no de filosofías políticas. Secuencias lingüísticas que, por otra parte, maldita la gracia que les hacen a sectores coÁTIcos.  

   Sin embargo, alguna vez acierta. Y a tal  conclusión llegué tras escuchar parte de una entrevista en la SER el pasado martes mientras yo avenidaba en la del alba en medio de las primerísimas lluvias otoñales, aquellas que en la ciudad casi traducen más calor, para que te jeringues, nenel. El señor Clavijo quiso justificar su crítica a la pregunta sobre la búsqueda de petróleo en aguas canarias, pues la considera compleja, enrevesada, confundidora. Argumenta que el Gobierno central siempre tendrá subterfugios para recurrirla en cuanto que "En este país la Justicia no es independiente, está politizada nos guste o no nos guste”. (¿Acierta el señor Clavijo? Al menos tal apariencia de politización ante la ciudadanía preocupa al señor presidente del Tribunal Supremo y del  Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.)

   Y aunque el señor candidato no entró en detalles, bien es cierto que a muchos nos hubiera gustado que definiera eso de “está politizada” y, a renglón seguido, corroborara la supuesta politización con ejemplos. Porque en estos momentos hay actuaciones judiciales que perplejan (como al señor Garrido, fiscal superior de Canarias, me sorprende que se retrase el juicio del caso Faycán en el que figura como procesada la señora alcaldesa de Telde, pues el PP no ha dado a conocer la lista oficial para las elecciones municipales). Por tanto, aclaraciones y precisiones se agradecerían por quienes muy poco sabemos de procedimientos relacionados con aquello que los romanos llamaron iustitia (‘justicia, equidad, derecho’), que no iustitiae - arum (‘mandatos divinos’).

   Sí sé, por ejemplo, que el CGPJ se compone de veinte vocales. Congreso y Senado eligen directamente, cada uno, a cuatro. El Parlamento selecciona a los doce restantes de entre los propuestos por los propios jueces. Pero lo cierto es que son los políticos quienes deciden sobre la veintena, sus señorías resuelven. Lo cual, obviamente, puede dar lugar a pactos o  entendimientos entre distintos partidos políticos e, incluso, a que solo dos, PP y PSOE, impongan mayoritariamente a sus candidatos. Y estos, claro, a pesar de su reconocido prestigio profesional e independencia, podrían depender de intereses políticos, a veces ajenos a la estricta y rigurosa función judicial.

   ¿Hasta dónde llegaría una hipotética o conjeturada influencia de un partido cuando por variadas razones se viera sometido a investigación por supuestos desajustes como órgano colectivo o como individualidades, personas físicas? ¿Respetaría con escrupulosidad ética y máximo acatamiento al Estado de derecho la independencia de alguno o algunos de los señores vocales del CGPJ que ejercen como tales precisamente porque fueron los seguros candidatos de aquel partido (o personas del mismo) afectados por presumidas irregularidades? (¿Pueden entenderse las conjeturas expuestas como politización de la Justicia, tal cual comenta el señor aspirante de CoATIción Canaria?)

   Precisamente para evitar estas aparentes dependencias y ratificar con diáfana limpidez la absoluta imparcialidad del Poder Judicial, el PP recogió en su programa electoral de 2011 la necesaria modificación de tales estructuras. Por tanto, el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 aprobó que debía cambiar el sistema de elección. Para ello se constituyó una comisión que estudiaría y llevaría a término una revolución democrática y de absoluta independencia del CGPJ: los veinte vocales serán elegidos por los señores jueces y magistrados y de entre ellos. Y si la Constitución de la II República declara que “Una asamblea constituída en la forma que determine la ley propondrá el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo”, el PP fue más preciso y contundente: serán los jueces y los magistrados ya elegidos como vocales quienes decidirán en votación secreta.

   Quedan pocos meses para las elecciones generales de 2015. Lamentablemente, la rigurosa, esperanzadora y  casi asonada decisión de aquel Consejo de Ministros está parada aunque el exministro de Justicia, señor Gallardón, constituyó una comisión para su estudio y redacción. Además, la Ley no tendría problema alguno en el Parlamento: la mayoría absoluta del PP en ambas Cámaras así lo avalaría. Sin embargo, han pasado dos años largos y todo sigue exactamente igual.

   El Partido Popular sembró esperanzas de seriedad, visión de Estado, altísima responsabilidad y riguroso respeto al juego democrático toda vez que, por fin, a los políticos de uno, otro o cualesquier bandos (a veces muy interesados) se les iba a cortar un exceso de intromisión en las cosas de la Justicia. La democratizadora turbulencia que el PP pudo haber creado con tal aprobación habría convencido a miles de ciudadanos de que podíamos confiar en él para el asentamiento de la independencia judicial. Estoy plenamente convencido de que ciertas consideraciones sobre el –a veces- excesivo conservadurismo del PP se vendrían abajo si tal valiente medida la hubiera llevado hasta las últimas consecuencias, es decir, la elección de los veinte vocales solo por jueces y magistrados, como apunta el sentido común. 

 No sé qué pasó –aunque lo sospecho-, pero la revolución quedó en aquello que el poeta barroco definió como humo, polvo, sombra, nada, tal es el destino de la belleza de la dama cuando el tiempo pasa y todo lo destruye. El PP creó esperanzas. Y muchos creímos que, al fin, iba a lograr aquello a lo que ni tan siquiera el PSOE se atrevió. Pero decepcionó. Aunque, al menos, hubo un tiempo de esperanzas e ilusiones con el Partido Popular. No obstante, sigue en el Gobierno. Por tanto, con capacidad decisoria.