Dinero público, propiedad privada

Nicolás Guerra Aguiar

 

 

Si bien es cierto que constitucionalmente el Estado español es aconfesional (‘No pertenece a una confesión religiosa o la defiende’), tampoco puede negarse la especial disposición de algunas instituciones públicas a prodigar sus aportaciones económicas para embellecimientos, reparaciones o ampliaciones de edificios propiedad de la Iglesia católica. 

  Surge, entonces, un aparente antagonismo. Por una parte, nuestra Constitución   (1978) es contundente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, en el mismo apartado flexibiliza la rigurosidad y, así, “los poderes públicos […] mantendrán relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (16.3.). Por tanto, se abren caminos para mantener una relación económica casi exclusivamente  con ella. ¿Cómo? Pues, si no a través de transferencias, sí como ayuda para el mantenimiento de edificaciones para el culto... o uso privado. Lo veremos más abajo con varios ejemplos (Orihuela, Salamanca, La Laguna).

  Por contra, la Constitución de la II República  (1931) lo tuvo muy claro: no hay distinción alguna entre las distintas variantes. Así, “El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas” (artículo 26).

  

  La conclusión, pues, es clara: cuarenta y siete años antes de la actual, la Constitución republicana prohíbe a las instituciones públicas las aportaciones económicas para cualquier entidad religiosa sin distinción de apellido. Por contra, la de 1978 (urge su puesta al día, dicho sea de paso) abre una vía de colaboración monetaria preferente, oportunidad no desaprovechada.

  Así, por ejemplo, la Generalitat Valenciana invirtió 776 118,11 euros en la rehabilitación (tercera fase) del palacio episcopal de Orihuela, pueblo de Miguel Hernández. (Palacio episcopal, por cierto, residencia privada del obispo el año 2014 cuando visité la ciudad a la búsqueda de algunos documentos en la Fundación Miguel Hernández.)   

  Sucedió también en Salamanca. Nueve años atrás se reabrió el Museo Catedralicio  tras la reparación por desprendimientos en una sala capitular. El Cabildo Catedralicio solicitó la ayuda oficial: la Junta de Castilla y León corrió con los gastos (400 000 euros). Y se comprometió con la restauración de obras pictóricas, 100 000 euros. (Por cierto: cobraban la entrada... por más que los grandes gastos corrieron por cuenta de nuestros impuestos.) Y la iglesia de las Úrsulas, también en Salamanca, practicaba tales contagiosas actividades. (¿Controla Hacienda la venta de entradas a tales instituciones privadas?)  Y en Madrid (2023) el Ayuntamiento le regala a la Iglesia católica una parcela (4 600 000 euros) en la cual el alcalde había prometido la construcción de un centro cultural (elplural.com).

  Los paseos matutinos por la tinerfeña La Laguna, estimado lector, traen a la memoria tiempos pasados. Sorprendían sus inmensos caserones y palacetes así como los trazados callejeros, modelos exportados a ciudades americanas. Y rehaciendo caminos al andar por sus calles va uno recordando monumentos, iglesias, ermitas… beneficiados, precisamente, por aportaciones públicas gracias a esa vía de escape que ofrece la redacción del constitucional artículo 16.3. 

  Así, la dadivosidad de algunas instituciones tinerfeñas llevó a la reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (febrero/2023). Las obras representaron para las arcas cabildicias algo más de 450 000 euros frente a los 116 000 aportados por el obispado (diariodetenerife.info). La propiedad beneficiada pertenecía -y sigue perteneciendo- a la Iglesia. Es decir, el Cabildo tinerfeño usó -sin irregularidad alguna, por supuesto- dinero de los contribuyentes a fondo perdido.  

  Fue en 2014 cuando La Laguna recuperó su catedral tras doce años de obras. El  Ministerio de Cultura (PP) mostró esplendidez con nuestros impuestos: aportó 8 300 000 euros “en un momento de particular dificultad económica”, lo cual significó la protesta de partidos políticos, sindicatos y asociaciones educativas. No obstante, el ministro asistente “ha dado por bien empleada toda la inversión” (canariasahora).  

  En la calle San Agustín está el Palacio Salazar (siglo XVII), residencia episcopal desde finales del XIX. Muy afectado tras un incendio (2006) que destruyó una buena parte de su estructura, se llevó a cabo la reconstrucción y reinauguración tres años después. El cuarenta por ciento del importe de las obras fue sufragado por distintas administraciones (europapress.es).

  En esta misma calle estuvo la iglesia de San Agustín, devorada por otro incendio en 1964. Formaba parte del antiguo convento (siglo XVI) donde se instaló la Universidad de San Fernando, posteriormente (1846) Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias. Como excepción, y sin que sirva de precedente, el Cabildo tinerfeño consolida las ruinas para utilizar el espacio como escenario cultural al aire libre según cadenaser.com. (Una curiosidad: ¿cómo llegó el solar a sus manos? ¿Cesión? ¿Compra?)

  En definitiva: el dinero público no puede ser invertido tan dadivosamente en construcciones privadas. (Por cierto: el arzobispo de Granada se gastó años atrás  veinte mil euros en viajes según público.es; andaluces.es). 

El más elevado porcentaje de las subvenciones que el ministerio de Educación, Cultura y Deportes dedica a la cosa cultural está directamente relacionado con la ópera (16 500 000 euros, dieciséis millones quinientos mil), obra teatral en la que actores – cantantes dramatizan un texto acompañados en su totalidad por la orquesta. O lo que es lo mismo, la ópera tiene su razón de ser en cuanto que haya representación, canto y compañía instrumental.

   Sea cual sea su origen (quizás Florencia; acaso el teatro del siglo XV o, incluso, las propias tragedias griegas, casi siempre acompañadas por coros), hablamos de Europa y de una ya cuatricentenaria tradición que evoca y recuerda a Verdi, Vivaldi, Mozart, Debussy…, pero siempre vinculada a selectos espacios físicos y a minoritarios grupos de personas capaces de abonar precios prohibitivos hoy para la inmensa mayoría a pesar de que existen subvenciones por parte del Estado. Un Estado, el español, cuyo ministerio de Educación…se vuelca en una actividad cultural de la cual goza un minimísimo tanto por ciento de ciudadanos. Estos, en el libre ejercicio de su irrefutable derecho, asisten a tales espectáculos pero con ayudas acaso distraídas de otros presupuestos más perentorios en cuanto que proceden del ministerio encargado de la enseñanza, derecho constitucional hoy con gravísimos problemas por los recortes.

   Como muestra, tres ejemplos: la Fundación Teatro Lírico de Madrid ha recibido este año casi ocho millones de euros. El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en torno a los siete. Y casi millón y medio dos fundaciones de Sevilla. En total, dieciséis  millones quinientos mil euros. Obviamente, el ministerio ha dejado de emplearlos -en momentos de emergencias sociales- para profesores de refuerzo en idiomas, por ejemplo; en aulas, comedores escolares, becas, material escolar… e, incluso, equipos de investigaciones y estudios, tan reconocidos mundialmente hasta hace poco. Porque de tal cantidad invertida –sumemos las subvenciones de ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejerías de Cultura…- cada comunidad podría recibir cientos de miles de euros. Y aunque estos no cubrirían, claro, las necesidades, sí podrían calentar los estómagos a miles de alumnos en cuyas casas hay gravísimas situaciones de elemental subsistencia. 

   Mas no se trata solo de la ópera –y hay representaciones de altísima calidad, casi de sublimaciones espirituales-, no. 

   

   ¿Cultura? Claro, por supuesto, absolutamente imprescindible para todos. ¿Privilegios, negocios con nuestro dinero, aportación a fondo perdido mientras el señor arzobispo de Granada, por ejemplo, se gastó hace cuatro años 20 000 euros en viajes (público.es; andaluces.es )?  No, en absoluto.

 

* Gracias a Nicolás Guerra Aguiar.

La selección de imágenes y sus pies son obra y responsabilidad de Chema Tante.