Ahora que se saca a relucir un posible delito de terrorismo contra Carles Puigdemont por parte del juez Manuel García Castellón, tras tanto tiempo en el que no saliera publicado nada al respecto, solo cuando se ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para aprobar la ley de amnistía, debemos pensar que antes de este juez (y de Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que apela también contra Puigdemont un potencial delito de alta traición) hubo otros episodios que conformaron una antesala igual de discutible. A saber, el presunto espionaje que sufrió el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y otros, desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Cuando el CNI entró en el dispositivo móvil de Pere Aragonès, avalado por el Tribunal Supremo, no solo se estaba restringiendo la privacidad de un ciudadano (que también) sino la del máximo responsable del Estado en Cataluña. El dirigente de ERC fue invadido telefónicamente gracias al programa ‘Pegasus’, tecnología utilizada por Israel.

A lo que hay que sumar a todo esto, la ‘policía patriótica’ manejada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con Mariano Rajoy en La Moncloa para tratar de destartalar desde Madrid el ‘procés’. El PP no tuvo remilgos en activar los recursos públicos del Estado en contra de lo que ocurría en Cataluña, al modo que fuese. Cuanto un Estado de Derecho queda ninguneado fruto de estas decisiones, lo único que trasluce es la debilidad democrática del propio Estado. Y no solo logística, recordemos que el PP negaba hasta el último momento que en Cataluña habría referéndum el 1 de octubre de 2017. Sin embargo, llegaron las urnas y hubo votación. El CNI no detectó nada.

Pero volviendo al presidente Pere Aragonès, esto sucedió con Pedro Sánchez en el poder y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. La ausencia de respeto a las formalidades democráticas cuando desde el poder central se esgrime los servicios de inteligencia para vigilar el teléfono móvil del político de ERC, y otros tantos líderes independentistas, propicia que luego en vía judicial nos llame la atención la investigación de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.

En la última década de crisis política en España se ha sacrificado una parte del periodismo y, parece ser, del universo judicial en aras de frenar el ‘procés’. Cuando esto acontece, mala señal. Si acaso, en el mejor de los supuestos, logras la tarea inmediata pero pagando un alto precio democrático. Con todo, el ‘procés’ tuvo su referéndum. No hubo independencia en 2017. A Puigdemont le tembló las piernas y su declaración en sede parlamentaria solo duró unos segundos. Mas todo este trance territorial ha dejado pérdidas democráticas para toda la sociedad. Tanto con Rajoy como con Sánchez; aunque uno y el otro intenten acotarlo a sus respectivos ministros. La misma táctica política, por cierto, que Felipe González tuvo con los GAL; teatralizar que no lo sabía y que no contaba con su participación, ni activa ni pasiva. Vamos, nada nuevo bajo el sol.