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16:58h. miércoles, 20 de octubre de 2021

Gestión sanitaria y libertades democráticas: aclaraciones necesarias (y 3) HOJAS DE DEBATE

 

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Gestión sanitaria y libertades democráticas: aclaraciones necesarias (y 3) HOJAS DE DEBATE

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A partir de las movilizaciones contra el «pase sanitario» en Francia, esbozar una reflexión desde España aconseja distinguir bien los contextos y las diferentes caras del problema planteado.

Frente a la pandemia y más allá de ella, desde los ámbitos sanitarios progresistas franceses se critica una política de salud pública estrictamente focalizada en la vacunación y «la incapacidad del sistema para atender a las necesidades reales de la población desde mucho antes de la crisis del covid». Desde 2003 hasta la fecha, han sido suprimidas cerca de 70.000 camas hospitalarias en Francia…         

En el caso de España, qué decir a este respecto ante realidades como la temporalidad y precariedad de buena parte del personal sanitario, la rápida reducción de efectivos apenas remitió el primer sobresalto de la pandemia, el completo y persistente descalabro de la atención primaria, la falta crónica de sustitutos para el personal de vacaciones o la privatización y el sometimiento a grandes intereses privados, alentados (unas veces de manera abierta y otras más o menos encubierta) desde hace muchos años…

Como criterio general, el interés común debe prevalecer para enfrentar la pandemia, y garantizarlo implica posibilidad de coerción, en mayor o menor grado, por parte de la autoridad pública. Sin ir más lejos, las medidas de confinamiento que hemos conocido nos lo mostraron. El gobierno francés (como el italiano y el griego) ha optado por dispositivos coercitivos para impulsar la vacunación. Sin ellos, hasta la fecha, la población española se ha vacunado proporcionalmente en mayor medida que la francesa. Lo que no es óbice para que, también en España, se hayan alzado voces a favor de imponer obligaciones.

Las respuestas y actitudes sociales a los requerimientos de los poderes públicos dependen de factores diversos. Qué duda cabe de que un esfuerzo de pedagogía para convencer al máximo de población de la conveniencia de vacunarse contra el covid-19, a pesar de las incertidumbres que subsisten sobre los posibles efectos secundarios a más largo plazo de las vacunas que se están  aplicando, siempre es preferible a imponer y sancionar. Ahora bien, no hay mejor modo de convencer que con hechos. Lo malo es que entre estos no se cuenta, ni ahora ni en las dos últimas décadas por lo menos, una política de defensa efectiva y de reforzamiento de la sanidad pública: ni en Francia ni en España.

A mayor ejercicio coercitivo, más importancia, en potencia, de la otra cara del problema que se plantea: la del peligro que pueden suponer para las libertades democráticas determinados dispositivos de control, vigilancia y sanción de la población. Se han reforzado con la pandemia, pero vienen de más lejos y pujan por seguir ganando terreno.

En este sentido, las inquietudes que suscita ahora el pase sanitario en sectores progresistas de la sociedad francesa se entienden mejor si tenemos en cuenta la secuencia que lo precede de medidas administrativas y de cambios legales, desde los atentados del 11 de septiembre, siguiendo por el estado de urgencia tras los de París de noviembre de 2015, la experimentación de tecnologías de vigilancia inéditas durante el confinamiento y pruebas muy claras de una preocupante «criminalización de la palabra pública» [1].

Un informe oficial, presentado el pasado mes de junio a la presidencia del Senado francés, que proponía «recurrir mucho más intensamente [de lo que hasta ahora se ha hecho] a las herramientas digitales, en el marco de la gestión de las crisis sanitarias o de otras crisis comparables (catástrofe natural, industrial, etc.)», motivó la alerta de la Comisión Nacional de Informática y Libertades contra «el riesgo de acostumbramiento y de banalización de tales dispositivos atentatorios contra la vida privada».

Por ese camino, escribió el periodista Serge Halimi (Le Monde diplomatique, agosto de 2021), «el principio de precaución no conocerá límites. ¿Es prudente, por ejemplo, coincidir en un restaurante con una persona que haya viajado alguna vez al Próximo Oriente, sufrido accesos delirantes, participado en una manifestación prohibida o frecuentado una librería anarquista? (…) ¿Será necesario que pronto todos los viandantes lleven consigo un «pase cívico» que garantice su historial judicial virgen y el aval de la policía? Así podrían deambular tranquilos por un museo de las libertades públicas, convertidas en ‘territorios perdidos de la República’».

En tiempos de fuertes turbulencias, con una crisis social que no resuelve una «recuperación» económica que ahonda las mismas fragilidades, servidumbres y dependencias crudamente desnudadas por la crisis sanitaria, y con una extrema derecha que explota el terreno abonado por la larga renuncia del grueso de la  «izquierda» a enfrentarse de verdad a la raíz de los problemas, ¿quiénes, qué clase y qué capas de la sociedad se exponen más a sufrir las consecuencias del deterioro de las libertades democráticas? ¿Es coherente o simplemente responsable dejar que las fuerzas más reaccionarias y oscurantistas aparezcan como sus defensoras? ¿Lo es legar un arsenal de medidas potencialmente liberticidas que quedarían a disposición de esas fuerzas si mañana aumentara su influencia en las instituciones?

Estas consideraciones no pueden faltar si se quiere entender las movilizaciones en Francia contra el pase sanitario. Amplios medios populares (incluidos trabajadores y activistas sindicales), que no se identifican de ninguna manera con la extrema derecha, no transigen con el chantaje de permanecer pasivos ante la pérdida de derechos que les impone el poder para no «hacer el juego» a la ultraderecha, con la que al mismo tiempo se los quiere interesadamente asimilar. Este fue el guión que llevó a Macron a la Presidencia de la República en 2017. El mismo en el que trabajan las fábricas de opinión (con él como principal aunque no única carta) de cara a la elección presidencial en 2022.

Otra particularidad francesa que no se debe perder de vista al analizar los últimos acontecimientos es la experiencia repetida de largos episodios de gran movilización popular en distintos momentos (huelgas prolongadas, jornadas de lucha y masivas manifestaciones) contra políticas impulsadas desde el poder; con muy activo protagonismo de los trabajadores y de importantes sectores sindicales. Limitándonos a lo que llevamos de siglo: contra la constitución europea (2005), contra la reforma laboral (2017) y de las pensiones (2019-febrero de 2020 y reanudándose en estos días). Las formas y, en parte, la composición presentan aspectos novedosos con el movimiento de los chalecos amarillos (desde el otoño de 2018): la convergencia con los componentes más combativos del movimiento sindical se construye desde abajo y debe superar reservas (en uno y otro lado)… El movimiento anti-pase, ahora, apunta algunos rasgos parecidos a esos.

Manifestación contra la reforma de las pensiones, París 17 de diciembre de 2019 (Ça n’empêche pas Nicolas23 de septiembre de 2021).

El último nos revela una problemática compleja, no exenta de aristas. Un análisis de clase, desde la perspectiva de la clase obrera y de otras capas populares que sufren las agresiones del gran capital y pueden y deben ser sus aliadas, no debería eludir ninguno de los componentes en cuestión ni las tensiones que pueden darse entre ellos.

Una reflexión basada en comparaciones entre España y Francia debe integrar fenómenos de alcance general, que nos son comunes, y características específicas de cada caso. Empezando por el motivo concreto de las movilizaciones francesas contra  la gestión de la salida de la crisis sanitaria. Hasta hoy, en España, ni el gobierno central ni los autonómicos, salvo excepción, han decidido implantar un pase sanitario en gran medida obligatorio, y tampoco la vacunación obligatoria de ningún colectivo [2]. Ello no ha impedido unas tasas de vacunación que son más elevadas que las de Francia.

A diferencia de Francia, el Tribunal Constitucional español resolvió, en sentencia del 14 de julio de 2021, estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los parlamentarios del grupo ultraderechista Vox contra el decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria provocada por la epidemia de covid-19. El criterio mayoritario del Tribunal español apelaba a la declaración de estado de excepción, en lugar del de alarma, como el adecuado para dar cobertura a los elementos del decreto que declaró inconstitucionales.

Sin embargo, como recogió uno de los votos discrepantes, «la razón del confinamiento domiciliario no era recuperar el orden público», como se establece en el caso del estado de excepción; este «se asocia a la adopción de medidas claramente restrictivas (suspensivas…)» de derechos fundamentales. Todo ello, según este voto particular, «sin perjuicio del análisis que se pueda hacer» sobre las medidas concretas adoptadas en aplicación del estado de alarma.

En otras palabras, la proclividad hacia el estado de excepción mostrada por la mayoría conservadora del Constitucional español entraña banalización de este dispositivo gravemente restrictivo de derechos fundamentales, haciéndolo extensivo a situaciones que no serían las previstas por la ley para su aplicación. Expresa una tendencia cargada de riesgos para las libertades ciudadanas.

Interpretar las movilizaciones de Francia contra el pase sanitario con el esquema que nos inspira una campaña ayusiana sería, también, olvidar que detrás de algunos lemas y símbolos que pueden parecer análogos hay historias y significados que están lejos de ser los mismos en cada caso.

En su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Presidente Pedro Sánchez afirmó que hoy «la democracia está amenazada». Independientemente de las distancias que nos separen en cuanto a contenidos del concepto y a su práctica, hay razones para no extrañarse ante la afirmación.

Históricamente, fenómenos como el nazismo y el fascismo nacieron de las entrañas del capitalismo. Cuando arrecian las contradicciones y las luchas de explotados y dominados pueden extenderse, el gran capital enseña sus bazas más autoritarias como instrumento disuasorio. En tiempos de crisis grave del sistema su violencia es un dique de contención contra el descontento popular. Al mismo tiempo, el fascismo explota demagógicamente este descontento y la inconsciencia de clase, potenciando el chovinismo y las divisiones en la clase obrera y en el conjunto del pueblo, dirigiéndolo criminalmente contra «chivos expiatorios» y eliminando derechos democráticos. La historia europea del siglo XX nos dejó lecciones que toda una ingeniería ideológica de «liberales» y «buenos demócratas» lleva décadas esforzándose en borrar.

Los peligros que evocamos no surgen de la noche a la mañana. Fenómenos como el hostigamiento represivo en nuestras sociedades contra determinados grupos en situación particularmente precaria, la criminalización de luchas obreras y de la palabra crítica y la extensión invasiva y cada vez más fuera de control de tecnologías de vigilancia, deben hacernos reflexionar. Con un sistema capitalista cada vez menos capaz de asegurar un mínimo nivel de bienestar a amplísimas fracciones de la población en los países más ricos, y que no tiene más horizonte que el enfrentamiento y la guerra como respuesta a las contradicciones mundiales que genera, ¿quiénes tienen más que perder con esta deriva?

Hemos dicho que no hay que caer en amalgamas. Evidentemente, las tendencias que recordamos guardan solamente una relación marginal con la pandemia de covid.

En el caso de España, en diferentes ocasiones han salido a la luz noticias de vestigios, conexiones y pulsiones franquistas en parcelas muy «sensibles» del aparato del Estado. No deben exagerarse, pero tampoco disimularse o trivializarse. ¡Y la «ley mordaza» sigue vigente! El género del espionaje ilegal impulsado o arropado desde altas instancias del poder político o de los poderes económicos cuenta con recientes episodios «patrios» que han saltado a los tribunales y que parecen inspirados en personajes de nuestros mejores tebeos de otros tiempos. Hay esperpentos que no conviene tomar a risa.

Nada que ver con la gestión de la pandemia, sin duda. La relación entre ambos fenómenos sí se hace visible en las movilizaciones francesas contra el aprovechamiento de la situación por el gobierno para seguir limitando las libertades democráticas y atacando a los derechos de los trabajadores. Y también (de otra forma), en la respuesta del Tribunal Constitucional español al recurso de Vox contra el estado de alarma y lo que puede implicar.


¡Derogación total de la ley mordaza, ya!

En Francia, la CGT ha llamado a una jornada de huelga general el 5 de octubre: contra las restricciones de la prestación de desempleo y el proyecto gubernamental de retrasar la edad de jubilación. Y también por la derogación de la ley del 5 de agosto y la readmisión de los trabajadores suspendidos; por un acceso libre, igual e informado a la vacuna (¡incluidas las de China, Rusia y Cuba!); por más medios materiales y personales para los hospitales y la investigación y por la liberación de las patentes sobre las vacunas.

Por cierto, en España, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acaba de hacer público su anhelo de un retraso de la jubilación hasta los 75 años: lo llama «nueva cultura del trabajo». En Francia, la edad promedio de jubilación actual no llega a los 63 años (62,8). ¿Alguien sabe de anuncios de movilizaciones por parte de alguno de los confluentes socios de coalición gubernamental del ministro «socialista» o de las principales «cúpulas sindicales» españolas? 

Notas

Notas

⇧1 Título de un artículo de Vincent Sizaire, profesor de la Universidad de París Nanterre, en Le Monde diplomatique, septiembre de 2021.
⇧2 Un decreto del Gobierno de Canarias recoge la imposición de pruebas diagnósticas y/o vacunación en determinadas circunstancias <Canarias aprueba un decreto ley «anticovid» con el que podrá pedir PCR negativa a funcionarios no vacunados (antena3.com)>. En trámite como Proyecto de Ley en el Parlamento de Canarias, acaba de ser descalificado por el Consejo Consultivo de la Cámara <El Consultivo ve inconstitucional y extemporáneo el decreto anticovid (eldia.es)>.

* Gracias a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo

 

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