Hasta dónde hemos consentido en Canarias - por Nicolás Guerra Aguiar
El Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna se mueve. Y eso es un mérito, habida cuenta de cómo andan algunas de nuestras Universidades, a veces algo dejadas en sus elementales funciones de investigación, enseñanza y formación en el pensamiento universal. Y tal vacío intelectual arranca, quizás, de aquel disparate de hace años que mantuvo como increíble ideología que la Universidad es un conjunto de edificios a los cuales asisten alumnos para aprobar las asignaturas y, al final, obtener la titulación.
Hasta dónde hemos consentido en Canarias - por Nicolás Guerra Aguiar
El Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna se mueve. Y eso es un mérito, habida cuenta de cómo andan algunas de nuestras Universidades, a veces algo dejadas en sus elementales funciones de investigación, enseñanza y formación en el pensamiento universal. Y tal vacío intelectual arranca, quizás, de aquel disparate de hace años que mantuvo como increíble ideología que la Universidad es un conjunto de edificios a los cuales asisten alumnos para aprobar las asignaturas y, al final, obtener la titulación.
Y como se mueve el Departamento lagunero de Geografía, hete aquí que su Grupo de Investigación sobre Subdesarrollo y Atraso Social (GISAS) concluye en un trabajo que a Canarias le falta un pizquito así (o un fisquito) para convertirse, según el número de ayuntamientos, en la comunidad española con mayores índices de corruptelas. Así, en la década anterior, Canarias sufrió treinta y cinco casos de corrupción que se expandieron por varios de los ochenta y ocho municipios. (Según el anterior Ministerio de Política Territorial, son ochenta y seis. ¡Qué disparate!) Y en solo dos años duplicó el número.
¿Por qué tal precisión? Pues, parece, por rigurosos trabajos de la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, porque se habían creado grupos policiales especializados en tales menesteres que, además, han demostrado su profesionalización interviniendo, incluso, contra supuestas corrupciones en sus propias interioridades: es el caso del grupo que operaba en Fuerteventura. Lo cual viene a demostrar, una vez más, que no puede hablarse de que las Fuerzas de Seguridad no actúan, de que son indolentes.
Bien es cierto que determinadas desestructuraciones o descomposiciones como en el caso de la isla majorera son corregibles, pero a la vista está que no siempre se impone aquella fórmula tan repetitiva de que “la ropa sucia se lava en casa”. Hay, en efecto, un alto tanto por ciento de policías nacionales y guardias civiles que sirven al sistema democrático –y a la sociedad, no lo olvidemos- a través de sus actuaciones, muchas veces condicionadas por elementos externos que si no las impiden sí, al menos, pretenden frenarlas o ralentizarlas, cuando no entorpecerlas. (¿Un ejemplo? La Junta de Andalucía -PSOE + IU- tardó año y medio en enviar a la Guardia Civil documentación sobre los ERE. ¿Por qué?)
Y policías y guardias civiles forman parte, también, de la policía judicial, aquella que depende directamente de jueces y fiscales. Por tanto, y en las actuales circunstancias, deben multiplicarse aquellos grupos especializados en fraudes, estafas públicas, latrocinios y corruptelas. (Petición que, obviamente, es utopía: son los políticos, precisamente, quienes distribuyen los presupuestos.)
Pero también es cierto que el ciudadano de a pie muestra su perplejidad (y ahí acaba todo) cuando tras sonadas y a veces grabadas detenciones de personajes importantes en la cosa pública (no es correcto el segundo procedimiento), aquellos permanecen un par de días en los calabozos; luego pasan a disposición judicial; algunos entran en la cárcel un tiempo y, después, ya porque se considere que no huirán, ya porque abonan las fianzas, vuelven a la calle. Los años pasan, los trienios también, y nada vuelve a saberse en torno a aquello, cómo va el proceso, qué hubo de las acusaciones y cuándo se les juzgará para que el Estado intente demostrar su culpabilidad y, si así fuera, cumplan las condenas impuestas.
No necesito nombrar a nadie (o a nadies), pero en nuestras mentes permanecen despliegues policiales, cámaras, fotógrafos, detenciones, calabozos, acusaciones, cárceles… de tiempo atrás y que impactaron en distintos municipios canarios. Sin embargo, parece como si los expedientes hayan quedado en situación de forzado reposo lo cual, sin duda, y además, tampoco beneficia a las personas afectadas en cuanto que su honorabilidad y buen nombre siguen en entredicho, a pesar de aquello tan bonito de la presunción de inocencia. Quizás por eso siguen en el ejercicio.
Pero lo cierto es que Canarias, a pesar de su situación privilegiada en la lista de las corrupciones, no es una excepción dentro del Estado. En ese tema concreto no se diferencia de otras regiones españolas en las que el putrefacto olor de las descomposiciones se ha extendido de tal forma que, a veces, se identifica con lo normal, lo cotidiano, como si pestes, tufos y hedores se hubieran impuesto sobre perfumes, fragancias y frescuras. (Y que algunas calles de Las Palmas paralelas y perpendiculares a la Avenida Marítima, y esta misma, jiedan de cuando en cuando –es el comienzo del Este-, no debe entenderse como la materialización de aquella simbólica fermentación producida por desordenadas ambiciones, en absoluto. Es un hecho casual).
Luego están los otros comportamientos, no corruptos pero sí contrarios a la estética y a la necesaria autoridad. Es el caso de los nuevos cargos en el Cabildo de Gran Canaria, entre ellos el del señor Perdomo, funcionario procesado pero no condenado: por tanto, inocente. Defiendo su derecho a buscarse la vida, cómo no, mientras sea un hombre libre. Pero lo llamativo es la actuación del señor Bravo de Laguna, presidente cabildicio. Por una parte incumple su palabra dada en la campaña electoral sobre reducción de cargos, lo que se traduce en más nominillas. Por otra, alega que nada sabía sobre el ascenso del señor Perdomo. Por tanto, una de dos: o miente –lo que no creo, en absoluto- o es un presidente con el que no se cuenta (no le consultaron este concreto ascenso), como si su decisión no sirviera de nada para las nuevas promociones digitales. Es decir, su autoridad no existe.
No es un caso para el GISAS, claro, pero sí para cuando se estudie sobre ausencia de ética política y cargos que, en apariencia, son puro escaparate, quizás solo de moda cálida. Pero la ciudadanía, como si no fuera con ella, resignada, aparradita. Así nos va.
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http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=305286