Jueces verdugos nazis: España y Alemania

Emilio Díaz Miranda *

Una cosa es la justicia y otra es el Poder Judicial. No todas las leyes son justas ni democráticas e igualitarias. Eso es así en España y Alemania, pero también lo es en cualquier país del mundo.

Recordemos que en Estados Unidos y en Europa durante mucho tiempo hubo esclavos por ley y costumbre.

 Y que también, ya en el siglo XX todavía en Estados Unidos los negros estaban sin derecho a votar y que hubo manifestaciones racistas violentas, linchamientos y brutalidades racistas. Entonces la aparición de un Estado Soviético que proclamaba la igualdad de los seres humanos independientemente de su raza, sexo o nacionalidad impulsó los movimientos democráticos e igualitarios obligando a los estados capitalistas a hacer reformas por miedo a perder el control sobre sus territorios ante la nueva situación.  

Pero nunca en la Historia de la Humanidad han habido avances sin interrupción en línea recta, sino que hemos visto giros y retrocesos, aberraciones y también momentos luminosos.

Es histórico que la Dictadura fascista de Franco en España se impuso con ayuda de Hitler y Mussolini, pero también por el estrangulamiento de nuestra Segunda República por parte de las potencias imperiales y colonialistas de Inglaterra y Francia, temerosas de una república con gobierno de Frente Popular (socialistas, demócratas, nacionalistas catalanes y vascos, comunistas e incluso anarquistas). La sangrienta Guerra civil española que siguió a los fracasados intentos de golpe militar de Estado acabó con miles de muertos y enlazó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

El siniestro dictador Franco vería atemorizado, más tarde, como con la capitulación incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, después de la toma victoriosa de Berlín por las tropas soviéticas, se ponía fin a la guerra en Europa. Hasta el 2 de septiembre de ese año no capituló Japón, después del ataque con bombas atómicas por Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki.

El superhéroe Adolfo Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945, ante el avance de las fuerzas soviéticas que se acercaban al búnker del comando en el centro de Berlín. Berlín se rindió ante las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945.

Vencidas las potencias imperial-fascistas se pusieron en marcha los Juicios de Nürenberg contra los dirigentes, funcionarios y colaboradores del regimen nazi en sus diferentes crímenes y abusos contra la Humanidad en nombre del III Reich. Los juicios tuvieron lugar en la misma ciudad – Nürenberg – en que 10 años antes se habían promulgado las leyes racistas del mismo nombre por Adolfo Hitler.

LEYES INJUSTAS. JUECES CORRUPTOS Y CRIMINALES

Aparte de los citados Juicios de Nürenberg hubo otros juicios contra aquellos individuos que habían vendido cuerpo y alma al satánico regimen nazi. Así el 3 de diciembre de 1947, tras 120 días de vistas, el caso nº 3 "Estados Unidos de América contra Josef Altstötter y otros" llegó a su fin ante un Tribunal Militar Americano. Del 17 de febrero de 1947 al 4 de diciembre de 1947, 16 altos funcionarios judiciales y jueces del régimen nazi, así como un juez lego del Tribunal Popular, tuvieron que responder de sus actos ejecutados con toga y procedimientos criminales “legales”, es decir, de acuerdo a las leyes vigentes (nazis). Aquí quedó claro que no toda ley ni todo lo legal es justo, sino que puede ser injusto e incluso criminal.

La corrupción no es siempre con dinero, sino con ascensos de poder, amistades, halagos, mirar hacia otro lado, etc.

Dos de los 16 acusados abandonaron el juicio, quedando 14 condenas. Estos 14 condenados representaban a los 15.000 abogados que habían trabajado en la justicia (?) nazi a principios de la década de 1940. En la famosa sala del jurado 600 del Tribunal Regional de Núremberg se escuchó a 138 testigos y se presentaron 2.093 pruebas para el juicio. Fueron juzgados los ex secretarios de Estado Schlegelberger, Rothenberger y Klemm, del Ministerio de Justicia del Reich, junto con otros altos funcionarios, fiscales del Reich y jueces del Tribunal Popular, así como jueces de los tribunales especiales. 

 

Según los jueces en su sentencia individual, el Secretario de Estado Franz Schlegelberger era una "figura trágica". Amaba la vida intelectual, el trabajo del erudito. Se cree que aborrecía el mal que hizo, pero vendió su intelecto y su erudición a Hitler por un plato de lentejas políticas y por la vana esperanza de una seguridad personal."   

Pero importantes representantes de la (In)-justicia nazi no estaban en el banquillo: el longevo ministro de Justicia Franz Gürtner ya había muerto en 1941; su sucesor Otto Thierack se suicidó siendo prisionero de guerra británico, al igual que el presidente del Tribunal del Reich Erwin Bumke cuando los estadounidenses entraron en Leipzig. El Presidente del Tribunal Popular, Roland Freisler, murió en 1945 durante un ataque aéreo sobre Berlín. El funcionario judicial nazi Hans Frank fue condenado a muerte en el llamado juicio principal por crímenes de guerra. 

A los fiscales aliados no les preocupaban tanto las atrocidades individuales, sino el sistema judicial como sistema criminal. El "draconiano, corrupto y depravado sistema judicial nacionalsocialista" fue acusado como tal. Un crimen contra la humanidad no consistía en un "brote aislado de persecución racial, política o religiosa", sino -como demostraban la legislación y la práctica jurídica bajo el nacionalsocialismo- en el establecimiento por parte del gobierno de un sistema jurídico destinado a poner en práctica un plan desarrollado por el gobierno para el asesinato, el exterminio, la esclavización, la privación de libertad y la persecución de personas por motivos raciales, políticos y religiosos.

AQUÍ SE VE CON TODA CLARIDAD LO QUE AFIRMABA AL COMIENZO DEL ARTICULO: NO TODA LEY NI TODO TRIBUNAL DE JUECES SON JUSTOS.

Un caso ejemplar por lo abominable es el del Presidente del Tribunal Popular, Roland Freisler que tuvo la suerte de morir durante un ataque aéreo en 1945 en Berlin. Este verdugo con toga condenó a los jóvenes pacifistas miembros de la "Rosa Blanca", así como a los conspiradores militares del atentado contra Hitler del 20 de julio. Roland Freisler se consideraba ante todo un soldado político. El campo de batalla de su fanatismo era la sala del tribunal donde no arriesgaba su vida ni corría peligro como en trincheras de recibir una bala perdida. Su valentía consistía en insultar y condenar en nombre de las leyes y levantar su brazo en saludo nazi para condenar. Pero en vez de toga debería haber vestido como verdugo.  

          

El 25 de enero de 1985 a unas semanas antes de cumplirse el 40 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales democráticos de la República Federal Alemana juzgaron a Michael Kühnen en el tribunal de distrito de Fráncfort del Meno. Se le acusaba de producir y distribuir material de propaganda neonazi. El tribunal condenó al conocido neonazi de 29 años a tres años y cuatro meses de prisión. Al mismo tiempo, los miembros del Bundestag en Bonn (todavía no se había producido la unidad estatal de Alemania) debatían el documento del Bundestag 10/2368, que trataba de cómo hacer frente al sistema de justicia nazi.

¿Cuál debería ser la posición del Bundestag (parlamento federal alemán) ante el terror jurídico de orden estatal del Tribunal Popular nazi, responsable de miles de condenas a muerte hasta 1945? Por recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, los diputados decidieron declarar nulas todas las sentencias nazis. "La institución conocida como Tribunal Popular", según la resolución unánime, "no era un tribunal en el sentido del Estado de Derecho, sino un instrumento de terror para imponer el despotismo nacionalsocialista". Algo parecido se debe decir de los tribunales franquistas que desde el comienzo de la Guerra civil hasta que la derrota del nazi-fascismo de Alemania e Italia frenó y moderó la sed de sangre de Régimen del Movimiento Nacional.

 

   

(Foto: el Gobierno Suárez en el Parlamento)      

¿Y LOS JUECES Y TRIBUNALES EN ESPAÑA?

Está claro que la Ley de Amnistía refrendada por las Cortes franquistas y sometida y aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de Enero de 1977 dió paso al proceso de Transición de la Dictadura fascista a la Monarquía y a la Constitución. La amnistía se contemplaba explícitamente en la Constitución de 1978, pero un año antes de la entrada en vigor de la Carta magna, el primer gobierno democrático liderado por Adolfo Suárez, promulgó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, conocida como Ley de Amnistía, que se aprobó con la mayoría de los votos de los diputados del Congreso, excepto los de Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra. Estos dos partidos ahora desaparecidos, el primero transmutado en Partido Popular y el segundo borrado del mapa electoral, dando paso a Bildu fuerza vasca que renuncia explícitamente al terrorismo y acepta el parlamentarismo y la Constitución.          

Pero los crímenes de guerra de los franquistas, militares o civiles de camisa azul, quedaron impúnes, tanto los cometidos durante la Guerra civil como después durante la llamada Paz de los Cementerios del largo periodo de tiempo que siguió. Y todavía hoy en el 2023 no se ha prohibido la difusión de la ideología fascista ni sus concentraciones y organizaciones, como se ha hecho en el resto de Europa.         

 Según las Derechas, políticas y jurídicas, el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts per Catalunya ataca de tal manera la independencia judicial que una serie de asociaciones de jueces, fiscales y abogados han alzado la voz para denunciar este laminación del Estado de Derecho, mientras en las calles miles se manifiestan e incluso incendian barriles de basura y coches. La cosa viene de viejo, del 28 de junio del 2010, del Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006, interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

ACUERDO PARA LA CONVIVENCIA Y PACIFICACIÓN

En el reciente acuerdo PSOE-JUNTS, el PSOE, "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos”. Un paso será la Amnistía y mayor reconocimiento de la Autonomía catalana.

El 6 de febrero de 2005 el entonces líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en un artículo que publicó en el monarquico diario ABC con el título «Una cierta idea de España», acusó al presidente del gobierno Rodríguez Zapatero de dejarse «arrastrar» por «la voluntad de quienes no quieren saber nada de España» y manifestó su oposición a la concepción de España como «un Estado plurinacional, plurisoberano, federal, o cualquier otra variedad de estado menguante»: Yo creo- dice Rajoy- en España, como la inmensa mayoría de los españoles, y voy a poner toda mi voluntad y toda la energía de mi partido en defender que España sea y que siga siendo lo que es. […]

Aquí Rajoy presenta una concepción “eternista” o sea, de una España eterna e invariable que no es la mía, por anticientífica y nada histórica. Yo creo que España ha cambiado a lo largo de su historia y hoy necesita reformas a muchos niveles politicos y económicos y sólo un privilegiado egoista y conservador puede estar contento con el actual estado del país.

Podría estar de acuerdo con Rajoy cuando en ese mísmo artículo en ABC escribe que “España, la nación española, es algo más que un diseño caprichoso, maleable, a disposición de cualquier ingeniero constitucional voluntarioso. Es una realidad obstinada que nadie podrá cambiar a su capricho. No ha nacido al calor de una mente visionaria, sino de los avatares compartidos a través de una larguísima historia. No existe nación moderna con más solera, y los españoles, la realidad tangible de esa nación, no consentirán que se dilapide caprichosamente su patrimonio de siglos ni el marco de su historia, el depósito de su tradición cultural, la crónica de su aventura en el mundo., así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultura y lingüística" de Cataluña”. Esta expresada una España aquí más cercana a su historia y realidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 promovida por los diputados del PP conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Esto representa una discriminación frente al resto de las regiones españolas.

Según las Derechas, políticas y jurídicas, el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts per Catalunya ataca de tal manera la independencia judicial que una serie de asociaciones de jueces, fiscales y abogados han alzado la voz para denunciar esta supuesta laminación del Estado de Derecho. Esto resulta ridículo, partidista y peligroso. Y la propaganda mediática ha llevado los llamamientos de Aznar-Feijóo y consortes a manifestaciones masivas en que se insulta, desprecia y se pone en cuestión la legitimidad de los resultados electorales e incluso la propia Constitución y a la Monarquía con carteles, banderas horadadas en que un agujero destaca donde deberían estar los signos de la monarquía. Y las manos alzadas en puro fascismo que canta el Cara al Sol y tira piedras a policías que protegen vidas y edificios.

NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON

El refrán se puede referir tanto a la integridad de los jueces como a la lista de corruptos o dignos de suspensión. Y es que nadie está libre de pecado, tanto sea juez o policía, abogado o profesor. Nadie es perfecto, sea hombre o mujer, joven o anciano, blanco o negro.

Algunos pocos ejemplos a vuelapluma de jueces sancionados en el pasado. Cuando tales asociaciones piden “independenciia judicial” han de recordar que las leyes las hacen los parlamentos y los jueces sólo son los que deben aplicarlas. En el 2011 parecía haber una oleada de casos de jueces suspendidos (Garzón, Carlos Cezón, Guillermo Ruiz de Polanco...), expulsados (Ferrín Calamita en Murcia, José Antonio Martín en Canarias, Adelina Entrena Jueza de Motril, José Ramón Manzanares, el juez del Supremo Jaime Rodríguez Hermida, etc- y sancionados, cómo el juez Tirado. Entre 2004 y 2008, 24 jueces fueron suspendidos y tres expulsados. Otros jueces de la Audiencia, tal Ruiz de Polanco, fueron suspendidos.

El juez Gómez de Liaño fue condenado por el Supremo y posteriormente el Tribunal de Estrasburgo sentenció que no tuvo un juicio justo

Pero el caso más reciente y vergonzoso puede ser el del Juez del Registro Civil de Murcia, al que los mismos funcionarios han denunciado por maltrato psicológico y tratos xenóbofos y denigrantes a los ciudadanos: Expedientan al juez del Registro Civil tras denuncias por ´vejaciones´.El TSJ ha recibido más de una decena de demandas de funcionarios contra Antonio Martín Ferradal, al que acusan de maltrato psicológico.

El juez García Castellón que investigó la operación Kitchen y que se negó- contra el criterio de Anticorrupción- a imputar a Cospedal estuvo cobrando durante 17 años en puestos nombrado a dedo por los Gobiernos PP de Aznar y de Rajoy. A lo largo de sus dos etapas en el órgano más mediático de la judicatura participó en decisiones relevantes, desde ordenar la prisión de Mario Conde a investigar (y desestimar) causas ligadas al PP como Púnica, Lezo y Kitchen. En tales ocasiones los representantes del tribunal Anticorrupción calificaron las resoluciones de García Castellón como "contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente como existentes y sólidos". Se aseguró que el juez “sin fundamento” había cambiado de opinión “respecto al pago de comisiones". Esperamos no estar frente a un soldado con toga del PP como el difunto juez verdugo nazi Roland Freisler lo era del nazismo.

El hoy todavía juez García Castellón inició un juicio contra Puigdmont por terrorismo ya que durante los disturbios en Barcelona hace 4 años un ciudadano, ante la falta de transportes, trató de llegar al aeropuerto caminando y murió de un infarto. Es triste, pero no lógico ni es cuestión de recoger una lista de los fallecidos aquel día y acusar a los huelguistas de terroristas abriendoles un proceso.

La comparación con los jueces nazis que mandaron a campos de concentración y muerte a centenares de miles por estar bajo las leyes del Tercer Reich puede ser exagerada, pero no está de más recordar que a la Carrera judicial como a la militar en España se accede por costosos estudios con tradición familiar que viene del tiempo de Franco. Y que en la mayoría de los casos se está de acuerdo con “los de arriba” y se defienden los propios privilegios, aunque no sean democráticos sino heredados.

 

* Gracias a Emilio Díaz Miranda