¡Menuda hipocresía del PP con los indultos y las amnistías!

Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista *

El indulto y la amnistía es un instrumento o medida de gracia que, suelen utilizar los gobiernos democráticos para conseguir unos determinado objetivos, por regla general poner punto y final a conductas fiscales y/o políticas constitutivas de delitos, para lograr entendimiento, apaciguamiento y un mayor grado de concordia y convivencia. Eso se pretendió con la primera ley de amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977 y en gran medida se logró para que pudieran salir de las cárceles los presos políticos del franquismo, cuyo único “delito" haba sido luchar por la libertad y la justicia social (pero aprovechando esa ocasión se amnistió igualmente a los verdugos y maltratados franquistas). Esa reivindicación se demostró en las manifestaciones que protagonizábamos en aquel entonces, cuando con gran entusiasmo coreábamos el eslogan: “libertad, amnistía y estatutos de autonomía”. Estos tres objetivos en alguna medida se han logrado. La libertad no plenamente debido a que los poderes fácticos, siguen influyendo bastante en la vida política, social y económica del país.

Los estatutos de autonomía en un primer momento con la descentralización que producían, crearon muchas expectativas como para plantearnos que podría ser un primer paso para que se lograra un Estado federal. Con el tiempo, se ha comprobado que el titulo VIII de la Constitución que contempla el Estado de las autonomías se ha quedado bastante obsoleto y como asignatura pendiente para ser revisado y ponerlo a punto. Así, ha ocurrido con la mayoría de los estatutos de autonomía de las diversas comunidades autónomas, que mediante leyes orgánicas se han revisado y puesto al día. Eso es lo que pretendió hacer José Luís Rodríguez Zapatero, cuando ostentando la Presidencia del Gobierno negoció y se puso de acuerdo con el presidente de la Generalitat Pascual Maragall y, después de haberse llegado a un consenso con su correspondiente texto de reforma entre ambos gobiernos, fue sometido en los respectivos parlamentos en el de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, habiendo sido aprobada la reforma con el voto de 120 parlamentarios catalanes. Todos, salvo los del PP que votaron en contra.

En el Congreso de los Diputados igualmente se aprobó el 31 de marzo de 2006 por mayoría absoluta de 189 votos a favor y 154 en contra. Posteriormente fue refrendado en referéndum por el pueblo catalán el 18 de junio del mencionado 2006 con el respaldo de 1.881.765 votos el 73,90%, siendo los votos negativos 554.472 el 20,76% y en blanco 135.998 el 5,34%. Sin embargo, aún teniendo ese amplio y favorable resultado, el Partido Popular en su linea de siempre de obstrucción y populista crispación, se dedicó a recoger firmas y organizar todo tipo de manifestaciones en contra e incluso, el 31 de julio del mencionado año 2006, recurrió al Tribunal Constitucional que eliminó del texto algunos preceptos, aprobados en otras comunidades autónomas como fueron los casos de Valencia y Andalucía. Eso produjo el rechazo de la sociedad catalana y la crispación cada vez mayor de ésta con el conjunto de la española.

Así hemos llegado hasta la actualidad con este grave problema sin resolverse. En ese sentido, Pedro Sánchez dió el paso muy importante de concederle el indulto a los responsables del Procés y sobre todo a los dirigentes independentistas, condenados con entre 12 y 14 años de presidio de los que cumplieron 4. Esa medida de gracia ha sido aplicada por miles a través de todos los gobiernos democráticos. En este caso, ha servido para aliviar la tensión y los enfrentamientos en Cataluña, con el logro de una mayor y mejor convivencia. El papel al respecto protagonizado por los socialistas catalanes les fue reconocido y muy ampliamente respaldado electoralmente en las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio. Lo que hace pensar que, esa es la línea mas oportuna y adecuada para seguir profundizando y perseverando y desde posiciones legitimas e institucionales afrontar el problema del independentismo catalán y darle las respuestas necesarias y pertinentes.
 

Lo demás, como pretende el reaccionario PP y su socio el fascista Vox, sólo conduce a crispar y tensionar a las correspondientes sociedades la de Cataluña y la del conjunto de España. Ambos nacionalismo como se ha venido comprobando se retroalimentan, hasta el extremo de que Mariano Rajoy dejó el sentimiento independentista catalán en el 48% y Pedro Sánchez con sus políticas de negociación y consenso ha rebajado esa cifra al 30%. Ahora con la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y el anuncio de que en cuanto pueda llevará al Parlamento una ley de amnistía, se ha podido comprobar el gran apoyo obtenido y en la primera vuelta con una mayoría absoluta de 179 votos. El pacto suscrito con diversos partidos políticos no solamente contempla el apoyo de la investidura, pues igualmente se refiere a la gestión de gobierno en la actual legislatura.

Esto es lo que realmente le ha afectado al Partido Popular con su indecente presidente Feijóo (fue amigo del narcotraficante Marcial Dorado), que esperaba gobernar España. El tema de la amnistía la han sacado hipócritamente y con burdas y miserables argucias a colación. Están haciendo causa común con el fascista Vox, pero absurdamente Intentaron conseguir los apoyos del PNV y Junts per Catalunya, como ya lo había logrado José María Aznar en 1996, cuando no le quedó mas remedio que recurrir a ellos al no poder lograr como creía la mayoría absoluta y, los militantes y simpatizantes del PP que la esperaban conseguir exteriorizaban delante de su corrupta sede (pagada muchas de sus obras con dinero opaco) de la Calle Génova, donde coreaban la frase: “Pujol enano habla castellano”. Para ellos la amnistía que pretende implantar Pedro Sánchez, es “muy injusta”, pues privilegia a los futuros amnistiados con el resto de los españoles. Eso si fue lo que se produjo con la amnistia fiscal durante el gobierno de Rajoy en 2012 y por mediación del Ministerio de Hacienda (aunque quisieron disfrazarla con otros términos como regularización o adaptación fiscal, etc.), de muchos corruptos defraudadores de Hacienda y evasores en paraísos fiscales. Sólo lo defraudado y oficialmente (extraoficialmente se calcula fue mucho más), la cuantía ha sido estimada en cerca de 50.000 millones de euros. ¿Eso no fue de verdad un privilegio en relación al resto de los españoles que a través del IRPF,  cumplimos con nuestras obligaciones fiscales?.

* Gracias a Antonio Aguado Suárez