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 La Ley hay que cumplirla, obedecerla, acatarla. Quien no cumple con ella incurre en delito, y este es condenable, siendo la pena que se impone, la medida que la misma establece. En el “Diccionario de uso del español”, de María Moliner, se dice que Ley es un concepto dictado por un gobernante y aprobado por el poder legislativo de la nación (Parlamento) y el soberano o autoridad suprema de la nación, promulgada por el ministro correspondiente. Ley es Mandato, Orden, Precepto, Acatar, Juridicidad, legalidad, Derecho.

Ya no sé si lo que estamos viendo en España está bien o mal, si ello es natural en un sistema democrático de libertades (alardeamos de democracia plena), o es más propio de dictaduras, de izquierdas o de derechas, donde el pueblo es conducido por la senda marcada desde arriba, y no cuenta para nada. ¿Nos estaremos volviendo locos con la imposición que tenemos por parte de la ultraderecha, que, sin haber llegado todavía al poder, va cumpliendo poco a poco los postulados que el fascismo ha defendido en la historia reciente de este país?

La extrema derecha quiere eliminar a la izquierda en España

Las fuerzas vivas conservadoras -no el pueblo soberano, que sigue dormido- están exultantes por el advenimiento de la extrema derecha de Vox, y se encarga de blanquearla y naturalizarla; lo contrario ocurre en Alemania donde está castigado por ley enaltecer el nazismo.

Esta fuerza política se insulta si algún periodista la llama por su nombre: nazifascistas; sin embargo, ellos mismos se encargan con sus obras y la palabra  confirmar lo que son: oponerse a todo, ir en contra de la ley de Memoria Histórica, negación del maltrato machista, impedir en el Congreso la aprobación de una Declaración Institucional por el Día Mundial contra el Sida, los abusos de la banca, los casos de corrupción, el mal uso de la Justicia por la derecha y, en definitiva, generar odio con solo su presencia.

Dura lex sed lex (dura ley, pero ley), es un principio general del Derecho y una de las principales bases del Ordenamiento Jurídico. El expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes (se dice “ex” porque su mandato caducó va para tres años, por lo que su permanencia en el Consejo es “en funciones” y no puede nombrar nuevos cargos), su avilantez es tanta, que no ha tenido empacho para acompañar al Jefe del Estado a Cataluña y presidir la ceremonia de entrega de titulaciones a los nuevos jueces. En ello tiene mucho que ver también Felipe VI, que se prestó al esperpento. Vivimos, pues, en un país donde todo puede suceder.

El Partido Popular incumple la ley no apoyando la renovación del órgano superior de la Justicia, y aquí no pasa nada. En realidad, esto mismo es lo que se hacía en tiempos de Franco, algo natural, porque el sátrapa era antidemócrata.

1942: Franco crea las Cortes, farsa sin poder alguno

En ningún sitio se dice que acatar la ley es tener en cuenta solo una de sus partes. La ley, o se obedece y cumple en su “todo”, o se desobedece su totalidad. Lo que estamos viendo en el Partido Popular, al que no le interesa cumplir con la Ley de renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial, pues cuenta con la mayoría aplastante de jueces de su cuerda (el juez tiene su ideología, y los más son de derechas), obtenida cuando dicho partido con Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, si hoy cumple con la ley que dispone la renovación de cargos alcanzados los cinco años de vigencia, se quedará en minoría por la misma razón. El PP es un hervidero de casos judiciales pendientes, junto a los sucios asuntos del Emérito (recién ha reaparecido su romance con Bárbara Rey y el pago millonario a ésta por tres grandes empresas españolas para su silencio), lo que es el motivo de no querer colaborar con la renovación del CGPJ.

Lo tremendo es que esta gamberrada pepera la secunde el “presidente” de ese alto Consejo del Poder Judicial, no dimitiendo de su cargo asumiendo su responsabilidad, que no es poca, para quien su oficio es aplicar la Ley, y  su preceptivo cumplimiento. Así es la impresentable provisionalidad o caducidad de sus funciones. Y Casado, obstaculizando tramposamente la preceptiva renovación. Se exige, pues, al Tribunal Supremo que no ponga la Justicia al servicio de ninguna formación política, caso del Partido Popular, respetando su independencia según manda la Ley constitucional que la contempla. No hacerlo es violentar la Ley (la ley está para cumplirla siempre) y convierte en cómplice necesario al magistrado Carlos Lesmes.  

Aquí, en este país del “milagro” y la “maravilla” se respeta y acata la Ley cuando a los poderes les conviene que así sea, igualmente los términos y el mandato de la misma. Cuando no, porque sencillamente se ven perjudicados por ella, la incumplen y santas pascuas aleluya. Lo gravísimo, repito, es que este desaire a la Ley también lo hagan altos magistrados de la Judicatura y no se les caiga la cara de vergüenza. Por otra parte, el no respeto a las leyes, hay quien lo llama libertad.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Erasmo Quintana