La Asamblea Nacional del Ecuador aprobaba recientemente por una mayoría abrumadora de todos los grupos políticos (Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano, Pachakutik, Izquierda Democrática, Bancada Acuerdo Nacional e independientes) la Ley de tenencia y porte de armas en Ecuador. Tan solo cuatro asambleístas se abstuvieron en la votación, tres del bloque Pachakutik y una ex-integrante del grupo anteriormente mencionado. Mientras que los dieciséis representantes populares restantes simplemente no asistieron a esa sesión plenaria.

Un tercer posicionamiento viene dado por una serie de declaraciones institucionales de rechazo, que catalogamos de estéticas, estáticas, mediáticas y meramente testimoniales, sustentadas en principios generalistas, por parte de los órganos rectores de los centros universitarios del país ante esa aprobación, que nos genera dos efectos contradictorios: Uno positivo, en el sentido de que somos firmes partidarios del papel fundamental que debe jugar las universidades, como centros de apoyo, asesoramiento y compromiso social en la toma de decición y acción ante los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos que marcan las pautas de destino del país. Y otro negativo, por el escaso protagonismo y aporte que hasta el momento ha evidenciado la universidad ecuatoriana, caracterizada por la desidia, la endogamia, enclaustrada en su propia torre de marfil y que vive de espalda a la sociedad y al mundo político en asuntos de interés general e incluso en temáticas propias y esenciales, cuyas afectaciones podrían traer cambios significativos en su propia estructura interna de poder y un retroceso en los derechos sociales adquiridos, como ha sido el reciente intento frustrado, por ahora, de reformar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y que ha puesto de relieve una inexplicable inanición e impasividad desde las universidades con una respuesta tibia y excesivamente tardía, concretada exclusivamente en meras declaraciones de rechazo.

En síntesis, la combinación de esos tres componentes enunciados, hablan por sí solos, y nos lleva a plantear una conclusión general: la desarticulación sangrante de la sociedad ecuatoriana actual, como consecuencia, entre otros elementos, de estrategias grupales y acciones mediáticas dirigidas a levantar densas tormentas de humo, que desvían la atención ciudadana sobre los principales problemas reales de la situación nacional que, a nuestro juicio, se encuentra en una encrucijada dramática y sin salida.

Desde esa perspectiva -probablemente equivocada por nuestra parte- consideramos que el tema central no es la nueva regulación de tenencia y porte de armas recientemente aprobada -que, desde luego, es un asunto crucial, que puede incrementar aún más los altos índices de conflictividad e inseguridad ciudadana en un territorio dominado por el narcotráfico- sino que es una consecuencia y repercusión complementaria de la situación caótica que vive Ecuador en estos momentos.