Estos son los pasos dados en España para frenar un 'tamayazo' como el que alienta el PP - por Raúl Bocanegra
Estos son los pasos dados en España para frenar un 'tamayazo' como el que alienta el PP - por Raúl Bocanegra
PÚBLICO
Un pacto antitransfuguismo, firmado entre los partidos mayoritarios, regula la cuestión desde un punto de vista ético.
La rebelión que alienta el PP en los diputados del PSOE para que rompan con su partido y voten a favor de la investidura de Alberto Nuñez Feijóo trae al recuerdo el tamayazo, que acabó (después de un proceso electoral) por hacer a Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2003.
Entonces, dos parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, tumbaron las expectativas de Gobierno del PSOE -dirigido por Rafael Simancas- e IU, que habían llegado a un pacto de legislatura.
La jugada, aquel fraude, le salió paradójicamente rentable a la derecha, que ganó las siguientes elecciones, convocadas inmediatamente. Desde entonces, el PP ha gobernado ininterrumpidamente la Comunidad de Madrid.
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El 'tamayazo' le salió paradójicamente rentable al PP
¿Qué mecanismos existen en la legislación para frenar hoy una cosa así, para evitar que se repita un escándalo como aquel? Existe un pacto llamado por la estabilidad institucional, firmado –en 1998 en su primera versión y renovado en noviembre de 2020– por los partidos mayoritarios, entre ellos por el PP, aunque este partido lo impugnó en 2021 tras la moción fallida del PSOE en Murcia, que señala que el transfuguismo es una "forma de corrupción".
En su adenda III recoge esta definición: "A los efectos del presente acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".
Dicho de otra manera, si un parlamentario del PSOE votara a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sería considerado automáticamente un tránsfuga, según esta concepción, puesto que quebraría el "criterio" del partido, que es votar que no a la investidura del presidente del PP.
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Pero ¿qué consecuencias tendría para él hacerlo? La respuesta es que, si lo hace exclusivamente por razones de conciencia, sin que medie un soborno, un chantaje o unas coacciones -en cuyo caso entraría el caso en un juzgado de lo penal-, sería probablemente expulsado de su partido y del grupo parlamentario. Y poco más se puede hacer, según analiza el jurista Joaquín Urías.
Si lo hace por razones de conciencia, sin que medie un soborno, sería expulsado de su partido y del grupo parlamentario
"Si hubiera un tamayazo la semana que viene, no habría medidas que tomar contra esas personas. Se les podría expulsar del grupo socialista y del PSOE y pasarían al grupo mixto en el Congreso. Pero no hay otro castigo adicional ni lo hay en la ley. En el ámbito local, sí, en el del Congreso, no porque cada diputado representa a todo el país. No hay mandato imperativo. Cada diputado puede hacer lo que quiera. La Constitución, de hecho, prohíbe que se vaya con un mandato previo al Parlamento. Ahí no se puede hacer absolutamente nada", afirma Urías a Público.
El Constitucional
El valor del pacto antitransfuguismo es, así, de corte ético, moral, pero no tiene un componente legal para los diputados en el Congreso, como lo tiene en los ayuntamientos –y también, en su espíritu, en algunos reglamentos de parlamentos de Comunidades Autónomas–, que decretan sanciones y restricciones para traidores.
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El propio texto del acuerdo de 2020 reconoce las dificultades para prevenirlo en el Congreso porque el Tribunal Constitucional fija cada vez que tiene ocasión que el acta es del diputado y no del partido por el que se ha presentado a las elecciones, como ha sucedido de nuevo –con algunos matices– en el caso de la expulsión, declarada inconstitucional, de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía.
De este modo lo recoge el propio pacto antitransfuguismo: "Ha sido doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la imposibilidad de remover de su cargo representativo a aquellos representantes institucionales cuya representación ha sido conferida directamente por el Cuerpo Electoral, aun cuando han abandonado o han sido expulsados del partido político que los presentó. Con otras palabras, quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser separado de la titularidad otorgada por el pueblo".
El reglamento del Congreso recoge en su artículo 22 las causas por las que un diputado puede perder su condición. Son cuatro: decisión judicial firme; fallecimiento o incapacitación del diputado; extinción del mandato y renuncia ante la Mesa.
El reglamento del Congreso recoge en su artículo 22 las causas por las que un diputado puede perder su condición
En todo caso, independientemente de las consideraciones de tenor jurídico, las declaraciones de diferentes dirigentes del PP, como las del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en las que convoca a diputados del PSOE a romper con la disciplina de partido a su favor, suponen una clara y evidente llamada al transfuguismo, tal y como está definido en el último pacto.
En el acuerdo de 2020 el PP firmó que era necesario combatir el transfuguismo "en todas las esferas institucionales, ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas". Hoy, tras impugnarlo en 2021, sus dirigentes llaman con cierto desahogo a diputados del PSOE a votar a favor de su líder.
* Gracias a Raúl Bocanegra, a PÚBLICO y a la colaboración de Antonio Aguado
