LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS DE CANARIAS  en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

La ONU, en 2011, declaró el 15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objetivo de prestar atención al nivel de bienestar que tienen las personas mayores y eliminar las situaciones de abandono, desamparo, abuso o maltrato que puedan sufrir.

El maltrato se da en nuestro propio entorno familiar, en las residencias, en nuestro barrio, pueblo o ciudad, siempre en relaciones de poder. Quien maltrata ejerce su poder sobre quién es maltratado, siguiendo los modelos de una sociedad estructurada según paradigmas de poder y sometimiento.

El maltrato no se sufre exclusivamente por las personas mayores, también se ejerce contra las mujeres o contra las infancias, o entre quienes se consideran “norma” y quienes son “excluidos de la norma”. Sin embargo, es necesario visibilizar y diferenciar cada uno de ellos porque suelen tener causas distintas, aunque en muchos casos confluye la condición de género, de clase, de etnia o de identidades u orientaciones sexuales.

El edadismo juega un papel fundamental. Se discrimina por envejecer, debido a la consideración social de que la persona que no trabaja por un salario constituye una fuente de gastos y no de ingresos. Nuestra sociedad tiende a dejar fuera a toda persona que no se considera “útil”, se desvalora o anula su opinión y deseos, se les va excluyendo y marginando de toda actividad social con el agravante de considerar que con poco pueden subsistir.

El maltrato o el abuso suele pasar inadvertido, oculto y ocultado. Inadvertido porque la situación de la persona maltratada “se normaliza” socialmente; oculto porque no se denuncia, da vergüenza ser objeto del maltrato o se tiene miedo a las represalias como consecuencias de la denuncia; y ocultado porque cuando puede ser conocido públicamente, dejando de ser un asunto “privado”, se trata de aparentar sorpresa o de mitigar sus consecuencias, cuando no se impone el silencio. Quizás los casos más terribles son la de quienes han perdido las capacidades mentales o físicas y se encuentran en vulnerabilidad extrema.

En la mayoría de quienes sufren el maltrato se consideran una carga, sienten culpa por ello y no quieren causar problemas a quienes se supone les cuidan, por supuesto sin identificar a esas personas como sus maltratadores. Tampoco encuentran los cauces para denunciar.

Desde organismos institucionalizados se hace referencia a los maltratos físicos (golpes, empujones, patadas, uso inadecuado o restricciones del uso de medicamentos…), maltratos psicológicos o afectivos (insultos, amenazas, humillaciones, control de los actos, encierro y aislamiento…), maltrato sexual (relaciones sexuales sin consentimiento…), expolio económico ( mal uso o robo de dinero o de bienes de la persona, control de sus pensiones…), desatención o abandono (privación de alimentos, vivienda o atención médica…), etc.; con la circunstancia de que los responsables suelen ser personas o grupos del entorno, familiares de la persona maltratada o trabajadores sanitarios o de cuidados en centros y establecimientos institucionales como las residencias o las clínicas de atención crónica.

Hay palabras que van ligadas con el maltrato o con quienes maltratan. Se habla siempre de individuos que reúnen unas características como el consumo de drogas o de alcohol, niveles elevados de estrés, falta de apoyo social, dependencia afectiva o económica de la persona mayor, falta de formación en atención a las personas mayores, o depresión. Se individualiza y se oculta la responsabilidad social. Nunca citamos el aspecto educativo: ¿se nos educa para cuidar, para ser cuidados? Afirmamos que no, denunciamos que la educación y la cultura promueven el edadismo y la individualización, donde “lo viejo” es sinónimo de inservible, irrelevante, una carga para el resto de la sociedad. Por eso nuestra sociedad no se prepara para el futuro, sino para el día a día y ya veremos. Frente a poner los cuidados en el centro, base de toda sociedad que se precie y se base en lo comunitario, se fomenta la individualización, la competencia entre unos y otros, la explotación de unos sobre otros, la discriminación de unos sobre otras.

Pero también existe un maltrato institucional, cuando desde ellas promueven y permiten el maltrato económico de la existencia de pensiones bajo el umbral de la pobreza que obligan a sus perceptoras y perceptores a vivir en condiciones poco dignas, en viviendas insalubres y sin recursos para cubrir las necesidades esenciales. Hay maltrato institucional cuando no se dan soluciones al mal funcionamiento de la Ley de Dependencia, a la falta de una adecuada atención sanitaria, a la escasez de residencias públicas y su sustitución por residencias privadas, muchas veces más preocupadas por el negocio que por atender las necesidades de las personas que acogen. Las instituciones son quienes deben velar por garantizar vidas dignas a lo largo de toda nuestra existencia y no pueden contribuir a que las personas mayores se conviertan en más vulnerables. Deben promover una sociedad sin violencias, igualitarias en derechos, y eso se hace a través de los medios de los que dispone, como el sistema educativo, las leyes y los recursos para que se cumplan las leyes. Recursos como el sanitario o los servicios sociales asequibles y, por tanto, universales, es decir, públicos.

Existe una responsabilidad política por no prestar la suficiente atención a este problema, por no establecer los mecanismos para facilitar las denuncias, no elaborar un censo con las necesidades y realidades de las personas mayores, a partir de los propios ayuntamientos, ni desarrollar el control necesario a los gestores de centros residenciales o similares. Son muy pocos los estudios que se dedican para averiguar la realidad, casi ningún recurso al control o vigilancia en los centros de mayores, a pesar de saber que existen las agresiones físicas o psicológicas, como se han denunciado en muchas ocasiones.

Las consecuencias de los malos tratos son devastadoras. Las secuelas físicas como lesiones, incapacidades o agravamiento de enfermedades, o las psicológicas como ansiedad, soledad o pérdida de la dignidad, la confianza y la esperanza, hacen que los últimos años de vida se quieran y deseen acortar por parte de quienes sufren el maltrato.

Por eso, hay que plantear alternativa a los malos tratos. Y no es otra que la conquista de derechos junto a una educación social que transforme el ideario cultural que erradique la marginación por edad o por cualquier otra circunstancia. Defendemos los derechos humanos y entre ellos el de tener pensiones suficientes y servicios y recursos públicos, a tener independencia económica como garantía de vida.

Nuestra lucha permanece por la subida de las pensiones mínimas y no contributivas hasta llegar a superar el umbral de la pobreza. Y eso significa asimilarlas al Salario Mínimo Interprofesional de forma inmediata, que actualmente está en 1080€, hasta llegar a que ambos se sitúen en el 60% del salario medio del país, tal como recomienda la Carta Social Europea. Hoy en Canarias más del 60% de las pensiones están por debajo de esas exigencias. No es tolerable.

Por eso exigimos al Gobierno Autónomo, a los Cabildos y Ayuntamientos entrantes, al igual que lo hicimos a los anteriores que se implemente de forma inmediata el complemento autonómico para las pensiones no contributivas, recogido en la Ley de renta ciudadana, en 14 mensualidades. Y que de inmediato se reforme dicha Ley para que se pueda aplicar a las pensiones contributivas que estén por debajo del umbral de pobreza. Hacemos extensible esta petición a Cabildos y Ayuntamientos para que establezcan complementos similares.

Exigimos tener servicios públicos esenciales para nuestras vidas, como un buen sistema sanitario o de dependencia que erradiquen las listas de espera, con cuantías suficientes de las ayudas. Es necesario más presupuesto para recursos públicos, más personal con buenas condiciones laborales y mejoras de colaboración con los ayuntamientos.

Es prioritario superar el déficit de plazas de residencias que supera con creces las 8 000, pero con un cambio de modelo. Queremos residencias para vivir, no para morir. Las residencias privadas no pueden seguir detrayendo el dinero público para ellos. Son caras y el control de su funcionamiento sigue siendo insuficiente.

Somos unas generaciones de mujeres y hombres que hemos contribuido a construir la sociedad actual y aún servimos de apoyo para hij@s y niet@s, queremos vivir una vida activa y satisfactoria y sobre todo saber que recibiremos la protección necesaria cuando seamos vulnerables y dependientes.