Espacioindependiente nº 552, jueves 21 de marzo, 2024

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Conflicto político entre el Congreso y el Senado La guerra y los recortes abren las puertas al fascismo

ESPACIO INDEPENDIENTE

Un enfrentamiento institucional sin precedentes se ha desatado entre las cámaras de representación de las Cortes Generales que constituyen el Congreso y el Senado. 

El sistema político español, establecido por los consensos del régimen del 78, no es ajeno a la crisis política. La arquitectura de las Cortes españolas establece una representación condicionada por una ley electoral, que comienza por negar el principio universal de una persona un voto. Una representación deformada, que no es soberana, que no puede tomar decisiones de acuerdo con la voluntad popular y, por el contrario, está obligada a mantener los consensos pactados a la muerte del dictador, reflejados en la Ley de leyes que es la Constitución. El Tribunal Constitucional viene a exigir la sumisión a ese cuadro político e institucional, a las leyes de consenso que nos bloquean y someten a la corrupción sistémica. El Congreso se basa en una proporcionalidad representativa deformada en perjuicio de las provincias más pobladas; mientras que el Senado, establecido como “Cámara de representación territorial”, se basa en la elección de cuatro senadores en cada provincia con independencia de la población que dice representar. Iguala en representantes a la población de Madrid, con más de siete millones de habitantes, con la de Soria con 88.600 personas, con el correctivo de un senador más por comunidad autónoma, y otros más por cada millón de habitantes.

Acaba de abrirse un nuevo conflicto institucional, provocado por la negativa del PP a la aprobación de la Ley de Amnistía, destinada a quienes fueron incriminados por participar en el proceso catalán y el referéndum del 1 de Octubre. El partido heredero de la dictadura franquista -y personalmente de los ministros del dictador encabezados por Fraga Iribarne- ha planteado un conflicto entre el Congreso y el Senado, que tendrá que resolverse mediante una Comisión Mixta compuesta por igual número de diputados y senadores. De no llegar a acuerdo, decidirá el Congreso; decisión que se podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional, que será la última instancia.

El PP alega que la Ley de Amnistía es inconstitucional, en cuanto que la medida de gracia no está recogida expresamente en el texto constitucional, calificándola de “reforma encubierta de la Constitución”. Considera que se usurpan las competencias del Senado. Esto asegura la prolongación durante los próximos meses de un conflicto entre las principales instituciones del régimen. A dicha crisis se une la que conlleva la multiplicación de comisiones de investigación sobre los múltiples casos de corrupción que han emergido en las últimas semanas, y que afectan a gobierno y oposición, a los partidos fundamentales que sostienen el consenso monárquico.

De otra parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, representante de la Casa de Borbón en el gobierno de Sánchez, agita abiertamente con la necesidad de la guerra en Europa, acusando a la Federación Rusa de que representa una “amenaza total y absoluta”, repitiendo de esta forma el argumentario de guerra de los EE UU y la OTAN.

La guerra, la política de guerra imperialista, condiciona todas las decisiones y medidas de los gobiernos. Los gobiernos involucrados en la política de guerra se niegan, de una u otra manera, al establecimiento de un alto el fuego inmediato. A ello se une la agravación de la especulación y miseria que sufren sectores obreros y populares bajo las condiciones de militarización y guerra; como es el caso ahora de los refugiados palestinos. Según el director del Programa de Alimentos de la ONU, existe una “perspectiva real de hambruna, con más de 500.000 personas en peligro, si se permite que la amenaza se materialice”. Las tropas israelíes aprovechan el momento en el que llegan algunos camiones con alimentos a una población hambrienta para abrir fuego de forma indiscriminada, la conocida como “Masacre de la Harina”. 

La responsabilidad de EEUU en las masacres de Palestina y Ucrania repercutirá de forma muy negativa en el voto demócrata en las elecciones presidenciales. De ahí el anuncio a bombo y platillo de la construcción de un “muelle temporal” en el sur de Gaza para canalizar la ayuda humanitaria. La cuestión del muelle y su funcionalidad radica en quién podrá distribuir estos alimentos, cuando las asociaciones destinadas a ello han sido en buena medida liquidadas, como es el caso de UNRWA; cuando sus trabajadores son especialmente perseguidos y detenidos por las fuerzas israelíes, acusados de colaborar con la resistencia palestina. Muchos millones de personas siguen atentamente el curso de los acontecimientos palestinos y la hambruna impuesta a un millón y medio de civiles refugiados, hacinados en la frontera con Egipto, contenidos por los ejércitos de Israel y de Egipto.

La forma en la que se desarrolla la crisis del imperio norteamericano aboca también a un grave conflicto interno. Donald Trump se aprovecha de las políticas de guerra y austeridad de Biden, que le abre de par en par las puertas del poder. Por ello vitoreaba recientemente a los asaltantes fascistas del Capitolio en 2021, asegurando “un baño de sangre si no vuelve a la Casa Blanca en noviembre”. En esa misma intervención, realizada en Dayton (Ohio), amenazó a los inmigrantes que llegan por oleadas con hambre a cuestas a las fronteras norteamericanas, para decir lo mismo que los sionistas dicen de los palestinos, a saber: que no son personas, “que son animales”. Burdo argumento con el que pretenden justificar los crímenes imperialistas.

Lo cierto es que el bipartidismo norteamericano -de republicanos y demócratas- es parte de la misma política imperialista. Biden culpa a Trump de bloquear una partida de su financiación de la guerra en Ucrania (60.000 millones más), y lo acusa de ser un aliado de Putin, abriéndole con dicha política las puertas de la Casa Blanca.        

La barbarie imperialista, producto de las contradicciones del sistema capitalista mundial, es una realidad innegable, que se propone la destrucción de sectores de la humanidad por un nuevo reparto del mundo. Crímenes contra la humanidad de los que se acusó a los nazis y fascistas después de la Segunda Guerra Mundial, y que no son sino el método de los amos del mundo, señores de la guerra, que empujan hacia la Tercera Guerra Mundial. Por ello, la lucha contra la guerra, contra el imperialismo y sus políticas de desigualdad y miseria, forman parte de una misma ecuación, que no es otra que la de la lucha de los trabajadores y pueblos del mundo por sus reivindicaciones y aspiraciones sociales y políticas. 

La lucha contra la guerra es inseparable de la demanda política de la soberanía de los pueblos contra todo tipo de injerencias económicas, políticas y militares. En el caso español, es un país de países triplemente sometido: al dictado de los EEUU y sus bases, a las exigencias de la OTAN de más gastos militares y más guerras; y bajo las políticas de la llamada Unión Europea, que no es otra cosa que la división y enfrentamiento de los pueblos de Europa. 

Es evidente que, en esta situación, la lucha por la República en España no puede dejar de partir de la crisis política, de los hechos de la lucha de clases. Y en tanto que nuestras condiciones de vida y trabajo, y nuestra existencia misma, están al borde del colapso, con una  amenaza “total y absoluta” de guerra -como declaró la ministra Margarita Robles-, no podemos dejar de señalar que la demanda democrática y republicana, por una  Asamblea Constituyente destinada a convertir en ley la voluntad mayoritaria, debe partir en estas circunstancias reales de la lucha contra la guerra imperialista, de la movilización social contra la especulación económica, los recortes sociales y la privatización de servicios públicos. Cerrar las puertas al fascismo supone romper toda complicidad con las políticas de guerra imperialista y especulación.