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17:27h. Domingo, 18 de agosto de 2019

El Establishment. La casta al desnudo. (Owen Jones) Extrae y comenta Federico Aguilera Klink

 

el establishment owen jones

El profesor Federico Aguilera Klink ha seleccionado unos párrafos del libro El Establishment. La casta al desnudo. Editorial Seix Barral, de Owen Jones y los acompaña de un breve comentario

EL ESTABLISHMENT

El Establishment. La casta al desnudo. Editorial Seix Barral

Owen Jones

(Extractos de los capítulos 5 y 6, realizados por Federico Aguilera)

 

federico aguilera klinkAcabo de escuchar que ha ganado el Brexit. Es evidente que estamos en una Europa en manos de banqueros y de corporaciones que van contra las personas, no hay nada más que fijarse, entre otras decisiones, en lo que le han hecho a Grecia, en el papel del Banco Central Europeo y en cómo financia a estos bancos para que saqueen a placer a los gobiernos a los que compra deuda pública a intereses muy elevados para que paguen la deuda contraída (impuesta) para salvar a los mismos bancos.

Tampoco podemos olvidar que esta Europa, apoyada en sus formas antidemocráticas y en sus objetivos antisociales por el PP, el PSOE, Ciudadanos y los ‘nacionalistas’, defiende el TTIP y el TISA (para profundizar todavía más en el descrédito europeo) sin que se pueda informar, debatir y conocer de manera minimamente democrática por qué los defienden, de nuevo, contra las personas.

Por eso es importante leer el libro escrito por Owen Jones, “El Establishment. La casta al desnudo”, ya que muestra que en Inglaterra se practica el mismo tipo de gobierno antisocial que en el conjunto de Europa y que, quizás, populistas conservadores han tratado de vender como un producto de estar en Europa y no de un genuino capitalismo salvaje propiciado por los gobiernos de Cameron y los anteriores gobiernos laboristas.

 

Federico Aguilera Klink

 

OWEN JONES“Y luego está la madre de todos los subsidios: el rescate del gobierno británico a los bancos en 2008. Unas empresas privadas que son las únicas responsables de haberse hundido a sí mismas, además de a una gran parte del mundo, en la ruina económica. Y, ahora, ellas mismas están convencidas de que es el contribuyente quien ha de pagar la cuenta. Y en ninguna parte ha sido esto más acusado que en Gran Bretaña, donde el gobierno ha invertido más de un billón de libras en rescatar a los bancos. El país se ha quedado con un sistema financiero conectado a un respirador artificial abastecido por el Estado: un sistema en el que la empresa privada depende por completo de la Administración.

Así pues, el «mercado libre» que tanto le gusta al Establishment se basa en una fantasía. Se puede afirmar que en Gran Bretaña florece el socialismo, pero es un socialismo solamente para los ricos y las empresas. El Estado está ahí para apoyarlos y para rescatarlos si es necesario. De la mayoría del resto de la población, en cambio, se espera que se salven como puedan: su única experiencia es el capitalismo de fauces ensangrentadas.

No son únicamente los izquierdistas declarados quienes critican ese «socialismo para los ricos» que permea el régimen británico; también hay libertarios derechistas que lo reconocen. Douglas Carswell es un parlamentario conservador inconformista que se define a sí mismo como «libertario». Sentados los dos bajo los arcos de la bóveda de cristal de la Casa Portcullis del Parlamento, me cuenta que él se inspira en los niveladores radicales de la Inglaterra del siglo XVII. «Miro a mi alrededor y pienso en las disputas del siglo XVII: seguimos combatiendo a una élite afectada y arrogante que acumula poder y se dedica a chuparnos la sangre a los demás como una sanguijuela —me dice, hablando con ráfagas enfáticas y entrecortadas—. Y, aunque me duele decirlo, porque soy un thatcherista ferviente, sospecho que muchos de los problemas surgieron en los años ochenta. Gran parte de lo que sucedió entonces fue muy positivo, en el sentido de que hizo progresar el mercado libre, pero muchas de las cosas que creamos entonces, creyendo que iban a constituir un mercado libre, han acabado convirtiéndose prácticamente en lo contrario.» En opinión de Carswell, Gran Bretaña se ha convertido en una «oligarquía», víctima de una forma rampante de «amiguismo corporativo», que representa perfectamente el hecho de que las grandes empresas pueden «malversar partes del presupuesto de defensa a través de un sistema completamente inadecuado de obtención de recursos defensivos».  Para un utópico de derechas como Carswell, esto no es capitalismo, sino más bien «corporativismo»: «Son las grandes empresas juntándose con el gran gobierno para cortarse a sí mismos un trozo enorme del pastel de la  economía».

«Ni aprobamos la evasión legal de impuestos ni la justificamos —asegura Steve Varley, de Ernst & Young—. Lo fundamental es que el Parlamento tiene que legislar lo que él quiera. De forma que el gobierno de turno necesita decidir su estrategia concreta, entre todas las decisiones económicas del momento, y legislar. Y lo único que podemos hacer la gente como nosotros es cumplir con la legislación y asesorar a nuestros clientes.»

Se trata de una frase convincente. Pese a todo, lo que Varley está diciendo es lo siguiente: si  nos ofende la evasión legal de impuestos, entonces es cosa del gobierno cambiar la ley para castigar la práctica. La gente como Ernst & Young se limita a cumplir con la letra de la ley. Lo único que hacen es ofrecerles consejo imparcial a sus clientes, asegurarse de que cumplan con sus obligaciones legales y paguen únicamente la cantidad de impuestos que se les requiere por ley.

Lo que Varley se olvida convenientemente de mencionar es que las empresas como Ernst & Young también contribuyen a elaborar las leyes, y luego se dedican a decir a sus clientes cómo pueden saltárselas. «Hemos visto lo que parecían casos de cazadores furtivos que se convierten en guardias forestales, y luego otra vez en cazadores furtivos —declaró en abril de 2013 la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes —, o sea, una serie de individuos que primero asesoran al gobierno, a continuación se vuelven a sus empresas y aconsejan a sus clientes sobre cómo pueden usar esas leyes para reducir la cantidad de impuestos que pagan.» Se trata de un hallazgo asombroso. Los parlamentarios veteranos de la comisión concluyeron que aquellas firmas contables no se limitaban a ofrecer su experiencia a los gobiernos: los asesoraban en materia de leyes fiscales y luego les decían a sus clientes cómo podían saltarse aquella legislación que ellos mismos habían contribuido a redactar. Un negocio muy lucrativo para las cuatro grandes, que solamente en Gran Bretaña mueve 2.000 millones de libras. Tal como señaló la Comisión de Cuentas Públicas, el Departamento de Ingresos y Aranceles no puede ni siquiera plantearse competir con las empresas de  Contabilidad, lo cual quiere decir que se ven obligados a depender de su asesoramiento. Las empresas, por ejemplo, pueden jactarse de tener cuatro veces más empleados que Ingresos y Aranceles en el terreno de los «precios de transferencia», un eufemismo que se usa en contabilidad para referirse a la transferencia de beneficios tributables a sitios con impuestos más bajos.

Cuando la comisión parlamentaria los interrogó, los representantes de KPMG también «admitieron que tal vez existiera la percepción de que la gran empresa, por medio de sus relaciones con las grandes firmas de la contabilidad, tenía un acceso privilegiado al diseño y a la implantación de las políticas fiscales que la pequeña empresa no tenía». Más claro, el agua.

Muchos de los más altos cargos fiscales sienten una afinidad ideológica instintiva con los defraudadores. En septiembre de 2013, David Heaton, que poco después pasaría a ser asesor del Departamento de Aranceles frente a la evasión agresiva de impuestos, fue filmado en secreto por la BBC en una conferencia titulada «101 ideas para la planificación personal». En su charla, David Heaton dio una serie de sugrencias para que el dinero de los asistentes no acabara «en los guantes mugrientos de Hacienda». Una idea que presentó era elegir el momento de cobrar bonificaciones para aumentar la devolución por maternidad, rebajando la tributación del 41,8 por ciento al 8,4 por ciento. Heaton se vio inevitablemente obligado a dimitir cuando sus comentarios llegaron al gran público, pero su conducta resultó muy reveladora de cómo se comportaban los altos cargos que supuestamente se encargaban de maximizar los ingresos fiscales.

Esta relación entre empresas que sirven a los intereses de la élite adinerada y las autoridades fiscales es un importante ejemplo del poder político que tiene la gran empresa. Demuestra cómo la implicación cada vez mayor de los intereses privados en el centro mismo de la maquinaria estatal contribuye a alterar el equilibrio de poder y de riqueza todavía más en beneficio de quienes están en lo más alto. En la práctica, las grandes empresas y los individuos ricos tienen cabilderos en el corazón del Estado británico que ayudan a elaborar las leyes en su nombre y después los asesoran para que puedan explotar los vacíos legales que ellos mismos han creado. Los altos funcionarios del gobierno y de la autoridad fiscal terminan muchas veces en nómina de las cuatro grandes empresas de contabilidad, que se nutren de su experiencia en el poder para ayudar a las empresas a manipular la ley. Los gigantes corporativos intimidan y arengan a los funcionarios hasta que consiguen pagar menos impuestos. La ironía es que el Departamento de Aranceles termina siendo cómplice de quitarse ingresos a sí mismo: en 2013, por ejemplo, el ministro de Economía anunció un recorte inminente del 5 por ciento en el presupuesto del propio departamento. Se trata de cifras completamente falsas. Un estudio del bufete de abogados Pinset Masons descubrió que el Departamento de Aranceles «recuperó el año pasado 97 libras adicionales por cada libra que invirtió en personal nuevo para su servicio de cobro a las grandes empresas».17 Pero los argumentos que usan en su defensa las cuatro grandes —dicen que ellos son simples observadores neutrales de la ley— son una gran mentira.

También está el caso de Amazon.co.uk. Se trata de una empresa británica: basta con ver el nombre. Tiene el almacén central en Rugeley, en las Midlands Orientales. Allí, sus trabajadores tienen que trabajar largas jornadas sin apenas descansos, cuentan con un tiempo restringido para usar el lavabo y, a menudo, carecen de un horario fijo. A pesar de estar afincada en Reino Unido y de tener un volumen de ventas de 4.200 millones de libras en 2012, en ese año la empresa solamente pagó 2,4 millones de libras en concepto de impuesto de sociedades. La empresa simplemente había desviado sus ventas a través de Luxemburgo para no pagar demasiados impuestos.

Las grandes empresas llevan tiempo usando la amenaza de cerrar el grifo y llevarse los puestos de trabajo a otra parte para chantajear a los gobiernos electos. Pero es pura fanfarronada. De acuerdo con una investigación que realizó Richard Murphy, después de que se amenazara con cambiar la legislación fiscal en 2008 sí que hubo un puñado de multinacionales que se trasladaron a otros países, pero la verdad es que antes de marcharse tampoco estaban pagando muchos impuestos, con lo cual Hacienda apenas perdió dinero. No parece muy probable que las empresas quisieran abandonar Gran Bretaña, uno de los mercados más grandes y lucrativos del mundo, si efectivamente se emprendieran restricciones a la evasión fiscal. A fin de cuentas, el país presenta muchas ventajas: una educación de primera clase, infraestructuras y un sistema legal de lo más eficaz, así como un idioma nacional que resulta ser el lenguaje internacional de los negocios.

La evasión legal de impuestos también machaca a los negocios pequeños y locales. Los propietarios de una humilde cafetería independiente no pueden contratar a un ejército de contables para que saquen partido de las lagunas de la ley, ni tampoco importar los costes de sus filiales extranjeras para deducirlas de los impuestos, ni llevar sus beneficios a paraísos fiscales. Simplemente, les toca pagar los impuestos que les corresponden. Y, al pagarlos, se quedan en una situación de desventaja competitiva  respecto a las multinacionales que sí se aprovechan de la ley.

Otro contraargumento dice lo siguiente: un momento, puede que haya individuos ricos y corporaciones que hacen las mil y una para no pagar impuestos, pero quienes están en lo alto de la sociedad siguen llevando el grueso de la carga de la recaudación nacional de Gran Bretaña. Una cifra que se da a menudo es que el 1 por ciento de las rentas más altas paga un tercio de todo el impuesto de la renta del país. Tal afirmación pasa por alto, de forma conveniente, que sólo una cuarta parte de los ingresos del gobierno viene del impuesto sobre la renta, mientras que gran parte del resto procede de la Seguridad Social y de los impuestos indirectos que paga el conjunto de la población.

Sin embargo, hay más objeciones a esta línea de argumentación. En primer lugar, la enorme riqueza que se está gravando no es sólo el resultado del espíritu emprendedor de los ejecutivos de las corporaciones. En gran medida lo crea el trabajo de la mano de obra, gran parte de la cual cobra unos sueldos que les dificultan tener cualquier clase de comodidades en la vida. También está el trabajo de otras personas, como los maestros que contribuyen a forjar a las nuevas generaciones y quienes desarrollan las nuevas tecnologías de las que dependen las compañías. En segundo lugar, si los directores de empresa están frustrados por la proporción de los ingresos fiscales del país que ellos aportan, lo que tendrían que hacer es pagarse a sí mismos menos beneficios de la empresa y, en cambio, usar ese dinero para subirles el sueldo a los trabajadores. Obviamente, unos trabajadores con salarios más altos contribuirían más al fisco.

Pero el argumento más vergonzoso que se esgrime en defensa de la evasión de impuestos también permite entender muy bien la mentalidad de las grandes empresas. «Yo creo que es un poco peligroso fijarse demasiado en un aspecto concreto de la actividad total de alguien, porque, de la misma forma, sir Philip Green crea una riqueza enorme en Reino Unido gracias a una gestión muy eficiente de una serie de cadenas de tiendas que operan aquí —sugiere Richard Sexton, de PwC—. No sé, puede que tú compres en ellas. Quizá hasta yo también lo haga. Me cuesta acordarme de qué marcas controla y qué marcas no. Pero eso crea trabajo y genera riqueza.»

Este argumento —que los dueños de empresas son, en cierta manera, filántropos de nobles pensamientos por la generosidad con que crean riqueza y trabajos— parece sugerir que la gran empresa es una especie de operación benéfica. Ellos ya aportan mucho a la sociedad, así pues, ¿por qué enfadarse por unos impuestos de nada? Y, sin embargo, las grandes empresas dependen de la generosidad del Estado para todo, desde la infraestructura y el rescate de los bancos hasta los créditos fiscales para los trabajadores de rentas bajas y un sistema educativo que forme a la mano de obra.

Steve Varley se jacta con orgullo de sus proyectos favoritos en Ernst & Young, como, por ejemplo, ayudar a encontrar trabajo a «mujeres de extracción humilde». Pero en pleno desmantelamiento del Estado de bienestar, los albergues para mujeres están rechazando actualmente a diario a 230 mujeres que huyen de los malos tratos domésticos; y esto se debe, en una buena parte, a la evasión de impuestos que facilita la empresa de Varley. Puede que le tranquilicen la conciencia, pero tales actos de generosidad a tan pequeña escala (que sin duda son de buena fe) se quedan en nada ante las consecuencias del fraude fiscal. Se suponía que la era del Estado de bienestar tenía que acabar con un entramado irregular de programas lamentablemente insuficientes y paternalistas para ayudar a los pobres, que dependían casi por completo de la generosidad de los ricos. «La limosna es algo frío, gris y sin amor —dijo Francis Beckett, biógrafo del primer ministro laborista de la posguerra, Clement Attlee—. Si un rico quiere ayudar a los pobres, lo que tiene que hacer es pagar sus impuestos de buen grado, no repartir dinero de forma caprichosa.»

La evasión sistemática de impuestos por parte de los ricos demuestra cuánto poder ejercen las grandes empresas y los multimillonarios sobre los gobiernos democráticamente elegidos, ya sea por medio de su presencia en las altas esferas gubernamentales, ya sea mediante la intimidación pura y dura. Revela también que se espera que el ciudadano medio cumpla con una serie de normas distintas de aquellas que se les aplican a quienes tienen más, dado que éstos ayudan a diseñar y redactar sus propias reglas. También muestra cómo los gobiernos se ven socavados por unas empresas que los despojan de los fondos necesarios para seguir suministrando servicios.

Sin embargo, también ilustra una mentalidad muy arraigada en el Establishment: que no es razonable tener que pagar impuestos a un Estado que ellos creen que es un simple obstáculo molesto de su espíritu emprendedor, en lugar de admitir lo mucho que dependen de la generosidad estatal. Están tan acostumbrados a que los gobiernos sucesivos les entreguen riqueza y poder a manos llenas que hasta el más pequeño cuestionamiento de su posición los lleva al borde de la histeria.

La evasión de impuestos no es más que un síntoma de una tendencia mucho más amplia y espectacular a ayudar a las grandes empresas, que ha ido de la mano del ascenso del Establishment británico. La transferencia de recursos públicos al sector privado; la reducción del impuesto de sociedades; el acceso de cabilderos de las empresas al centro

mismo del poder; la globalización sin trabas; y la derrota del tradicional enemigo sindical: todo ello ha impulsado una profunda sensación de arrogancia y triunfalismo, así como una distribución cada vez más desigual de la riqueza.

Cuando en septiembre de 2013 el líder laborista Ed Miliband anunció un tibio compromiso de imponer —si lo elegían— una congelación temporal de la factura energética, no se trató, ni mucho menos, de una medida marxistaleninista. A fin de cuentas, las encuestas mostraban que la mayoría de los británicos apoyaban la renacionalización abierta de la energía, pero la derecha reaccionó de forma bastante histérica.

«Yendo al grano de la cuestión: ¿la propuesta laborista tocó una fibra sensible? Pues sí», admite Angela Knight, directora ejecutiva de Energy UK. Antes fue parlamentaria por los conservadores y ex secretaria económica de Hacienda. Cuando la victoria aplastante de los laboristas en 1997 la sacó del Parlamento, le ofrecieron varios trabajos de directora no ejecutiva, y luego se convirtió en portavoz de los bancos en calidad de directora ejecutiva de la Asociación de Banca, antes de terminar como directora ejecutiva de Energy UK. Da la impresión de que Knight se hubiera propuesto, deliberadamente, convertirse en portavoz de los mayores villanos de opereta del capitalismo británico. Eso sí, también estaba más que bien situada para ver el efecto que tuvo la propuesta laborista en las empresas energéticas: provocó una «reacción muy fuerte en todas partes, que todavía genera reverberaciones».

. Con el nuevo Establishment, los mismos servicios básicos que antes se suponía que eran un bien público se han malvendido al sector privado: ahora ya no existen para satisfacer las necesidades de la gente, sino para obtener beneficios. En la Gran Bretaña actual, se estima que hay cinco millones de hogares viviendo en la «pobreza energética», una cifra mayor que la de ninguna otra nación de Europa occidental. Asimismo, la organización Fuel Poverty Advisory Group está advirtiendo de que en 2016 la cifra llegará a los nueve millones. Las familias tienen que elegir entre calentar sus casas o dar de comer a sus hijos: de acuerdo con una encuesta de principios de 2013, casi una cuarta parte de los hogares se ha visto empujada a esta miserable situación. Cada invierno, los hogares sin calefacción contribuyen a incluir a más de veinte mil ancianos en las siniestras cifras de lo que se llama el «exceso de muertes invernales». De acuerdo con la organización benéfica y de campaña Age UK, las personas que viven en casas sin calefacción tienen tres veces más números de morir por causas previsibles que quienes sí tienen calefacción; además, cabe añadir que el NHS se ha de gastar 1.360 millones de libras al año en tratar a las víctimas de las viviendas sin calefacción.28

Pero esta crónica de pobreza, desolación y — sí— muerte tiene su contrapartida en un próspero cártel de la energía. En 2012, las seis grandes compañías energéticas cosecharon la asombrosa cifra de 3.700 millones de beneficios, que suponía una subida del 73 por ciento respecto a tres años antes. Más de la mitad de ese dinero terminó en forma de dividendos para los accionistas, mientras que la inversión en energías limpias a gran escala cayó espectacularmente desde los 7.200 millones hasta los 3.000 millones de libras.29 Para las compañías energéticas continúa la bonanza económica, a pesar de que hay millones de personas que apenas pueden pagar unas facturas que no paran de subir. Al igual que otras muchas grandes empresas, las energéticas también defraudan de forma descarada al fisco: nPower, por ejemplo, no pagó impuesto de sociedades entre 2009 y 2011, a pesar de haberse llevado 766 millones de libras de beneficios. Tampoco hay indicios significativos de la existencia de un mercado competitivo. El parlamentario conservador de ideología libertaria Douglas Carswell habla de «contribuyentes a la fuerza que tienen que pagar un sistema de imposición a una serie de empresas corporativistas que se han convertido en apéndices del Estado, que amañan el mercado como les conviene y que usan al Estado para acabar con la competencia».

En su guerra contra Miliband, el cártel de la energía cuenta con amigos poderosos. Tal como dijo el ministro de Energía conservador Michael Fallon en otoño de 2013, Energy UK es «uno de los grupos de presión más fuertes y coherentes que existen».30 Las empresas energéticas tienen agentes de presión en el corazón mismo del poder. En mayo de 2013, Tara Singh —encargada de relaciones públicas de Centrica— se convirtió en asesora personal de David Cameron en materia de energía y cambio climático. Sir Roger Carr, el presidente de Centrica, forma parte del Grupo de Asesoramiento Empresarial de Cameron; antes que él, Sam Laidlaw, el director ejecutivo de Centrica, había participado durante dos años en el mismo grupo. La directora de Estrategias de Gestión de Redes Energéticas del Ministerio de Energía y Cambio Climático es Fiona Navesey, transferida temporalmente de Centrica hasta 2014; el antiguo asesor político del ministerio para el Grupo de Evidencia Científica venía de EDF.31 Durante los diez primeros meses del gobierno Cameron, se produjeron 195 reuniones entre ministros y cabilderos de las seis grandes energéticas; con grupos medioambientales apenas hubo diecisiete.

La única proveedora de energía de propiedad estatal es EDF, que pertenece al gobierno francés. La realidad es que el «capitalismo popular» británico lleva tiempo en franca decadencia. En 1962, más del 50 por ciento de las acciones del mercado de valores de Londres pertenecían a inversores individuales, pero, hoy en día, esa cifra apenas pasa del 10 por ciento. En 2013, el 53,2 por ciento de las acciones de empresas británicas pertenecían a inversores extranjeros.

La velocidad con que las empresas británicas se están vendiendo al extranjero es espectacular. Solamente en 2011, los compradores extranjeros se hicieron con empresas por valor de 33.000 millones de libras. La mayoría de los aeropuertos británicos son propiedad de una constructora española llamada Ferrovial; la antaño emblemática empresa química ICI ahora pertenece a AzkoNobel, en manos holandesas; el popular gigante de las farmacias Boots se vendió en 2007 a la empresa de capital de inversión americana Kohlberg Kravis Roberts y al empresario italiano Stefano Pessina; por su parte, la empresa norteamericana Kraft Food absorbió en 2009 a la chocolatera Cadbury. Hasta las dictaduras extranjeras tienen un buen trozo del pastel: Qatar es uno de los principales inversores de Sainsbury’s, además de ser dueño de los grandes almacenes Harrods, del edificio Shard de Londres, del 20 por ciento del aeropuerto de Heathrow, de una parte de Canary Wharf y de un buen pedazo de la Bolsa de Londres.

Gran Bretaña —y Londres en particular— se ha ido convirtiendo en un patio de juegos para oligarcas extranjeros. Todos los años, las fortunas de las mil figuras más ricas de Gran Bretaña son examinadas por la «Lista de ricos» del Sunday Times. El individuo nacido en Gran Bretaña que estaba más arriba en la lista era el duque de Westminster, en el octavo lugar; en el número uno estaba el oligarca ruso Alisher Usmanov, seguido del ucraniano Leonard Blavatnik. En parte, a estos multimillonarios, que se cuentan entre las personas más ricas que ha habido nunca en el planeta, les atrae Gran Bretaña por su condición de «paraíso fiscal residencial», en palabras del economista estadounidense Tyler Cowen. Y no son únicamente las empresas y los recursos británicos lo que están comprando los multimillonarios extranjeros. Sólo en la primera mitad de 2011, el 60 por ciento de las viviendas recién construidas en el centro de Londres las compraron inversores extranjeros. Los 5.200 millones que se dejaron los inversores extranjeros en 2011 en viviendas en Londres superaban de largo la inversión total del gobierno en el Programa de Vivienda Asequible para toda Inglaterra.33 El actual sistema económico de Gran Bretaña no se puede describir de ninguna manera como «capitalismo popular», que se define por estar dominado por pequeños empresarios, accionistas y propietarios.

No se puede decir que los fracasos del dogma del libre mercado desalienten lo más mínimo al gobierno de David Cameron, que sigue ansioso por terminar lo que empezó el alto thatcherismo. Ni siquiera la Dama de Hierro se atrevió a venderse el Servicio de Correos, y dejó claro que no estaba «preparada para privatizar la cabeza de la reina». Sin embargo, la privatización de Correos a finales de 2013 concordaba con la ideología del Establishment británico: vender todos los recursos públicos para a continuación nacionalizar el riesgo y privatizar los beneficios. Aunque el fondo de pensiones —es decir, la deuda del Servicio de Correos— permaneció en manos públicas, el negocio que generaba beneficios sí que se vendió. Y, sin embargo, la empresa se tasó brutalmente a la baja, lo cual llevó a que se privatizara por cientos de millones de libras por debajo de su valor real, despojando al contribuyente de un montón de ingresos.

Nadie se molestó demasiado en aparentar un capitalismo popular. Para comprar acciones, los inversores necesitaban tener disponible un mínimo de 750 libras. «Resulta decepcionante que se hayan reservado para fondos y especuladores internacionales tantas acciones, que se han quitado a los solicitantes individuales de Reino Unido», se quejaba Malcolm Hurlston, presidente del ESOP Centre, que defiende planes de venta de acciones a los trabajadores.34 Dos tercios de la empresa fueron adquiridos por instituciones de la City; entre los grandes ganadores de la venta se contaron los fondos soberanos de inversión, como, por ejemplo, dictaduras extranjeras como Kuwait. Uno de esos inversores era Lansdowne Partners, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, que ya el primer día que se emitieron en bolsa las acciones del Servicio de Correos ganó 18 millones: entre los altos cargos de Landowsne está Peter Davies, padrino de boda del ministro de Economía.35 Se trataba de una venta ruinosa de una institución que tenía 497 años de antigüedad, y que acabó en manos de especuladores de la City y dictaduras extranjeras, y que iba a pasar a ser gestionada en pos del beneficio y no para satisfacer las necesidades de los clientes, dejando al contribuyente estafado y al mismo tiempo a cargo de costear la deuda. He aquí otra manifestación del «socialismo para ricos» que sigue marcando al actual Establishment.

. A partir de 2003, las rentas netas disponibles de las familias bajaron en todas las regiones de Inglaterra salvo en Londres. A partir de 2004, los sueldos de la mitad más pobre de la sociedad empezaron a estancarse, y los del tercio inferior, a caer.36 Y, sin embargo, al mismo tiempo, las grandes empresas estaban declarando unos beneficios récord. En los tres años posteriores a que el gobierno de coalición subiera al poder, en 2010, los trabajadores británicos experimentaron la peor caída salarial de los veintisiete países europeos: una media del 5,5 por ciento.37 Se trata de una tendencia destructiva. Mientras que los ricos cada vez se dedican más a guardarse el dinero extra en una cuenta bancaria o en un paraíso fiscal, los que menos tienen suelen gastarse hasta la última libra sobrante que les cae en los bolsillos.38 El hundimiento del nivel de vida de los trabajadores, por consiguiente, comporta destruir la demanda en una economía impulsada por el consumo.

Y, sin embargo, al mismo tiempo que caen los salarios de los trabajadores, la riqueza sigue yendo a parar a la élite. De acuerdo con la «Lista de ricos» del Sunday Times de 2014, la fortuna de los mil británicos más ricos se había doblado en solamente cinco años, a pesar de que, para el británico medio, su nivel de vida se había desplomado. En 2010, mientras el gobierno empezaba a imponer recortes, la citada lista informaba de una fuerte subida del 30 por ciento de las fortunas de los mil ciudadanos más ricos. Al año siguiente, subió casi una quinta parte más; y en 2013 se añadieron otros 35.000 millones de libras a los 450.000 millones que tenían entre todos. Ahora la riqueza de los mil británicos más ricos ya era ocho veces mayor, en términos relativos, que cuando la «Lista de ricos» había empezado a publicarse, en 1989.

Otra política que el gobierno Cameron introdujo en octubre de 2012 fue que los trabajadores renunciaran a sus derechos en el lugar de trabajo a cambio de participaciones. Hasta hubo algunas figuras del mundo empresarial que dijeron que eso era ir demasiado lejos. «Era una absoluta chaladura», dice John Longworth, director general de las Cámaras de Comercio Británicas, que echaba la culpa a los «analistas políticos» del equipo del ministro de Economía. La medida se acabó convirtiendo en un práctico plan de fraude fiscal: cuando se vendían aquellas acciones a cambio de un beneficio, las empresas quedaban exoneradas de pagar impuesto a las ganancias de capital.43

Sin embargo, el hecho de que se hayan podido implantar incluso propuestas «chaladas» como ésta da una idea de cómo funciona el Establishment actual. Se da por sentado que la dirección que se debe seguir es que se transfieran todavía más poder y riqueza a las manos de la élite empresarial, da igual que ésta lo pida o no. Gran Bretaña está siendo remodelada constantemente según los intereses de los grandes negocios. A quienes más tienen se les trata como si estuvieran por encima de la ley y pudieran no pagar unos impuestos que los políticos electos deberían exigirles. Siempre que es necesario, los ricos y los poderosos usan su poder colectivo para salirse con la suya, ya sea para obtener más concesiones, ya sea para eliminar obstáculos a su posición.

Esta concentración cada vez mayor de riqueza y poder ha sido posible por una serie de razones. La ideología del Establishment es tan hegemónica y carece hasta tal punto de desafíos que casi se la considera sentido común: una posición por defecto de la que únicamente se podría desviar un excéntrico o un dinosaurio político. Tiene una lógica propia, según la cual bajarles los impuestos a los ricos, privatizar y quitarles derechos a los trabajadores son fines en sí mismos. Los think tanks y las corporaciones mediáticas no paran de generar justificaciones ideológicas de esos fines y de presentar los intereses de la élite empresarial como los mismos que tiene el conjunto del país. Las grandes empresas no sólo ayudan a financiar a los partidos políticos y a los think tanks, sino que, en parte, también se han fusionado con varios sectores de la propia maquinaria estatal. La ausencia de presión compensatoria por parte de movimientos organizados —como los drásticamente debilitados sindicatos— comporta que apenas exista control de la constante transferencia de riqueza y de poder hacia las élites.

A menos que surjan desafíos a la ideología del Establishment y al dominio político de las grandes empresas y de sus escuderos ideológicos, el proceso continuará y, seguramente, se acelerará. La tendencia recibió un nuevo impulso cuando la élite financiera abocó al país al desastre económico. Pero el Establishment británico habló con mucha claridad. Quienes iban a pagar la factura de la crisis eran los trabajadores, no sus causantes. No hay mejor ejemplo de cómo funciona el poder en este país.

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OWEN JONES DIBUJO

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* En La casa de mi tía por gentileza de Federico Aguilera Klink