Marchena acaricia a un gato (con rastas)

Ana Pardo de Vera

PÚBLICO

Últimamente, quienes mantenemos que a esta democracia nuestra le falta un buen recorrido todavía para consolidarse como tal -y que ese camino se encuentra, en buena parte, incrustado en las estructuras del Estado- estamos de enhorabuena, los hechos no hacen más que darnos la razón.

Tenemos a la ultraderecha y sus estrambóticos pasacalles frente a la sede nacional del PSOE, armas incluidas; la confirmación sonrojante de la acción despiadada de las cloacas de Interior durante la etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, capitaneadas por éste y secundadas por medios de comunicación entregados a la causa Villarejo&cía, o la evidente existencia de un lawfare sangrante contra adversarios políticos de ese mismo PP o de su orden autoritario: "O nosotros o el caos", dijo un día de 2015 Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, que ahora sabemos que estuvo metida hasta el cuello en las citadas cloacas por más que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya intentando pulirle el currículo político.

Tenemos, desde este martes también, la constatación de la invasión que el Tribunal Supremo hizo en 2021 de lo más sagrado que tenemos los y las ciudadanas: nuestro voto, la elección democrática de nuestros representantes políticos, que trabajan en el Congreso, sede de la soberanía nacional. 64.000 votantes de las Islas Canarias, por donde concurrió el diputado y exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez han visto, primero, como el magistrado y presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en otro de sus tenebrosos movimientos, presionó al Poder Legislativo hasta la náusea para que su presidenta de entonces, Meritxell Batet, expulsase a Rodríguez de su escaño por una sentencia judicial (muy cuestionada) de unos hechos acontecidos en 2014 durante una protesta en La Laguna.

El Constitucional anula la condena de inhabilitación del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez

En segundo lugar, esos 64.000 canarios/as que votaron a Rodríguez y todas los demás que también votamos a quien sea, asistimos estupefactas en 2021 a la expulsión consumada por parte de Batet del diputado de Unidas Podemos, contra el criterio de los letrados del Congreso, contra el Reglamento del ídem y contra toda lógica democrática. El magistrado emérito José Antonio Martín Pallín lo explicó muy bien entonces en un artículo en CTXT: "La decisión carece de argumentos constitucionales y jurídicos. No se puede entender que la resolución exceda del contenido de la sentencia y vulnere los principios que rigen la autonomía de las Cámaras parlamentarias.  Debió limitarse a acusar recibo en los estrictos términos que contiene el auto de ejecución que, en ningún momento, y así lo entendieron los letrados del Congreso de los diputados y el Ministerio Fiscal, obliga a privar a un diputado de su condición parlamentaria".

La invasión del Supremo en el Legislativo y la claudicación de su presidenta ante aquél es una perversión democrática; lo denunciamos entonces, y lo confirmamos este martes, cuando el Tribunal Constitucional ha declarado anulada la condena a inhabilitación a Alberto Rodríguez y, por tanto, a la expulsión de su escaño. No importa ya, al diputado y a los 64.000 españoles que representaba nadie les devolverá sus derechos; por tanto, Marchena se salió con la suya con la complicidad de Batet y ya no hay quien arregle esto. El magistrado al que un mensaje del portavoz del PP en el Senado, por cierto, exdirector de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó, le abortó la operación presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sigue presidiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Batet ha salido de la política de puntillas. Como en las cloacas por la operación Catalunya o contra Podemos, no hay consecuencias ni asunción de responsabilidades de ningún tipo. Todo fluye en este Estado de agujeros negros, menos la democracia, que marcha herida y a trompicones con una derecha echada al monte de la (ultra)derecha y que se niega a reconocer la legitimidad del Gobierno y a cumplir la Constitución, que bloquea desde hace más de cinco años okupando el CGPJ.

Ni un día sin su información sobre cloacas, ataques judiciales contra decisiones políticas de mayorías soberanas, espionajes ilegales, antiperiodismo ... Ni un día sin volver a contemplar los muchos rostros de las amenazas a la democracia, las viejas y las nuevas. Y aquí no pasa nada.

* Gracias a Ana Pardo de Vera y PÚBLICO y a la colaboración de Antonio Aguado